La Corte Suprema de Chile, fue notificada por la cuarta sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España, que se reabrió la investigación sobre blanqueamientos de dinero de Augusto Pinochet por el Banco de Chile, propiedad de la Familia Luksic.
Lunes 2 de agosto de 2021
Durante la semana, se dio a conocer a través de The New York Times, que la Corte Suprema de Chile, recibió la notificación de la Cuarta Sala de lo Penal sobre la Audiencia Nacional de España, sobre la nueva abertura de la investigación de lavados de dineros de Augusto Pinochet, por parte del Banco de Chile, la cual es controlada por el grupo Luksic.
El principal objetivo de la investigación es dar cuenta si el banco de Chile, prestó ayuda a Pinochet y quienes eran sus socios en ese entonces en el lavado de dinero. Los principales querellantes son la Fundación “Presidente Allende”, fundación Española, así también, dentro de la parte querellante se encuentran, Laura González Vera, quien es viuda de Carmelo Soria, miembro de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el cual fue secuestrado, torturado y asesinado por la DINA, participa también, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos.
La investigación
La investigación se centra principalmente en fondos, los cuales se cree fueron expropiados por Augusto Pinochet y quienes eran sus socios, y luego de esto, fueron transferidos a diferentes cuentas personales que estaban fuera de Chile. Los principales querellantes del caso, han dado cuenta que el principal objetivo detrás de todo esto, era el blanqueamiento de dinero y la evasión de impuestos.
Un estudio solicitado por la Corte Suprema Chilena, dio a conocer que solamente 2 millones de dólares de un total de 21 millones de la fortuna de Pinochet, pueden acreditarse como dinero “limpio”. El Banco de Chile, ha mencionado que en Chile existe la jurisdicción para investigar todas las operaciones que se relacionen con el dictador, pero no está de más recordar que fue el año 2013, donde se dio fin a una investigación sobre blanqueamiento de dinero a Pinochet, lo cual termino sin ningún cargo para Pinochet ni sus socios.
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Los querellantes del caso, mencionaron que esperan que esta investigación finalice de mínima con los resultados que se vieron en Estados Unidos, donde el Banco Riggs, debió pagar una multa de alrededor de 9 millones de dólares, lo cual le permitió al banco Riggs evitar un enjuiciamiento por no haber informado las transacciones, donde estaban presenten transferencias a las cuentas del dictador.
Luego de esto, una investigación realizada por el Senado de EEUU, estableció que dentro de los bancos que ayudaron a Pinochet a acceder al mercado bancarios de EEUU, era el Banco de Chile.
La investigación estaba paralizada de facto desde el año 2010, ya que el Banco de Chile solicitó que la justicia de España declinara su jurisdicción en favor a la de Chile, argumentando de que en Chile se estaban investigando los mismos hechos. Pero, en enero de este año, la Sala Penal de la Audiencia Nacional constata que la prometida investigación en Chile no se produjo, ni se abordaron jamás los hechos concretos denunciados –el blanqueo de capitales y alzamiento de bienes para eludir la fianza impuesta por la justicia española en su día", da cuenta la nota de “ElDiario”.
Es por esta razón que la Sala Penal de la Audiencia Nacional Española, dio la orden para la re apertura de la causa y volver a tomar las investigaciones que quedaron pendientes desde hace más de una década. La Audiencia Nacional Española, remitió el 8 de julio de este año, una comisión rogatoria a las Corte Suprema Chilena, para que se les notificase a los representantes legales del Banco de Chile.
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El representante del Banco, Raúl Antonio Tovalari, entregó un escrito con el objetivo de bloquear la notificación de la Justicia Española, argumentando una vulneración al orden público de Chile, ya que, según este, España no tendría competencia en la causa en cuestión y que fueron los mismos tribunales de Chile que asumieron dicha investigación, a pesar de que ya se dio a conocer de la parálisis de la causa en Chile.
La justicia de España, manifestó que el Banco de Chile, debe tener una reserva de 103 millones para cubrir el posible pago a las víctimas de la dictadura de Pinochet que realizaron esta demanda. En el país Europeo, el Banco de Chile, está siendo representado por la firma de abogados Cautrecasas, la cual es una de las más grandes en dicho país. El abogado Joan Garcés, representante de los querellantes en España, dijo que en el caso que el Banco de Chile se negase a cooperar con la investigación, el próximo paso a seguir, es que el Poder Judicial Español, utilice los acuerdos bilaterales para obligar a que los persecutores de otros países congelen los activos con el Banco.
Por último, y según una declaración escrita que entregó el Banco de Chile a El Desconcierto, volvió a afirmar su posición en relación a las diversas materias que “han sido investigadas por los tribunales chilenos en la causa seguida ante Ministro de Fuero de la I. Corte de Apelaciones de Santiago Rol 1649 del año 2004, tribunales a las que corresponde la competencia y jurisdicción sobre las mismas”. Junto con esto manifestaron que el Banco no se va a referir a la investigación, ya que está radicado ante la jurisdicción de los tribunales de Chile.
