Una fuerte crisis atraviesa la institución de Gendarmería, debido a los sueldos millonarios de funcionarios. Justicia y Policía de Investigaciones, solicitaron los honorarios de 25 funcionarios, entre ellos, la ex esposa del diputado Andrade, Myriam Olate.
Miércoles 20 de julio de 2016
Sueldos millonarios reciben funcionarios de Gendarmería, lo que abrió una fuerte crisis al interior de dicha institución. El caso más “emblemático” tiene relación con Myriam Olate, periodista que trabajó 22 años en la entidad, quien es ex esposa del diputado Osvaldo Andrade (PS). Olate recibía $5.000.000 al mes.
Debido a lo anterior, la fiscal Centro Norte, Tania Sironvalle, solicitó los honorarios, de los últimos tres años, de Olate, mientras que la Policía de Investigaciones (PDI) revisa las liquidaciones de otros 24 funcionarios de Gendarmería.
Además de exigir las planillas de sueldo de los últimos tres años, también se solicitaron los decretos de nombramiento, documentos que acrediten los ascensos y destinaciones, y las evaluaciones que tuvieron durante su carrera.
Esta situación ha generado gran revuelo, principalmente porque no se trata de “casos aislados” o de la institución de Gendarmería en particular- como lo hace ver el gobierno-sino que expresa las desigualdades y abismales diferencias que existen entre las personas “civiles” y quienes son parte de las Fuerzas Armadas y de orden. Esto se traduce tanto en los sueldos, como también en las pensiones millonarias que reciben personas como Olate o uniformados. A esto se debe tanta indignación por parte de la población.
A lo anterior se suman las últimas declaraciones del ex director de Gendarmería, Tulio Arce, quien acusó a autoridades del Ministerio de Justicia de presionarlo para que ascendiera a funcionarios de la institución; afirmaciones que fueron rechazadas por las autoridades de gobierno.
Para poner paños fríos, el ministro vocero de gobierno, Marcelo Díaz, pide que los sectores políticos no se “aprovechen” de esta situación, a la vez que expresa total respaldo hacia la ministra de Justicia, Javiera Blanco, quien ha sido indicada como la responsable de la crisis que atraviesa tanto a Gendarmería como a Sename.
Lo cierto es que ni el Ministerio de Justicia ni la PDI darán salida a un problema estructural que tiene que ver con privilegios de clase y diferencias sociales, pues ambas son entidades que representan los intereses de los políticos del régimen, de empresarios, de integrantes de las Fuerzas Armadas y la policía.
