Tras cinco meses de la irrupción por parte de la Policía Federal en el poblado de Nochixtlán, Oaxaca, quienes resultaron heridos y afectados continúan exigiendo reparación del daño y justicia para los asesinados.
Nancy Cázares @nancynan.cazares
Lunes 28 de noviembre de 2016
Con marco en la política represiva desplegada por el gobierno de Enrique Peña Nieto en contra del magisterio que se oponía a la aplicación de la reforma educativa, elementos de la Policía Federal irrumpieron el pasado 19 de junio en el poblado de Nochixtlán, en Oaxaca. Abrieron fuego indiscriminadamente, dejando tras de sí lo que las cifras oficiales cuentan: 27 detenidos, nueve personas asesinadas (aunque en su momento la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación contabilizó 11) y 155 heridos, 84 de ellos por armas de fuego.
Hoy, a más de cinco meses de este crimen, familiares de los asesinados y los heridos continúan a la espera de que sus demandas de justicia y reparación del daño sean atendidas por las autoridades.
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En un primer momento, la respuesta dada por las instituciones fue de la de crear una comisión de seguimiento para las distintas denuncias que no sólo señalaban a los 574 elementos de la Policía Federal que participaron en el operativo, sino a los mandos que lo autorizaron. La Procuraduría General de la República atrajo el caso y, hasta la fecha, no ha habido ningún procesado por los crímenes de Nochixtlán.
"Estamos peleando contra el monstruo", asegura uno de los pobladores heridos al diario La Jornada, ante la inacción de las autoridades y la completa impunidad que se cierne por encima de decenas de familias rotas. A pesar de que se han avalado por lo menos ocho tipos distintos de violaciones a los derechos humanos cometidos por la Policía Federal, la PGR no ha investigado siquiera, denuncian afectados.
Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, es señalado por las víctimas como el responsable de intentar ofrecerles dinero a cambio de que dejaran de exigir justicia para los caídos, así mismo, en el extremo del cinismo, ha declarado que ninguno de los heridos presenta secuelas.
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Sobre la supuesta indemnización recibida por parte del Estado, las víctimas aseguran que se entregó sólo a algunos y en cantidades insuficientes para cubrir siquiera los gastos médicos.
Mientras tanto, el presidente de la Comisión Especial para el caso Nochixtlán, Omar Ortega Álvarez, anunció que este martes se reunirá con personal de la PGR, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, con la finalidad de analizar avances en las investigaciones. El subprocurador de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, Gilberto Higuera, es el encargado de exponer los trabajos realizados que, al parecer, sólo han consistido en la realización de 450 entrevistas, 216 dictámenes periciales, 32 entrevistas a civiles y 134 informes de instituciones públicas y privadas.
Ante el intento de las autoridades por dar carpetazo al asunto, pobladores y familiares siguen denunciando que en Tlatlaya, Tanhuato, Ayotzinapa y Nochixtlán fue el Estado.
