En las últimas décadas, diversas sentencias y fallos judiciales han favorecido a las élites empresariales, socavando conquistas laborales históricas. ¿Cómo han afectado estas decisiones a la clase trabajadora y qué papel juegan en el actual debate sobre la justicia en México?
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Domingo 8 de septiembre
En los últimos 20 años, el Poder Judicial mexicano ha emitido fallos que han impactado directamente a los trabajadores, favoreciendo, en muchos casos, a los intereses empresariales y gubernamentales por encima de los derechos laborales. Estas decisiones han contribuido a precarizar el empleo, limitar la democratización sindical y perpetuar un sistema de justicia alejado de las necesidades populares.
Caso Luz y Fuerza del Centro: Un golpe judicial a los derechos laborales
En 2009, el gobierno de Felipe Calderón decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro, empresa estatal encargada del suministro eléctrico en el centro del país, afectando a más de 44,000 trabajadores y cerca de 22,000 jubilados. El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) llevó el caso ante el Poder Judicial, argumentando que el decreto violaba sus derechos laborales y sindicales, al no haber seguido los procedimientos legales correspondientes para el despido masivo. Sin embargo, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) fallaron en contra del SME, avalando la decisión gubernamental.
Esta posición del Poder Judicial no solo despojó a miles de trabajadores de sus empleos y prestaciones, sino que también marcó un precedente en el uso de decretos presidenciales para debilitar los derechos laborales en México, beneficiando a las élites políticas y empresariales interesadas en privatizar el sector energético.
Reformas laborales de 2012 y 2019
En 2012, la reforma laboral promovida durante el gobierno de Felipe Calderón introdujo medidas que flexibilizaron las condiciones laborales, permitiendo modalidades como la subcontratación (outsourcing), la contratación a prueba, y el pago por hora. Aunque la reforma fue aprobada por el Legislativo, su implementación y el manejo de conflictos derivados de ella pasaron por instancias judiciales. Estas reformas fueron criticadas por favorecer a los empleadores y precarizar las condiciones de trabajo, ya que facilitaron despidos, redujeron el costo del trabajo y limitaron las posibilidades de los trabajadores para obtener estabilidad laboral.
En 2019, otra reforma laboral aprobada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador incluyó avances en temas de democracia sindical y regulación de la subcontratación. Sin embargo, algunos críticos han señalado que la implementación judicial de la reforma ha sido lenta y ha favorecido, en algunos casos, a empleadores que buscan dilatar o evitar la democratización de los sindicatos.
Outsourcing: Una decisión controvertida
Uno de los casos más emblemáticos fue la legalización del outsourcing y la subcontratación, prácticas que durante años permitieron a las empresas reducir costos laborales a expensas de los derechos de los trabajadores. Aunque finalmente se reguló en 2021, durante décadas el Poder Judicial respaldó decisiones que permitieron su expansión, precarizando millones de empleos al disminuir salarios, eliminar prestaciones y dificultar la organización sindical.
Durante muchos años, el poder judicial mexicano ha emitido fallos que no protegieron eficazmente a los trabajadores subcontratados. Hasta la reciente reforma del outsourcing en 2021, era común que los tribunales fallaran a favor de empresas que utilizaban este esquema para evitar obligaciones laborales. Muchas de estas decisiones fueron criticadas por permitir el abuso y la precarización de los derechos laborales de los trabajadores subcontratados.
Mexicana de Aviación: Justicia para los empresarios, no para los trabajadores
La quiebra de Mexicana de Aviación es un ejemplo importante de cómo las decisiones judiciales pueden impactar a los trabajadores. En 2010, la empresa fue declarada en concurso mercantil, y aunque hubo múltiples intentos de rescate, los trabajadores quedaron en una situación precaria.
Durante años, las decisiones judiciales y administrativas favorecieron la liquidación de la empresa, afectando a más de 8,500 trabajadores directos y a miles más de trabajadores indirectos. Los sindicatos de pilotos y sobrecargos criticaron las decisiones judiciales por considerar que no protegieron suficientemente los derechos laborales de los trabajadores.
El caso de Mexicana de Aviación mostró cómo las decisiones judiciales favorecieron la liquidación de la empresa en lugar de proteger a sus trabajadores. A pesar de las denuncias de corrupción y malos manejos por parte de los directivos, el proceso judicial priorizó los intereses de los acreedores y de las élites financieras, dejando a miles de empleados en la indefensión.
Obstáculos a la democratización sindical
En los últimos años, ha habido diversos fallos judiciales que han frenado el reconocimiento de sindicatos independientes o han invalidado elecciones sindicales en favor de sindicatos corporativos o alineados con las empresas.
Esto ha sucedido en casos como el de los trabajadores de General Motors en Silao, Guanajuato, donde un sindicato independiente intentó organizar a los trabajadores en 2021. A pesar de las pruebas de fraude e intimidación en las elecciones sindicales, las impugnaciones judiciales fueron utilizadas para dilatar el reconocimiento del sindicato independiente, favoreciendo a sindicatos corporativos que han actuado en complicidad con las empresas. Estas decisiones han sido vistas como intentos de frenar la democratización sindical y mantener un control sobre la organización de los trabajadores.
Estos son solo algunos ejemplos de cómo el poder judicial en México ha jugado un papel crucial en la preservación de los intereses de las élites económicas, en detrimento de los derechos y conquistas laborales de la clase trabajadora.
Restricciones al derecho de huelga
A lo largo de los últimos 20-30 años, ha habido numerosos ejemplos en los que los tribunales laborales han declarado ilegales huelgas convocadas por sindicatos, limitando así el derecho de los trabajadores a utilizar esta herramienta de lucha. Ejemplos de esto incluyen huelgas en la industria maquiladora en el norte del país, donde tribunales locales han favorecido a las empresas y han penalizado a los trabajadores.
Un ejemplo significativo de la respuesta del Poder Judicial a las luchas obreras en el norte del país ocurrió en 2019, cuando más de 40 maquiladoras en Matamoros, Tamaulipas, enfrentaron una serie de huelgas masivas impulsadas por los trabajadores que exigían un incremento salarial del 20% y el pago de un bono anual.
Las huelgas, conocidas como el "Movimiento 20/32", se extendieron rápidamente, movilizando a cerca de 40,000 trabajadores que se organizaron fuera del control de los sindicatos tradicionales. Sin embargo, en lugar de atender las demandas legítimas de los huelguistas, varios tribunales laborales emitieron resoluciones que declararon ilegales las huelgas, autorizando despidos y criminalizando la protesta laboral.
Esta reacción judicial evidenció una vez más la tendencia del Poder Judicial mexicano a proteger los intereses empresariales y reprimir las reivindicaciones legítimas de los trabajadores.
Justicia de clase en el debate actual
En el contexto del debate sobre la reforma judicial propuesta por el presidente López Obrador, estas decisiones pasadas nos recuerdan que una justicia que realmente sirva al pueblo requiere un cambio profundo en las estructuras del poder judicial. Los trabajadores tienen ahora la oportunidad de exigir un sistema judicial que defienda sus derechos y no los intereses de unos pocos.
