A cuatro años de presidio menor en su grado máximo, y a otras restricciones, por su participación en el caso Cascadas había sido condenado Aldo Motta Camp, el pasado 13 de enero por el Cuarto Tribunal Oral de Santiago. Este lunes, la Corte Suprema anuló la condena, que sentaba un precedente – aunque mínimo - para la persecución de otro de los implicados principales en el caso, Julio Ponce Lerou.
Insurgente Libertad Egresado de Derecho
Miércoles 17 de abril de 2019
Y es que un gran giro dio esta semana la decisión del máximo tribunal en caso Cascadas, respecto del empresario Aldo Motta Camp, ya que la segunda sala penal, encabezada por el ministro Hugo Dolmestch, dictó que deberá repetirse el juicio que determinó que Motta Camp era culpable de dos operaciones de manipulación del mercado bursátil y de un cargo de abuso de posición dominante en el mercado.
Recordemos que Motta Camp, fue condenado en enero de este año por dichos cargos a la pena de cuatro años de libertad vigilada. A esta, se suman sanciones legales accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y, por un plazo de cuatro años, para ejercer cargos y oficios públicos. Además, se suma una inhabilitación de cinco años para desempeñarse como gerente, director, liquidador o administrador a cualquier título de una sociedad o entidad sometida a fiscalización.
Pero todo esto, por mínimo que suene, quedo en la nada, ya que, por orden de la Corte Suprema, el juicio deberá rehacerse. Esto luego de que el pasado 23 de enero, la defensa de Motta Camp recurriera al máximo órgano jurisdiccional chileno.
¿Qué era el Caso Cascadas?
Es un conflicto empresarial que se desató en el año 2012, entre el accionista mayoritario de Soquimich (SQM), Julio Ponce Lerou (yerno de Pinochet que al día de hoy continua administrando ésta minera en conjunto con el grupo financiero chino Tianqi) y los accionistas minoritarios de la Compañia, entre ellos, las AFP de Chile o Moneda Asset, empresa que inició acciones legales contra Lerou al señalar que los minoritarios se vieron perjudicados por una serie de operaciones de compra y venta de acciones de SQM por parte del controlador.
Luego, en septiembre de 2013, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) formuló por primera vez cargos contra los ejecutivos de la cascada por infracciones a la Ley de Sociedades Anónimas y de Valores. Según la relación de hechos, las Sociedades Cascadas "realizaron una serie de operaciones sociales, tanto de inversión como de financiamiento, que tuvieron por objeto dejar disponibles importantes paquetes de acciones para su remate en el mercado, para luego, recomprar esos títulos a precios mayores a los de su venta inicial".
Esta operación, les significo multimillonarias ganancias, todo a costa de un recurso natural nacional como es el litio. Según datos de la SVS, la utilidad estimada por las operaciones que hicieron las Sociedades Relacionadas al señor Julio Ponce Lerou con las Sociedades Cascada entre 2009 y 2011 asciende, aproximadamente, a UF 3.125.000 (aprox. US$ 128 millones).
Respecto de los otros involucrados, las ganancias estimadas de las Sociedades Vinculadas a Roberto Guzmán Lyon con las Sociedades Cascada, en el mismo período, fueron de UF 3.122.000 (aprox. US$ 128 millones). Las utilidades estimadas de las Sociedades Instrumentales de Leonidas Vial Echeverría fueron de UF 1.761.000 entre 2009 y 2010 (aprox. US$ 72,3 millones) y las utilidades estimadas de las Sociedades Instrumentales de Alberto Le Blanc Matthaei fueron de UF 91.800 en 2011 (aprox. US$ 3,7 millones)".
Respecto a las sanciones, todas fueron de multas (ya que la arista penal, es la que se desarmó ahora con la sentencia de la Corte Suprema, en el caso de Motta). Tras las formulaciones de cargos, realizadas en septiembre de 2013 y la enero de 2014, la SVS recepcionó recibió antecedentes y declaraciones de los diferentes actores del proceso, quedando ocho ejecutivos y una corredora sancionados en 2014 con multas por una cifra cercana a los 164 millones de dólares. Entre ellos, los principales multados fueron Julio Ponce Lerou, con una multa de US$ 70 millones; Aldo Motta con 24 millones de dólares; Roberto Guzmán Lyon con US$ 22 millones y Leonidas Vial con US$ 20 millones. Como vemos, una verdadera burla frente a las ganancias que les implico el fraudulento negocio.
Una justicia a la medida de los empresarios
Con todo, esta decisión de la Corte Suprema trae una notoria implicancia, ya que con anular el procedimiento anterior, deberá hacerse un nuevo juicio oral, en donde el rol tanto de la Corte como de la Fiscalía, claramente se puede ver afectado.
Y eso no es casualidad, ya que como se ha visto en los últimos casos de delitos cometidos por personeros políticos (tanto de la derecha como la concertación como en el caso PENTA o SQM) ciertos fiscales han garantizado la impunidad para los ricos, dejado de investigar cuando más se requiere, llegando al extremo de ni siquiera formalizar cuando las pruebas sobran.
Por ello se hace ultra necesario, avanzar un nuevo sistema de elección de los jueces, donde se acabe el vínculo existente entre la casta judicial y los ricos, logrando democratizar sus procesos eleccionarios y que sean las mismas personas mediante juicios por jurados quienes puedan tener una voz vinculante en los procesos en los que día a día los poderosos de siempre resultan indemnes, con el fin de entrar a cuestionar la casta judicial y el régimen político de conjunto
