Hace casi cinco años los tribunales absolvieron a Martín Larraín por el atropello bajo los efectos del alcohol de un trabajador, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió un pronunciamiento al Gobierno de Chile, a petición de la familia de la víctima.

Juan Andres Vega Estudiante de Derecho de la Universidad de Chile. Militante de Vencer
Martes 10 de septiembre de 2019
Ya son cinco años desde el atropello fatal de Hernán Canales, trabajador del campo en Curanipe, Región del Maule, quien fue arrollado por Martín Larraín Hurtado, empresario e hijo de Carlos Larraín, ex presidente de la derechista Renovación Nacional.
Sin embargo, en diciembre de 2014 la justicia chilena mostró una vez más su carácter de clase: declaró inocente a Larraín en tres instancias, incluso considerando que el responsable declaró haber bebido alcohol previo al atropello, aunque se comprobara que los acompañantes del empresario mintieron en su declaración, y aunque exista una ley que sanciona específicamente el atropello bajo los efectos del alcohol, la justicia resolvió.
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Ante esto, la familia de Canales interpuso un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que le exigiera al Gobierno chileno un pronunciamiento.
Sin embargo, lo que más resalta es que Carlos Larraín aseguró en el programa Mesa Central del canal de Luksic que "los grandes perjudicados por la forma que el Estado manejó el accidente de mi hijo, fue mi familia". Así, con el tono patronal característico de los políticos de la derecha, Larraín trata de quedar como la familia desamparada por el Estado, cuando la realidad es otra: el enorme peso político e influencia del ex senador, junto al desembolso de millones en abogados hicieron que se dejara en libertad a un empresario que atropelló a un trabajador y lo dejó morir en la vía, mostrando el despiadado rostro clasista de la justicia.