Las últimas semanas fuimos testigos de formalización y aplicación de medidas cautelares contra empresarios vinculados al escándalo del caso Penta. La presión popular, la indignación de la calle, la publicaciones de los mails y conversaciones telefónicas, empujó la decisión de la prisión preventiva para 6 de los imputados, eso sí en una cárcel “con privilegios”, con una serie de comodidades, sin ser esposados, y tomando todos lo resguardos para proteger la “salud” de los imputados.
Miércoles 11 de marzo de 2015
Qué contraste el actuar de la justicia cuando se trata de políticos y empresarios, y el trato que se da cuando el o la imputada es mapuche. Cómo olvidar que el hijo del senador Larraín quedó libre luego de atropellar y matar borracho a un humilde trabajador y la indignación con que su madre y hermana denunciaron a la justicia por su clasismo y racismo, por ser pobres.
Porque cuando se trata de pobres, mapuche, luchadores sociales, el actuar de la justicia y la policía es muy distinto. Meses atrás quedamos estupefactos cuando menores de edad mapuche fueron esposados en un tribunal de Collipulli, violando todos los convenios internacionales de protección a la infancia.
También hace pocos meses y sin repercusión mediática, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al estado de Chile por aplicar en forma racista y discriminatoria la justicia contra dirigentes mapuche en los casos Norín, Pichun; Ancalaf, Troncoso, entre otros en el caso Poluco Pidenco que involucraba como querellantes a poderosas empresas forestales.
Héctos Llaitul, dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) fue condenado a 15 años de cárcel teniendo como única prueba la declaración de “testigos sin rostro”, especialmente la declaración de uno de ellos, violando el elemental derecho a la debida defensa.
La semana pasada se inició el juicio contra el joven luchador por la causa mapuche Emilio Berkhoff, quien pasó 1 año y dos meses en prisión preventiva en una cárcel de Lebu, y hoy es juzgado teniendo como única prueba la fiscalía las declaraciones de “testigos de oídas”, es decir ya no los testigos “protegidos” sino los policías que tomaron las declaraciones. Aberrante.
En lo que fue descrito como una verdadera “cacería”, con allanamientos y hostigamientos, fue detenido el 6 de marzo pasado el comunero mapuche Jorge Quiduleo Cayupan en Ercilla, y luego derivado al Centro de Detención Preventiva (CDP) de Angol, donde deberá cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva.
En fin, la lista sería interminable, pero lo que el caso Penta ha dejado en evidencia es que la “justicia” tiene clase. Para empresarios y políticos privilegios, para los y las luchadores sociales, y especialmente en causas contra comuneros mapuche “todo el peso de la ley”.
