Maximiliano Cabaleyro, secretario general del gremio en San Nicolás, y Fernando Espíndola, dirigente del mismo gremio, están detenidos desde el viernes. En un claro ataque al derecho a la protesta, la jueza de Garantías de San Nicolas rechazó el pedido de excarcelación y ambos serán trasladados a la Unidad Penitenciaria N°3. Un peligroso antecedente que busca criminalizar la protesta y los reclamos obreros.
Miércoles 13 de abril de 2022 23:50
Maximiliano Cabaleyro, secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones de San Nicolás-San Pedro, se encuentra detenido desde el viernes pasado. En la misma situación se encuentra Fernando Espíndola, dirigente del mismo gremio. Ambos están acusados de "extorsión y coacción" por bloquear el ingreso a una empresa de San Pedro, durante una protesta que realizaron y que afectó la distribución de la empresa Distribuidora Rey de San Pedro (alimentación), hecho en febrero de este año. Un claro y grave ataque al derecho a la protesta.
Pero este miércoles la Justicia dio un paso más en esta avanzada propatronal, negando el pedido de excarcelación. La jueza de Garantías de San Nicolas rechazó la presentación y los dos dirigentes del gremio de Camioneros serán trasladados a la Unidad Penitenciaria N°3. Cabaleyro, además de secretario general del gremio, es concejal de San Nicolás por el Frente de Todos.
“Estimo que existen en autos sobrados motivos para restringir sus libertades, y mantener en detención a los causantes, a los fines de asegurar el desarrollo del procedimiento y la aplicación de la ley”, asegura el fallo de la jueza Maiztegui. La abogada de la distribuidora de alimentos es Florencia Arietto, que asesoró a Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad y que forma parte de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires.
La decisión del Poder Judicial y la campaña mediática ponen el foco sobre estos dos dirigentes y su relación con Hugo Moyano, pero de fondo expresa un profundo ataque al derecho a la protesta y la criminalización de cualquier reclamo obrero. ¿Qué pasará el día de mañana frente a hechos similares donde otro grupo de trabajadores organizados recurran a métodos de protesta durante un conflicto laboral? El mensaje es claro: lo que se busca es sostener la impunidad de las patronales y actuar en consecuencia, atacando el derecho de los trabajadores a reclamar y a luchar con métodos de acción directa para defender sus intereses.
El empresario Ricardo Rey, dueño de la distribuidora, se hizo conocido cuando se lo vio en un video viral durante la protesta en el que decía: "Me vienen a arruinar esos hijos de puta. Qué mierda se creen, no quiero más esa gente acá. No los quiero más”. Sus deseos parecen órdenes para un Poder Judicial abiertamente proempresario, que no sólo criminaliza el reclamo sino que directamente envía a los dirigentes sindicales a la cárcel.
