La ex alcaldesa fue suspendida de sus funciones tras enfrentar juicio en su contra por Fraude al Fisco y Negociación Incompatible, esto en el marco del denominado caso Main.
Sábado 1ro de agosto de 2020
Tras un par de meses de investigación el veredicto del poder judicial fue la inhabilitación de la nacionalista y ahora ex alcaldesa de Antofagasta. Y es que Karen Rojo, independiente cercana a la UDI, ha sido una figura bastante polémica durante su carrera política, con muchas declaraciones que reflejan su ideología xenófoba y nacionalista, vistiendo de militar, con una actitud odiosa en una región con una gran cantidad de inmigrantes.
El caso por el que fue declarada culpable corresponde a la contratación de una asesoría, empresa Main, por parte de la municipalidad de Antofagasta, cuyo uso terminó siendo para favorecer su impopular y odiosa imagen, y beneficiarla en miras de las futuras candidaturas en el proceso de elección municipal. Desde el día 27 de julio ya no estaba autorizada para ejercer su cargo. Así lo detalló en un comunicado la misma municipalidad “se configuran los requisitos establecidos en la normativa vigente que produce incapacidad laboral de la máxima autoridad comunal”.
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La investigación se dio tras la denuncia de un concejal que previno la situación y denuncio los hechos ilegales e ilegítimos. En esta oportunidad la justicia termino fallando en contra de la acusada, pero no es razón para fiarse y quedarse en la pasividad cayendo en la confianza de las instituciones del Estado, sobre todo el tan cuestionado poder judicial, cuyos altos cargos se eligen a dedo por el presidente, cual rey, pero sin corona.
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Una de las salidas para evitar que quienes utilicen cargos públicos de representación popular estén sujetos a la revocabilidad de dichos cargos, si cometen actos ilegítimos o ilegales deben pasar bajo la autoridad del pueblo, el cual debe decidir si la autoridad o representante continua o no en su puesto. Debe ser también una demanda mínima para el proceso mal llamado constituyente que se abre en un par de meses. Los cargos de representación tienen que ser revocables bajo juicio popular.
