Keiko Fujimori, hija del dictador Alberto Fujimori quien actualmente cumple una condena por 25 años de prisión por los delitos de fraude y corrupción a la administración pública, tales como peculado, usurpación de funciones, falsedad ideológica y la participación mediata en la planificación del homicidio de estudiantes de la Universidad la Cantuta, intenta nuevamente llegar al gobierno con el apoyo de los empresarios.
Carlos Mamani Colaborador de LID Perú
Domingo 11 de abril de 2021
Foto: Revista Caretas
Keiko, al igual que su hermano Kenji y los otros miembros de la familia Fujimori, se enriquecieron a costa del robo directo que realizó su padre con la privatización de las empresas públicas, directiva ordenada por el Fondo Monetario Internacional y que Fujimori aprovechó a conveniencia suya.
La mayor de los hermanos Fujimori y hoy aspirante por tercera vez a la presidencia de la Republica, ha creado una serie de empresas fantasma para seguir lavando ese dinero ilegal del gobierno de su padre. Estas empresas además están vinculadas a otras actividades ilícitas, tales como Alinsa “Almacenes Internacionales S.A.” y Limasa, en donde la Policía Nacional encontró más de 100 kilos de cocaína. [1]
Actualmente es investigada por pertenecer a una organización criminal, que es directamente su partido político Fuerza Popular. Recordemos que este partido recibió 3 millones del grupo empresarial Romero, dueños del Banco de Crédito del Perú, para el financiamiento de su campaña, además de tener otros aportantes “ocultos” que lindan con actividades ilícitas.
Recordemos que la Fiscalía a cargo del Juez Domingo Pérez y del Equipo LavaJato que investiga los actos de Corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, ha pedido 30 años de prisión para Keiko Fujimori, por los delitos de delincuencia organizada, lavado de activos, obstrucción a la Justicia, fraude en procedimientos administrativos y falso testimonio. La Fiscalía también ordenó el impedimento de salida del país y otras restricciones para ella, como el impedir que participe en elecciones por estar involucrada en un proceso de investigación. Sin embargo, el juez Víctor Zúñiga ha permitido que ella participe en este proceso electoral y que incluso viaje al interior del país a realizar su campaña política.
Leé también Elecciones generales 2021 marcadas por el coronavirus y la crisis política
Leé también Elecciones generales 2021 marcadas por el coronavirus y la crisis política
La “Mano Dura” de Keiko
Keiko ha sostenido gran parte de su campaña reivindicando el “derecho” a la represión de los policías justificándose en una supuesta lucha contra la extrema izquierda. Criticó en más de una oportunidad la separación de los policías directamente involucrados y responsables del asesinato de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado ocurrida el 14 de noviembre, recordemos que estos jóvenes salieron a protestar contra el gobierno de Manuel Merino. Al igual que el Defensor del Pueblo, Keiko critico a Sagasti, a quien considero “tibio” y mal representante de la policía por haber pasado al retiro a un grupo de altos oficiales involucrados en la represión a las movilizaciones de noviembre.
Keiko, que alguna vez tuvo el apoyo mayoritario de todo el gremio de grandes empresarios CONFIEP, ante su desprestigio popular, ha ido perdiendo ese apoyo. Sus activistas y postulantes al congreso y a otros cargos públicos están muy relacionados a sectores empresariales emergentes, muchos de ellos vinculados a actividades ilícitas. El discurso de que el fujimorismo “reactivo la economía en los 90 y acabo con el terrorismo”, se cae a pedazos, ante una población que empieza a percibir el verdadero origen de su enriquecimiento familiar y la forma como la familia Fujimori utilizo la política para reproducir sus beneficios de casta.
Pese a ello, los grandes medios de comunicación han intentado darle cabida, invitándola continuamente a charlas y entrevistas, tratando de desvincularla del pasado de su padre, y poniéndola como una de las opciones de mayor intención de voto en sucesivas encuestas, sobre todo en el tramo final del proceso electoral. En un momento de la campaña muchos de sus votantes migraron hacia la candidatura del conservador Rafael López Aliaga, pero, ante el estancamiento de este personaje, al parecer habrían vuelto a Keiko o se habrían desplazado hacia Hernando de Soto, otro candidato afín al fujimorismo y a las políticas neoliberales. La afinidad ideológica entre el fujimorismo y de Soto es tal, que en el 2016 Hernando de Soto públicamente apoyo la candidatura de Keiko Fujimori.
La lucha contra Keiko y el fujimorismo debe ser entendida también como la lucha contra los grandes empresarios nacionales y extranjeros y contra el régimen político que nos heredaron a través de la Constitución de 1993. Por esa razón, la lucha contra el fujimorismo no se puede reducir solamente a las elecciones, sino más bien esta lucha deberá estar orientada a acabar con su legado funesto que se expresa en el régimen del 93, y para ello es fundamental retomar la lucha por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana.
Referencias:
1. “Limasa, Empresa de los Hermanos Fujimori Higuchi bajo la lupa” Noticia Canal N. 27 de febrero del 2017. Disponible en: https://canaln.pe/actualidad/limasa-empresa-hermanos-fujimori-higuchi-bajo-lupa-n266974
