El Ayuntamiento de Cádiz denuncia por usurpación a un grupo de personas sin hogar en Barcelona amenazadas ahora de desalojo.
Jueves 10 de enero de 2019
Barcelona es una de las grandes ciudades del Estado español con un mayor índice de pobreza. Según una encuesta realizada por la Oficina Municipal de Datos en abril de 2018, un 19’6% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Una dura realidad que está detrás de la pobreza energética, las privaciones alimentarias y el drama de los desahucios.
En la actualidad, en Barcelona se siguen efectuando desahucios a un ritmo de 7 al día, es decir 210 al mes y más de 2.500 por año. Los casos más extremos acaban engrosando la lista de personas sin hogar. La Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar (XAPSLL) cifraba en mayo del pasado año en casi mil las personas en esta situación.
Ante la total insuficiencia de las políticas del Ayuntamiento para solucionar esta situación, muchos se ven abocados a buscar la manera de poder sobrevivir en la calle. Uno de los últimos casos es el de un grupo de 25 personas sin hogar que han ocupado desde hace unos meses la Casa de Cádiz, abandonada desde hace 14 años, para convertirlo en una residencia autogestionada para gente en esta situación.
Sin embargo, la noticia ha saltado a la luz no por el hecho en sí, sino por la denuncia por usurpación que ha interpuesto el Ayuntamiento de Cádiz, copropietario del inmueble, cuyo alcalde por Podemos es José María González “Kichi”, uno de los principales referentes de Anticapitalistas junto a Teresa Rodríguez.
Ante el revuelo ocasionado en las redes sociales, la portavoz del Equipo de Gobierno de Cádiz, Ana Fernández, declaraba que “ni se tiene, ni se ha tenido en ningún momento, la más mínima intención de desahuciar a las personas sin hogar de Barcelona. Eso es totalmente incierto”. No obstante, matizaba a posteriori, “nos llegó un requerimiento de los Mossos d’Esquadra que atendimos, ya que de no atender esta denuncia velando por el patrimonio de la ciudad estaríamos prevaricando. Algo que tampoco vamos a hacer”. Dicha denuncia es la que podría acabar con la orden judicial de desalojo de las personas sin hogar que actualmente están ocupando la Casa de Cádiz de Barcelona.
Desde el colectivo que ocupa este espacio se ha señalado que el Ayuntamiento tenía más opciones además de la denuncia dentro del marco legal, como iniciar una mediación o simplemente ceder el usufructo de una instalación que llevaba años abandonada.
Pero la Casa de Cádiz es copropiedad del Ayuntamiento gaditano y una entidad financiera, lo cual podría explicar que la opción elegida sea la más taxativa contra la ocupación de entre las disponibles.
No es la primera vez que el Ayuntamiento de Kichi se ve envuelto en polémica por el incumplimiento flagrante de su programa electoral. A la memoria de todos llegan aún los ecos de los llantos de rabia de Juan Antonio Albiol Ramírez y Tamara Escarcena Cabello, cuando irrumpieron en el pleno del Ayuntamiento gaditano en 2016. Esta pareja, a cargo de dos hijos, denunciaba la nula atención que recibieron por el consistorio durante meses, antes de que la empresa Eléctrica de Cádiz, contrata del propio Ayuntamiento, les cortara el suministro de luz sin previo aviso.
El actuar cotidiano del Ayuntamiento de Cádiz muestra los límites de la ilusión de que se puede gestionar las instituciones de esta democracia para ricos y ponerlas “al servicio de la gente”. Lo mismo viene sucediendo con los “ayuntamientos del cambio” de las grandes ciudades como Barcelona y Madrid.
Las gestiones de Ada Colau y Manuela Carmena, lejos de solucionar las necesidades de los sectores populares y la clase trabajadora, no han hecho sino seguir con la línea de anteriores gobiernos municipales: se siguen produciendo desahucios a diario, se mantienen las unidades de intervención policial, la persecución a la venta ambulante, las concesiones públicas a empresas millonarias o el ser los campeones del pago de la deuda.
Lejos de la política de Podemos y los “ayuntamientos del cambio”, para terminar con el drama de la pobreza y poner solución a los grandes problemas sociales, es necesario que la izquierda anticapitalista levante un gran movimiento con músculo social en la calle y emprenda una ofensiva que afecte los intereses de los que todos los días nos expropian la vida, la vivienda y el futuro. Que pelee por medidas como la nacionalización de la banca y poner a disposición de las necesidades sociales miles de viviendas vacías que tienen en su poder los bancos, formar un parqué de alquileres sociales e imponer impuestos a las grandes fortunas y a los especuladores inmobiliarios.
