La represión en Mexicali mantiene detenidas a seis personas. Si la lucha por el agua es una lucha por la vida ¿puede no considerarse presos políticos a quienes caen en garras del Estado como parte de una política generalizada de represión para imponer intereses empresariales sobre la población?
Nancy Cázares @nancynan.cazares
Martes 23 de enero de 2018
Ante los reclamos que exigen la libertad inmediata de los detenidos durante la represión del 16 de enero en Mexicali, Francisco "Kiko" Vega de Lamadrid ha salido a declarar que en Baja California "no hay presos políticos" y una vez más intentó justificar la brutalidad con que actuó la policía, apelando a la misma retórica de "seguridad" que sacó al Ejército a las calles durante el gobierno del también panista Felipe Calderón y que hoy es la justificación para aprobar medidas reaccionarias como la Ley de Seguridad Interior.
Según informes de La Jornada, la represión del martes pasado mantiene detenidas a 6 personas. Las acusaciones que pesan en su contra son por lesiones contra servidores públicos y policías, así como otros cargos considerados no graves. Pese a esto, la jueza de Control del Sistema Penal Acusatorio, Dora Leticia Contreras impuso a los detenidos prisión preventiva.
En un claro intento por minar la resistencia contra la construcción de un acueducto que acabaría con dos terceras partes del agua de la región, las autoridades encabezadas por Francisco Vega de Lamadrid orquestaron un despliegue policíaco y mediático para criminalizar esta causa y a sus participantes.
¿Qué es un preso político?
Distintas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, a nivel nacional e internacional, reconocen la entidad de "preso político" y la describen como aquella persona que se encuentre privada de su libertad por alguna autoridad por motivo de la manifestación de sus ideas políticas, generalmente contrarias a las del régimen gobernante. Referentes europeos de defensa de los derechos humanos explican que un preso político es aquél cuyo encarcelamiento y condena son contrarios a garantías fundamentales como la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, de expresión, de información, de reunión y de asociación.
A pesar de que esta definición contempla que "no se considerará preso político" a quien incite a la violencia o empleé métodos "violentos" con un discurso opositor, también contempla una excepción. Una persona detenida por las autoridades en un contexto de confrontación de ideas se considera preso político cuando las condiciones de la detención y encarcelamiento sean irregulares y cuando la sentencia sea desproporcionada con relación al delito supuestamente cometido.
Hacia 2016, en México había más de 420 conflictos socioambientales relacionados con minería, energía y agua.
La lucha en defensa de los recursos naturales, particularmente del agua, es una lucha por la vida. La entrega de recursos está en manos de los gobernantes, que sin considerar la voz de la población, hacen tratos con empresas que devastan el territorio y arrasan con los recursos locales. Atenco, Tajamar, Wirikuta, San Bartolo Ameyalco, Xochicuautla, son tan sólo algunos de los testimonios de la manera en que el gobierno opera a favor de las empresas y hace uso de sus fuerzas represivas para imponer su voluntad a sangre y fuego.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental señala que nuestro país enfrenta cifras alarmantes de ataques contra defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente. Tan sólo entre junio de 2015 y julio de 2016 se registraron 63 agresiones contra activistas, entre amenazas, hostigamiento, detenciones ilegales y asesinatos. De estos casos, 17 ocurrieron con marco en algún conflicto relacionado con obras hidráulicas y políticas públicas de administración del agua. Según el Centro, 43% de las agresiones provinieron de autoridades estatales.
En 2015 la ONU reconoció por primera vez que en México hay presos políticos. El caso de Librado Jacinto Baños Rodríguez, indígena oaxaqueño, evidenció los métodos usados por el gobierno mexicano para detener y encarcelar por años a defensores de derechos humanos y líderes locales.
¿Puede entonces no considerarse presos políticos a los detenidos del 16 de enero en Mexicali? la respuesta es, a todas luces, un rotundo no. Los presos de Mexicali cayeron en garras del Estado como parte de una política generalizada de represión en contra de quienes se opongan a los intereses de los empresarios y sus políticos. Los videos de las detenciones revelan la brutalidad con la que intervino la policía que no acudió, como asegura Vega, a "proteger a los empleados de la obra", sino a fortalecer el cerco a las instalaciones de Constellation Brands y a intentar dispersar una concentración de pobladores que exigen que se escuche su voz.
Es indispensable exigir la libertad inmediata, absoluta e incondicional de los detenidos en Mexicali, comprendiendo esta exigencia como parte de la lucha en defensa del agua en la región, en un contexto en que la represión y la impunidad se abren paso en las leyes y deja en evidencia la urgente necesidad de tomar en nuestras manos el destino de nuestras vidas y nuestros recursos.
