Continuando con las lecciones del proceso de 1925, hoy queremos profundizar en la experiencia de la Asamblea Constituyente de Asalariados e Intelectuales también conocida como la “Constituyente Chica”, iniciativa desarrollada en el marco del debate constitucional bajo el gobierno de Alessandri ¿Qué lecciones nos deja esta experiencia?

Recordemos que el proceso constitucional abierto en 1925 fue en realidad la postergación de la crisis del régimen parlamentario, que luego de un ciclo de luchas de trabajadores y sectores populares entre los años 1918 y 1919 que originó organismos como la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional y que luego fue desviado con la candidatura de Alessandri que proponía importantes reformas, incluso contra un sector de la oligarquía.

Posteriormente, luego de una rápida experiencia con la represión del gobierno alessandrista y la oposición sistemática del Parlamento a toda legislación social, el movimiento obrero y popular vuelve a movilizarse hasta que la situación da un nuevo giro abrupto con la entrada en escena del movimiento militar iniciado con el “Ruido de Sables” del 3 de septiembre de 1924, seguido por un golpe de Estado 2 semanas después, donde Alessandri es exiliado, y otro más en enero de 1925, donde Alessandri retorna, pero subordinado a los militares, especialmente al Ministro de Guerra Carlos Ibáñez del Campo.

Esta coyuntura resulta ser contradictoria, pues luego del golpe militar del 24’, los altos mandos de las Fuerzas Armadas van mostrando cada vez más claramente sus lazos con la vieja oligarquía, restringiendo las libertades civiles, exiliando a los opositores y bloqueando la legislación social, generando con ello las condiciones para un un segundo golpe en 1925, desde la oficialidad del ejército compuesto por elementos jóvenes y favorables a las reformas alessandristas. El movimiento obrero y popular también se movilizó y exigió la vuelta de Alessandri, contra el autoritarismo de la junta militar de 1924, al tiempo de una Asamblea Constituyente que acabara con el régimen parlamentario y consagrara una legislación social entre las cuales se contaba la jornada de 8 horas, la prohibición del trabajo infantil, la instauración de un seguro obrero de salud y jubilaciones, entre otras.

El movimiento de trabajadores frente al proceso constituyente.

Este marco obligó tanto a los partidos tradicionales del régimen, la vieja oligarquía, los nuevos empresarios y los militares a darle impulso a un proceso constituyente que permitiera evitar que las movilizaciones siguieran escalando y de paso reordenar el tablero general al interior del propio régimen. En la vereda contraria, sirvió para la reorganización política del movimiento obrero y popular constituyéndose una especie de Frente Único de organizaciones y partidos obreros, el llamado Comité Obrero Nacional, que agrupó a la FOCH, dirigida por el Partido Comunista, la IWW y la FECH, principalmente anarquista y anarcosindicalistas, la Unión de Empleados de Chile y la AGP, que desde el golpe de septiembre se venía acercando con trabajadores fuera del ámbito docente, y estaban constituidas por elementos del Partido Radical, Democrático, Comunista e independientes. Fue este frente el que convocó finalmente la Asamblea Constituyente de Asalariados e Intelectuales de 1925.

Según la convocatoria, se buscaba representar a “los proletarios, empleados, profesores, estudiantes e intelectuales” y “dicho Congreso tendrá por objeto concretar en un proyecto de Constitución Política de Chile las aspiraciones inmediatas del proletariado y de los intelectuales que simpaticen con los modernos principios de justicia y solidaridad” [1], y en base a estos objetivos, como una antesala para el proceso constituyente de Alessandri, sesionó entre el 8 y el 11 de marzo de 1925 agrupando alrededor de 1.250 inscritos de un amplio espectro político, desde sindicalistas independientes, sectores anarquistas, comunistas, demócratas, radicales, feministas, entre otros.

Durante el debate se llegó a un programa político que contenía demandas enormemente progresivas para la época, incluso para hoy, tales como la definición de la tierra como un bien social, el fomento desde el Estado del arte y la ciencia, la separación completa de la Iglesia y el Estado, poder legislativo con funcionarios revocables, voto popular del poder judicial, derechos políticos y sociales iguales para ambos sexos, supresión del ejército permanente, gratuidad de la enseñanza desde la escuela primaria a la universidad con gestión de profesores, apoderados y estudiantes y financiada enteramente por el Estado [2], que como vemos, se trataba de un programa esencialmente democrático-radical y de garantizar derechos políticos y sociales, no un programa revolucionario, y que expresaba centralmente los acuerdos generales de las organizaciones sindicales, partidos y otras organizaciones políticas que confluyeron en esta instancia.

Sin embargo a poco terminar de sesionar, cada fuerza política siguió su propio camino, de esta forma los radicales y demócratas se volcaron a “incidir” en el proceso constituyente impulsado por Alessandri, los comunistas hicieron una agitación propagandística de estos acuerdos en sus materiales sin buscar organizar más sectores, los anarquistas y anarcosindicalistas se encontraban divididos entre los que se negaban a cualquier política hacia la constituyente, como la FECH, los que participaron de esta iniciativa y los que querían incidir en el proceso alessandrista que finalmente no impulsaron nada en común, mientras que gremios como el de los profesores y el de los empleados se concentraron en reformas estrictamente acotadas a su sector, como la reforma educacional o el reconocimiento de sus organizaciones por el Estado.

Esto fue aprovechado por Alessandri y los militares, que sin la oposición del Parlamento y con el poder de facto de su lado, desecharon rápidamente la idea de realizar una Asamblea Constituyente, argumentando “falta material de tiempo para verificar las inscripciones del electorado, para instalar enseguida la Constituyente y para que ésta dispusiera del tiempo necesario para terminar su misión y alcanzar a fijar las reglas de la elección del Congreso y del Presidente”  [3] que debía sucederlo el 23 de diciembre de ese mismo año.

En su lugar impuso 2 comisiones, elegidas a dedo, dónde la primera se reunió tan sólo una vez y era para definir cómo se convocaría la constituyente, y otra, la más reducida, que promedió tan sólo 12 personas y era presidida por el propio Alessandri, que fue la que redactó la Constitución propiamente tal a puertas cerradas, y dónde participó además un representante por la Asamblea Constituyente de Asalariados e Intelectuales, Manuel Hidalgo, quien además era dirigente del PC. Finalmente en tan sólo un mes, se convocó un plebiscito donde votaron apenas 134.421 personas de un padrón de 302.304, y fue aprobada por sólo 127.509, siendo promulgada el 18 de septiembre de 1925 con amplios cuestionamientos a su legitimidad.

De hecho mientras todo esto ocurría en las alturas, se desarrollaron 2 importantes huelgas salitreras, Marusía y La Coruña donde había una mayoría de afiliados de la FOCH, porque los patrones se negaban a terminar con el sistema de fichas y a respetar la jornada laboral de 8 horas, lo que generó la escalada de enfrentamientos, primero con los matones de las salitreras y después con el propio ejército al que enfrentaron con dinamita en mano, terminando en cruentas masacres, una posterior persecución a los afiliados de la FOCH y en el debilitamiento de la central obrera.

“la Constitución Política de 1925 no tuvo una génesis democrática sino todo lo contrario, su origen fue, esencialmente, autoritario. Fue redactada en forma antidemocrática, no fue elaborada ni el producto de un “poder constituyente” sino fue producida por el poder constituido. Por esa razón, no resolvió la crisis orgánica de la sociedad chilena debido, fundamentalmente, a la escasa legitimidad y aceptación que tenía entre los diversos actores sociales y políticos relevantes de la época. ” [4]

Esta falta de legitimidad va a extender los cuestionamientos a tal punto que esta operación de una parte del empresariado y los militares va a requerir un segundo ciclo que imponga la Constitución, y esto dará paso a la sangrienta dictadura de Carlos Ibáñez del Campo en 1927, que persiguió, exilió, encarceló y eliminó a gran parte de los dirigentes políticos y sociales de la clase obrera y los sectores populares, disciplinando al resto para legitimar por la fuerza el resultado del falseado proceso constituyente.

¿Qué lecciones nos deja la “Constituyente Chica”?

En primer lugar, es necesario referirse un poco a los mitos que existen alrededor, cuyas valoraciones tienen una directa relación con la propuesta política de quien emite. Por ejemplo, Ramírez Necochea, militante e historiador oficial del Partido Comunista, es lapidario con esta experiencia:

“Tanto en su gestación y composición, como en su desarrollo y resoluciones, la Asamblea Constituyente de Obreros e Intelectuales es un ejemplo típico de infantilismo revolucionario, mezclado con modalidades de reformismo que de él derivan lógicamente. En primer lugar siendo sus finalidades eminentemente políticas, se marginó de ella al Partido y a otras colectividades políticas con las cuales habría sido posible impulsar un vigoroso y amplio movimiento popular favorable a una Constitución dotada del más profundo contenido democrático. En segundo término, el hecho de que la Asamblea funcionara sólo con representantes gremiales, fue una tentativa para colocar al Partido a la zaga del movimiento gremial y para convertirlo en una organización que nada tenía que decir en un asunto de tanta importancia como la elaboración de un proyecto de Carta Fundamental para la República. En tercer lugar, la Asamblea Constituyente fue preparada con celeridad, sin que se diera tiempo para agitar a las masas en torno a las proposiciones que en ella se formularían, y para vincular estrechamente esas proposiciones con las luchas que los trabajadores libraban; con esto, se desperdició una oportunidad para levantar el nivel ideológico del proletariado y para incorporarlo en una lucha política que se producía en un momento crucial del desarrollo de la sociedad chilena. En cuarto lugar, se señaló la perspectiva de una Constitución obrera y socialista, en circunstancias que las condiciones objetivas y subjetivas que había en el país no daban para eso; en cambio, no se consideró que el momento era altamente propicio para una Constitución que hubiera dado un gran impulso al desarrollo democrático de Chile” [5]

Para Ramírez es una experiencia casi sin importancia, un desvío, donde el sindicalismo habría excluido al Partido, lo cual es discutible considerando que es el propio PC el que dirige la instancia y fue gran parte su programa el que se acordó, alegando luego de que este programa no fue discutido y tomado por el movimiento obrero y popular, lo cual es correcto pero corresponde también a la responsabilidad del propio PC en la organización de la instancia. Finalmente se encuentra la valoración que tiene Ramírez sobre la perspectiva obrera y socialista de estos principios, pues no lograron ser una Constitución propiamente tal, donde se argumenta que no había condiciones objetivas o subjetivas, a pesar de la crisis de régimen ya descrita y la efervescencia de las masas, y que en realidad revela sobre todo la concepción etapista del autor.

Por otro lado está también la visión de Salazar, que la releva como un hito deliberativo y de desarrollo político de los sectores populares.

“(…) los actores sociales que ya estaban posesionados de una cultura sociocrática alternativa, consideraron que había llegado el momento de la culminación de su movimiento y se autoconvocaron a una Asamblea Constituyente de Asalariados e Intelectuales, la que realizaron por decisión propia y con plena autonomía (…).

Se trataba, sin duda, de una crisis revolucionaria. Se trataba, por lo mismo, de que el movimiento social – ciudadano hiciera valer su voluntad constituyente y construyera por sí, deliberada y soberanamente, un nuevo Estado. Es lo que todos los actores sociales sentían (…)

(…) En estricto rigor, si la soberanía recae en el pueblo - ciudadano, y siendo esa Asamblea un ejercicio pleno de soberanía, quien debía organizarla de punta a cabo era el pueblo - ciudadano mismo. Así lo entendieron los actores que convocaron la una Asamblea Constituyente de Asalariados e Intelectuales, que la organizaron por sí mismos.

(...) Fue así que se creó la oportunidad para la entronización de la felonía: Alessandri que había sido desterrado por presidir la corrupción, la incapacidad y el fracaso de la vieja oligarquía liberal, fue invitado por la junta para arbitrar el proceso ciudadano de construcción de un Estado (…)” [6]

Sin embargo esta visión lo presenta como algo hecho desde el mundo popular en completa autonomía a pesar de la documentada influencia de los partidos políticos en impulsar esta iniciativa, que finalmente sería derrotada por una maniobra de Alessandrí, la vieja oligarquía y los militares, lo cual no se condice con la explicación anterior o de mínima no responde a la pregunta ¿Cómo fue posible que todo ese nivel de organización popular fuera desviado por una maniobra desde las alturas?

Grez desliza que esto se debió a la falta de acuerdo entre los diversas tendencias políticas en su interior

“Sus dificultosos acuerdos fueron la expresión máxima de convergencia táctica que podía existir entre socios tan disímiles como comunistas, fochistas, anarquistas, radicales, demócratas, feministas, intelectuales críticos, mutualistas y sindicalistas independientes. Las bases de esta entente eran frágiles, más aparentes que reales. Es probable que esta sea la causa principal de su derrota, expresión, en definitiva, de las debilidades de este movimiento.” [7]

Sin embargo, el hecho de que los desacuerdos de los partidos por arriba pesen de esta manera, apunta a que el verdadero problema estuvo en la base, como deslizó Ramírez obviando la responsabilidad del propio PC que dirigió mayoritariamente la instancia. La historia ha mostrado que la única manera de imponer un programa es con fuerza material ¿Por qué la “Constituyente Chica” pasó a la irrelevancia y Alessandri y los militares se impusieron? Porque el proceso se hizo “en frío”.

Esto fue producto de una dirección política que con mayor o menor radicalidad declarativa, no apostó a darle continuidad a las movilizaciones contra la Junta Militar de 1924, y en cambio esperó a que Alessandri y los militares garantizaran un proceso democratico donde las propuestas de la “Constituyente Chica” pudieran ser presentadas y eventualmente pudieran darle una nueva forma al Estado, lo cual es finalmente una utopía. Lo que pone en la mesa es el problema del poder y la soberanía.

Si vamos a la historia, tenemos que el prototipo de la Constituyente, la Asamblea Nacional de la revolución francesa de 1789, se autoproclamó un poder constituyente que sesionó a pesar y contra el poder constituido, la monarquía absolutista de Luis XVI, que cerró el edificio donde se reunían para bloquear su cometido ante lo cual sesionaron en el famoso Salón del Juego de la Pelota, un edificio cercano. Y que cuando el Rey intentó imponerse por la fuerza, el pueblo tomó La Bastilla y las armas, obligando al Rey y la aristocracia adoptar la escarapela tricolor.

El otro caso es la Comuna de París de 1871, donde la Guardia Nacional fue ampliada a todo aquel que pudiera portar armas transformándose en los hechos en el pueblo en armas, logrando así imponer un completo programa que incluyó la eliminación de los privilegios de los funcionarios, que pasaron a ser revocables y cobraban como cualquier trabajador, separó la Iglesia del Estado, imponiendo la expropiación de los bienes eclesiásticos y de las fábricas y talleres, bajo control de los trabajadores, que cerraron sus patrones, entre otras medidas.

Ambas experiencias son diferentes por su objetivos, pues como plantea correctamente Hobsbawm, la Asamblea Nacional de 1789 a pesar de corresponder al período revolucionario de la burguesía, tenía objetivos completamente acordes a la propia burguesía:

“Desde el punto de vista económico, las perspectivas de la Asamblea Nacional eran completamente liberales: su política respecto al campesinado fue el cercado de las tierras comunales y el estímulo de los empresarios rurales; respecto a la clase trabajadora, la proscripción de los gremios; respecto a los artesanos, la abolición de las corporaciones. (...) La Constitución de 1971 evitaba los excesos democráticos mediante la instauración de una monarquía constitucional fundada sobre una franquicia de propiedad para los “ciudadanos activos”. los pasivos se esperaba que vivieran en conformidad a su nombre” [8]

Por otro lado, la Comuna de París fue el primer ensayo de un Estado Obrero, y por lo tanto sus objetivos apuntaban a un cambio social mucho más profundo, según plantea el propio Marx, contemporáneo de esta experiencia:

“La Comuna no había de ser un organismo parlamentario, sino una corporación de trabajo, ejecutiva y legislativa al mismo tiempo En vez de continuar siendo un instrumento del Gobierno central, la policía fue despojada inmediatamente de sus atributos políticos y convertida en instrumento de la Comuna, responsable ante ella y revocable en todo momento. Lo mismo se hizo con los funcionarios de las demás ramas de la administración. Desde los miembros de la Comuna para abajo, todos los servidores públicos debían devengar salarios de obreros. Los intereses creados y los gastos de representación de los altos dignatarios del Estado desaparecieron con los altos dignatarios mismos. Los cargos públicos dejaron de ser propiedad privada de los testaferros del Gobierno central. En manos de la Comuna se pusieron no solamente la administración municipal, sino toda la iniciativa ejercida hasta entonces por el Estado.” [9]

Sin embargo ambas tienen en común su carácter anómalo, de haber surgido de un régimen en crisis y enfrentado a los poderes constituidos, a los que tuvieron que desconocer para hacer posible y perdurable su existencia. Debieron ejercer una soberanía de hecho e imponerla en base a la movilización general de las masas o de lo contrario dejar de existir. El “respeto” de la institucionalidad es de por sí incompatible con un proceso constituyente que nace enfrentado al poder constituido. Es una situación excepcional, surgida de momentos de crisis que el régimen no es capaz de resolver. Es por ello que la irrelevancia histórica de la Asamblea Constituyente de Asalariados e Intelectuales es por su imposibilidad de imponer su programa, no por el contenido del mismo. En otras palabras, surgió como una anomalía del proceso constitucional alessandrista, una iniciativa “desde fuera” de la institucionalidad pero con una dirección que pujó en todo momento por hacerse parte de esa institucionalidad, por no quebrar el sacrosanto acuerdo con Alessandri y los militares y llegar a ser reconocidos por éstos.

La coronación de la impotencia fue la participación de uno de sus representantes, Manuel Hidalgo, militante además del PC, entre 12 representantes del gran empresariado incluido el propio Alessandri, una abrumadora minoría que mostraba de manera gráfica lo maniatado del proceso, dejando la separación formal entre Iglesia y Estado cómo única aportación de la “Constituyente Chica”. Su principal problema fue no verse a sí misma, ya fuera de la institucionalidad desde su nacimiento, como un organismo potencialmente soberano, enfrentado al poder constituido, con el que debía chocar inevitablemente para prevalecer porque su sola existencia desafiaba al proyecto empresarial de modernización capitalista del Estado chileno.

Sin embargo existe otra lección importantísima de este proceso, pues hemos señalado también que fue un proceso “en frío”, pero al mismo tiempo hemos descrito la efervescencia popular del momento, e incluso huelgas obreras combativas, la primera en marzo, el mismo mes de esta “Constituyente Chica”, la segunda en junio, antes del plebiscito, que terminaron en masacres, y que enfrentaron importantes contingentes obreros a los militares dinamita en mano ¿Cómo es posible entonces que haya sido en frío?

La respuesta podría estar en la completa separación del proceso de convocatoria y organización de la Asamblea Constituyente de Asalariados e Intelectuales de lo que ocurría alrededor, responsabilidad que recae principalmente en el PC que dirigía la FOCH, la principal organización obrera de la convocatoria, cuyos afiliados se encontraban al mismo tiempo enfrentando en el norte a los militares que reprimieron las huelgas, a causa de que los patrones salitreros se negaban a respetar medidas como la jornada de 8 horas, uno de los principales debates del proceso constitucional, junto con otras problemáticas derivadas de la llamada Cuestión Social ¿No podrían haber confluido estas luchas con el debate que se estaba dando en Santiago y que estas huelgas y movilizaciones populares adoptaran incluso el programa de la Asamblea Constituyente de Asalariados e Intelectuales?

Esto habría transformado la convocatoria en un Frente Único real, con la fuerza necesaria de erigirse incluso en el propio organismo constituyente, como antes lo hicieron la Asamblea Nacional y la Comuna de París, pues ¿Qué motivo había para esperar y confiar en Alessandri y los militares? ¿No eran estos problemas de larga data, postergados durante años, ya una tarea urgente? ¿Qué hubiera pasado si este movimiento obrero y popular, vivo y dinámico, hubiera hecho suyo este programa? ¿No se podría haber transformado esta energía de cambio social en organización, a través de comités de acción en la base, para impulsar estas demandas básicas? ¿Acaso no hubiera tenido costos importantes cualquier maniobra que atentara en contra de estas demandas elementales?

Problemas similares tocan resolver hoy en día, guardando todas las distancias históricas y también de escenario, pues el gobierno de Piñera no está fortalecido como lo estuvo Alessandri, sino que todo lo contrario, y además el órgano encargado del proceso constituyente arroja una minoría importante para los principales conglomerados de los 30 años, la Derecha y la ex Concertación. En un aspecto, hoy es más criminal que en 1925, donde el régimen tenía una importante iniciativa, no impulsar ninguna organización que sostenga estas tareas consideradas urgentes y adaptarse a los tiempos y formas de un régimen mucho más decrépito y con una alta desaprobación.

Hoy, a diferencia de 1925, existe una especie de programa mínimo con fuerza vital que son las demandas de la Rebelión de 2019 que siguen vivas en la consciencia de los millones que salieron a luchar, y listas con una mayoría relativa, como lo es el Partido Comunista, el Frente Amplio, la Lista del Pueblo, Movimientos Sociales y otros independientes que llegaron a la Convención basándose en estas demandas ¿Qué costos tiene hoy no llevar adelante exigencias elementales como el fin de las AFP? Es una demanda motora y todo parece indicar que mantener este cuestionado sistema es inaceptable para enormes franjas de trabajadores, mujeres y jóvenes, su incumplimiento podría reactivar las fuerzas que despertaron en Octubre de 2019 y que no se han vuelto a dormir, sino que se mantienen atentas a lo que sucede, amenazando al régimen, y también a quienes fueron electos en base a estas exigencias. La fracasada experiencia electoral de Figueroa, Mesina y Aguilar es sintomático de estos costos. Y lo contrario es igualmente de comprometedor para todos aquellos que insisten en no hacer enojar al empresariado ¿Cómo se puede eliminar a las AFP sin echar mano al negocio de los grandes empresarios y transnacionales? Pareciera ser que el acuerdo no es posible porque su cumplimiento choca de frente con los intereses de grandes capitalistas y transnacionales y nuevamente nos encontramos ante el problema del poder y la soberanía. De vuelta ante los porfiados hechos de la historia.

Hoy quienes se reclaman representantes elegidos del pueblo a la Convención se encuentran ante una prueba de fuego más elemental, pues el problema de los presos políticos ha adquirido un importante peso en el debate nacional, y se ha transformado en el medidor concreto para millones que miran este proceso con una distancia desconfiada. Votar la liberación de los presos políticos será un test ácido que potencialmente pone en juego la legitimidad misma del proceso y le indicará a muchos si es el momento de desconocer esta instancia, quizás para levantar una instancia propia, como en su momento lo fue la Asamblea Constituyente de Asalariados e Intelectuales, pero a diferencia de esta reconozca su condición bastarda frente a la sagrada institucionalidad empresarial y se decida a tomar por asalto, como la propia Asamblea Nacional o la Comuna de París, lo que le pertenece por derecho propio: su futuro, o siendo más concreto, el futuro de los millones que no nacieron heredando un patrimonio en las comunas del rechazo.

Es por eso que desde el PTR nosotros buscamos superar esta encrucijada no sólo planteando activamente la necesidad de realizar este choque con los poderes reales en Chile, los grandes empresarios y las transnacionales, sino que llevando hasta el final estas demandas elementales y organizando activamente a los trabajadores, a las mujeres y a la juventud para llevarlas adelante, porque no proponemos esperar pacientemente a los tiempos de un régimen con alta desaprobación que luego de 30 años de imposiciones hoy, que está en minoría, busca llegar a acuerdos para no perderlo todo, al contrario proponemos la organización en comités de acción, en cada lugar de estudio y de trabajo, que partan por problemas sentidos como la necesaria libertad de todos los que hoy están presos por luchar, porque la única forma de evitar un nuevo proceso “en frío”, que permita exigir permanentemente estas demandas a las fuerzas que hoy están en la Convención e imponerlas pasa por unir estas problemáticas con el movimiento real de los trabajadores y los sectores populares, y organizarlo, como una fuerza capaz de imponerse a estos poderes reales, y finalmente vencer.