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Red Internacional
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VIVIENDA. La Asamblea de Vivienda de Villalba denuncia el incendio provocado en dos bloques de la SAREB que ocupaban cien personas

Con al menos siete personas hospitalizadas tras el incendio provocado, la Asamblea de Vivienda de Villalba lo denuncia tras una campaña de criminalización y acoso de dos años contra el centenar de personas que ocupaban dos edificios de la SAREB.

Jueves 29 de diciembre de 2022

De los dos bloques en Collado Villalba (Madrid) el que sufrió mas el incendio a partir de las siete de la mañana he quedado inhabitable para 40 personas por el momento. Según las fuentes consultadas, al menos siete personas están hospitalizadas, la mayoría por asfixia e inhalación de humos y al menos una por quemaduras. Para esas 40 personas el abogado que representa a varias de las familias, Diego Redondo, añade que desde el Ayuntamiento no se ha ofrecido alternativa habitacional para las familias desplazadas y tampoco se ha manifestado intención de realizar la limpieza del edificio para que vuelva a ser habitable, “lo cual es una responsabilidad pública”.

Tras años de campaña de criminalización y acoso con métodos legales y matoniles a las 86 viviendas de los bloques, los detalles de este incendio siguen sin esclarecerse, con la excepción de que se trata de un incendio provocado fuera de las viviendas con gasolina. Desde la propio Asamblea de Vivienda de Villalba, Pablo López señala que “los bomberos han confirmado que los incendios se han originado en varias zonas comunes, básicamente, en los rellanos, rociados con gasolina. Ninguno de los focos se encontraba dentro de las viviendas”.

Ya ha sido convocada una concentración en repulsa al incendio provocado en los bloques ocupados de la Sareb el 29 de diciembre a las 18h en la Plaza de la Estación de Villalba. Ademas, de la mano de Securitas Direct, la Sareb, banco bajo control del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, está amenazando con "allanar las viviendas precintadas para poner alarmas, tapiar y tirar los enseres de 40 personas".

Estos dos bloques son propiedad de la Sareb, el “banco malo” de titularidad pública y con el que el Estado rescató las carteras inmobiliarias de los bancos en la crisis de 2008. Ya en 2008 estos bloques se quedaron sin acabar por el quiebre de la constructora, de modo que la Sareb los absorbió, como el resto de inmuebles que darian perdidas, y se sufrago con dinero publico su vuelta finalizada para venderlos al sector privado. Sin embargo, estuvieron 12 años sin uso hasta que en diciembre de 2020 las 86 viviendas fueron ocupadas por familias en plena crisis del coronavirus, que fue descargada sobre la clase trabajadora en muchas ocasiones privada de sustento, encerrada y desahuciada.

Mientras esta es la situación de miles de jóvenes y familias, en el Estado español hay más de 3 millones de viviendas vacías y se ha rescatado con 70.000 millones de euros a la banca que tiene cientos de miles de viviendas vacías. Sin embargo, la defensa de la propiedad vacía rescatada para los capitalistas incluye amenazas, acoso e incendios con tal de que sus negocios estén por encima de nuestras vidas.

Ya sea con la colaboración de la policía, de empresas semi-legales vinculadas a la extrema derecha, como Desokupa, o con las dos, las entidades financieras, fondos buitre, grandes propietarios y bancos se han dedicado año tras año a dejar en la calle a familias enteras a través de prácticas ilegales e incluso violentas.

Solamente un programa que garantice el derecho a la vivienda y avance sobre los derechos y privilegios de los grandes propietarios (rescatados con la Sareb) puede evitarlo. Que parta de la prohibición permanente de los desahucios, la expropiación de las viviendas de los especuladores y la banca, la creación de un parque público de alquiler que se fije en un máximo del 20% de la renta familias y un plan de obras públicas hasta garantizar el acceso universal a una vivienda digna.


Jorge Remacha

Nació en Zaragoza en 1996. Historiador y docente de Educación Secundaria. Milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.