A pesar de las consideraciones de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía, este tribunal heredado del Tribunal de Orden Público franquista mantiene su ofensiva judicial contra Izquierda Castellana.
Martes 28 de diciembre de 2021
Izquierda Castellana (IzCa) ha hecho pública una declaración este martes sobre el caso de represión política que están sufriendo por parte de la Audiencia Nacional y el Ministerio del Interior. ¿Qué objetivo buscan? La extinción/ilegalización del partido.
Si el pasado 14 de diciembre se suspendía la vista del proceso judicial, pudiéndose esperar que finalmente se archivara el caso, ahora por el contrario, un juez de la Audiencia Nacional declara que el proceso debe continuar.
Y esto a pesar de que la Fiscalía y la Abogacía del Estado se han pronunciado por la finalización del caso, debido a que consideran que ya se ha realizado una adaptación de los estatutos de IzCa en el registro de partidos acorde a las disposiciones legales. Sin embargo, desde la Audiencia Nacional han resuelto que la demanda lo que exige no es esa regulación, sino la extinción de la organización y van a continuar.
Desde IzCa señalan que “esta resolución es la confirmación, por si quedaba alguna duda, de que estamos ante un procedimiento judicial políticamente inducido, sin la menor pretensión de aparentar neutralidad o rigor jurídico alguno”.
En su declaración denuncian además la nefasta gestión de la pandemia que realizan los gobiernos de un Régimen del 78 “podrido” y cada vez con menos legitimidad que recurre a la represión contra toda alternativa que discuta el actual modelo de Monarquía borbónica-postfranquista.
La organización ya tuvo un intentó de ilegalización en 2008 que finalmente se archivó, pero en este caso la ofensiva instigada por el Ministerio del Interior se mantiene todavía.
Un ataque que no es aislado, sino dentro del marco de un incremento represivo del Estado, con un Gobierno del PSOE y Unidas Podemos que lejos de derogar leyes represivas como la Ley Mordaza, la han aplicado más que nunca con una gestión policial de la pandemia. Con casos escandalosos también como el de los “Seis de Zaragoza” o las últimas detenciones de los obreros de Cádiz.
Finalmente, en su comunizado IzCa señala que “no nos van a enredar en batallas jurídicas, que daremos en su justa medida. Nuestra respuesta principal ante este nuevo intento de ilegalizarnos es social y política; es decir, pasa por reforzar con todas las fuerzas posibles nuestra aportación a la organización y a la movilización popular”.
Es fundamental seguir enfrentando la represión y extender la solidaridad a toda la izquierda, en defensa de las libertades democráticas y contra la represión del Gobierno “progresista” y de los tribunales heredados de la dictadura.
