La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó a una audiencia por una denuncia de AAL y el CELS ante la ofensiva del Gobierno contra los trabajadores y jueces laborales.
Jueves 28 de septiembre de 2017
Por una denuncia de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos convocó al gobierno a una reunión en Uruguay. También Myriam Bregman, en representación del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, es también parte de quienes solicitaron la audiencia.
El motivo de la audiencia es dar cuenta de "la avanzada oficial sobre los derechos de los trabajadores”, según consta en la denuncia presentada.
La audiencia será el 24 de octubre en Uruguay y el Gobierno deberá responder por el acoso político, mediático y judicial de trabajadores y jueces laboralistas.
Según la AAL existe una persecución a los abogados defensores de los trabajadores y a los jueces que dictan fallos contrarios a lo que quiere el Gobierno. En la denuncia señalaron que existen cinco pedidos de juicio político debido a las sentencias, además de las intervenciones sindicales injustificadas por parte del gobierno.
El Gobierno pidió el juicio político contra Graciela Marino y Enrique Arias Gibert por haber fallado que las cámaras empresariales debían cumplir el acuerdo paritario de los empleados de bancos. También lo hizo contra contra Diana Cañal y Luis Raffaghelli, por dictar una medida cautelar que ordenaba al Ejecutivo la reinstalación en sus puestos de la Autoridad Federal de Servicios de comunicación Audiovisual (Afsca) a nueve trabajadores despedidos. Así mismo recusó a Dora Temis, por intimar al Ejecutivo provincial a deshacer los descuentos a los docentes por los días de huelga.
Recordemos que el mismo Macri se refirió a los juicios laborales como una "mafia" como parte del discurso general de campaña de catalogar todo lo opositor como "mafia". Así mismo han hablado de los trabajadores como un costo, se pronunció contra los feriados y en cada ocasión el Gobierno intenta convencer de que los trabajadores son el problema.
La reforma laboral que el Gobierno prepara para después de las elecciones contará con la resistencia de los trabajadores en la calle. Pero inmediatamente después del resultado electoral la CIDH bien puede arruinarle la fiesta al macrismo en una audiencia que pondrá en jaque al gobierno.
