El estudio fue solicitado por el Gobierno colombiano en octubre de 2019 y culminó el 26 de julio. Desde Lima, Evo Morales rechazó la resolución.
Sábado 14 de agosto de 2021 00:09
El 26 de julio la CIDH culminó el estudio a solicitud del Gobierno colombiano, del año 2019, sobre si la reelección de un mandatario de Estado podía considerarse como un derecho humano. En su reciente informe la CIDH establece que “La reelección presidencial indefinida no constituye un derecho autónomo protegido por la Convención Americana ni por el Corpus Iuris del derecho internacional de los derechos humanos”.
Ante este resultado, desde Lima, Evo Morales rechazó esta resolución y reiteró la necesidad del “cierre de la OEA” por su carácter pro imperialista. El Gobierno boliviano en palabras de su ministro de justicia, Iván Lima, afirmó que el tema de la reelección presidencial ya es un tema cerrado en Bolivia y que esta resolución de la Corte IDH no tiene un carácter retroactivo.
Por su parte la oposición de derecha y particularmente Carlos Mesa, expresaron sus intenciones de enjuiciar a Evo Morales por “fraude”, ya que se desconoció el resultado electoral del 21F del 2016 con el argumento de que esta reelección estaba respaldada por el artículo 23 del Pacto de San José facilitando que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emita la sentencia 0084/2017 que habilitaba a Morales a una cuarta postulación electoral pese al resultado negativo del referéndum del 21F.
La resolución emitida por la Corte IDH, pone en evidencia las ilegales operaciones realizadas por Evo Morales y los venales magistrados del tribunal constitucional que emitieron la sentencia 0084/2017 acentuando el carácter autoritario que el Gobierno de Morales desplegó en sus últimos años de gestión al desconocer un referéndum convocado por él mismo y que rechazó, en las urnas, las aspiraciones de Evo de candidatear indefinidamente modificando la Constitución acordada con la derecha en el pacto de octubre del 2008.
Recordemos que este desconocimiento del referéndum del 21F, le permitió a la derecha iniciar una fuerte campaña contra lo que calificaron como una "dictadura”. Esto culminó construyendo la base social del golpe de Estado de noviembre del 2019 y que se tradujo en las masacres de Sacaba, Senkata y Ovejuyo mientras los dirigentes del MAS huían del país.
