A casi 11 años de su desaparición y a más de 3 años de haberse realizado la denuncia, el Estado argentino debe dar respuesta a nivel internacional sobre el manto de impunidad que se tejió en torno al caso.
Sábado 9 de septiembre de 2017 16:46
Luego de más de tres años de haber presentado una denuncia ante la falta de investigación y respuesta del Estado por la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, testigo clave en juicio oral que condenó al genocida Miguel Etchecolatz, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó que el Estado brinde información sobre el caso en un lapso de 90 días.
“En el 2014 recurrimos ante la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos denunciando al Estado Argentino por la falta de investigación en la causa de Jorge Julio López y el encubrimiento que se llevó adelante. Y recién tres años después de haberla presentado hay una respuesta exigiendo explicaciones al Estado respecto a su desaparición forzada”, expresó Myriam Bregman, una de las firmantes de la denuncia ante la CIDH y una de las abogadas de Julio López durante el jucio contra Miguel Etchecolatz.
“Tal como sucede hoy con el caso de Santiago Maldonado, se investigó tarde y mal. No por impericia sino por voluntad política, para concientemente encubrir a los responsables, ligados a las fuerzas de seguridad. Cuando desapareció López nos dijeron que iban a priorizar la gobernabilidad de la Policía Bonaerense”, expresó Bregman.
Jorge Julio López fue desaparecido por segunda vez el 18 de septiembre del 2006, en las vísperas de los alegatos del primer juicio oral que condenó al genocida Miguel Etchecolatz, director de investigaciones de la policía bonaerense durante la dictadura. López fue un testigo fundamental para probar los crímenes cometidos por Etchecolatz y otros integrantes de la bonaerense.
Desde entonces la causa judicial acumula millares de fojas y expedientes paralelos con cientos de declaraciones sin ningún resultado. Se ordenaron decenas de rastrillajes tras pistas falsas y no se tomaron en cuenta las pruebas aportadas desde los organismos de Derechos Humanos. Todas medidas que desviaron la investigación para no orientarla hacia la Policía Bonaerense, donde ejercen funciones los discípulos de Etchecolatz, quien fue exonerado de la fuerza recién hace dos semanas.
En el marco de la conferencia de prensa realizada el jueves por integrantes de Justicia Ya! en La Plata, la abogada Luz Santos Morón miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), señaló: “En los primeros momentos de la desaparición de López, el kirchnerismo y la justicia optaron por no poner la mira en donde se sabía que estaban los secuestradores de Julio, a la Policía. Hasta el propio Aníbal Fernández planteó la hipótesis de que Julio López estaba en la casa de la tía, y después sembraron una enorme cantidad de pistas truchas”.
“La responsabilidad del gobierno no solo tiene que ver con el encubrimiento sino también con la decisión de mantener en funciones a más 9000 funcionarios policiales que prestaron servicios durante la última dictadura militar y de toda una estructura represiva forjada en aquel entonces”, agregó la abogada.
Por su parte, Myriam Bregman invitó a movilizarse “este 18 de septiembre cuando se cumplen 11 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, no vamos a dejar de exigir el castigo a los responsables políticos y materiales de su desaparición. El 18 marcharemos también para exigir también la aparición con vida de Maldonado y seguir denunciando como lo hacemos día a día el encubrimiento del gobierno a la Gendarmería, responsable de la desaparición de Santiago. No vamos a permitir que esta causa se transforme en un nuevo monumento a la impunidad”.
