Trabajadores y médicos de la Caja Nacional de Salud (CNS) continúan con las medidas de fuerza que vienen llevando adelante hace semanas. Ministra de Salud, Ariana Campero, amenaza con descuentos.
Martes 7 de febrero de 2017
Foto: Agencias La Paz
Trabajadores y médicos de la Caja Nacional de Salud (CNS) continúan con las medidas de fuerza que vienen llevando adelante hace semanas, ante la falta de respuestas del Gobierno de Evo Morales a sus reclamos. En el marco del llamado a paro indefinido, los trabajadores marcharon el lunes por la ciudad de La Paz, mientras la Ministra de Salud, Ariana Campero, afirmó que seguirán los descuentos por los días de huelga.
La disputa en la CNS posee varias aristas. Por un lado, la movilización de los trabajadores es una respuesta a la provocación del Ejecutivo, que pronunció como nuevo Gerente de la Caja al ex Director Administrativo Financiero de la Caja Petrolera de Salud, el ingeniero Juan Alfredo Jordán. Desde la cúpula de la COB (Central Obrera Boliviana), conducida por Guido Mitma, y desde los sindicatos de los trabajadores de la CNS, Casegural y Fensegural, se impulsa el paro indefinido en reclamo a que el presidente Evo Morales dejó de lado la tradicional participación de la COB en la propuesta de una terna para la selección del nuevo Gerente, atribuyéndose la principal facultad de cualquier Jefe de Estado burgués: la designación a dedo.
Por otro lado, el conflicto posee sus raíces en la reglamentación que el Ejecutivo decretó, en abril de 2014, para la Ley Nº 475 de Prestaciones de Servicios de Salud Integral. Esta reglamentación pretende ampliar la atención de la CNS hacia los seis millones de bolivianos y bolivianas que actualmente no poseen ni aportan al seguro. Hasta el momento, la CNS sólo logra atender al 25% de sus asegurados. Como denuncian los trabajadores, si el Estado amplía el servicio pero no su inversión en la salud, el colapso del sistema de la CNS es inminente.
Los protagonistas no discuten dentro del mismo campo semántico. Mientras que los líderes sindicales y trabajadores denuncian en los medios la perniciosa utilización de los fondos de la Caja para impulsar el Sistema Único de Salud (SUS), desfinanciado desde su origen; los funcionarios del Gobierno se ocupan de desmentir los hechos y amenazar a los trabajadores. La ministra Ariana Campero expresó, en referencia a las medidas de fuerza de Casegural, que lamentaba que los trabajadores “tengan el lujo de mentir y tergiversar”, al tiempo que volvió a asegurar que se descontarán los días de paro, al que calificó de “ilegal”. Pero el conflicto no cesa. Mientras que los trabajadores tienen la convicción que el Gobierno oirá sus reclamos, Jordán se respalda en la designación del Presidente Morales para aferrarse en el cargo.
En este contexto, se suma también el reclamo de los trabajadores de la CNS respecto al reciente fallo constitucional emitido por la Corte Suprema, que restituye la figura del preaviso para los despidos, dejando sobre hielo la estabilidad laboral de los empleados contratados.
El reclamo de los trabajadores es concreto, y da cuenta de la forma en la que el Estado burgués administra los servicios públicos: ¿acaso toda mejora en el sistema de salud no debería implicar una mayor cantidad de personal, capacitaciones y estructura? Según publicó el diario Correo del Sur, de un presupuesto de Bs 4000 millones, en 2016 la CNS sólo ejecutó el 65% de sus recursos. Los argumentos de la sub ejecución presupuestaria y la corrupción interna son esgrimidos por las autoridades del Gobierno para justificar la arbitraria designación de Jordán.
En este sentido, puede afirmarse que la intención del MAS en formar un Sistema Único de Salud es, a todas luces, necesaria para cubrir el déficit de atención que sufre la población trabajadora que no dispone de un servicio privado. Sin embargo, es evidente que si el Estado no destina un capital significativo a una proyección semejante, el sistema sanitario público del país colapsará, otorgando un servicio aún más insuficiente, y empujando a mayores porciones de la población a recurrir a los estamentos privados de la salud.
Para conseguir un servicio público y universal, el Gobierno debería tocar los intereses del sector privado, para ponerlo al servicio de la salud pública. Aunque la designación de un experto en marketing y finanzas como Juan Alfredo Jordán para la gerencia de la CNS, ya habla por sí sola. Como también hablan los millones de pesos bolivianos que el Estado destina a las Fuerzas Armadas antes que a salud o educación, dando cuenta de cuáles son las prioridades del Gobierno del MAS.
