Desde hace algunos días diversos colectivos y profesionales de la salud vienen denunciando la negativa por parte del servicio madrileño de salud para proveer de tratamiento antirretroviral a personas seropositivas en situación irregular.
Viernes 19 de noviembre de 2021
Este tratamiento, única herramienta para mantener a raya el VIH en personas que conviven con él y una de las armas fundamentales junto al uso del condón para evitar su transmisión, está siendo negado a muchas personas inmigrantes por parte de la comunidad de Madrid.
A pesar de haberse aprobado hace más de dos años la normativa que devuelve el acceso universal a la salud pública para personas en situación irregular eliminada durante la última reforma sanitaria, la comunidad de Madrid no había establecido una reglamentación hasta hacía poco más de una semana.
Pero el remedio parece ser peor que la enfermedad: Diversas ONGs como la reconocida Apoyo Positivo explican que con la nueva modalidad es necesario encontrarse empadronade por lo menos tres meses y ser sometide a una previa evaluación por parte de un equipo de asistentes sociales. Para personas recién llegadas, incluso trayendo medicación desde el país de origen, estos nuevos plazos administrativos representan un riesgo para la continuidad de su tratamiento.
Es sabido que para muchos migrantes uno de los grandes desafíos al llegar al país es obtener el certificado de empadronamiento, el cual exige entre otros requisitos, la firma (y por lo tanto buena voluntad) del propietario a quien se le alquila la vivienda. Trámites como éstos, sumado a los plazos de evaluación por el equipo interdisciplinario y la condición de cumplir los tres meses de empadronamiento hacen que para muches el período para retomar el tratamiento pueda extenderse hasta medio año.
Desde las organizaciones han llegado a denunciar incluso la baja en el sistema e interrupción de provisión de medicamentos de varios casos, teniendo que incluso palear la falta de suministros con donaciones de otros pacientes igual que en los inicios de la pandemia de VIH.
Tal y como se llegó a argumentar en diferentes artículos de este medio durante la pandemia de Covid-19, las catástrofes sanitarias no son algo intrínseco de la naturaleza sino que son resultado del sistema capitalista que prioriza la ganancia de unos pocos antes que la preservación de los ecosistemas y la vida de las grandes mayorías.
Este caso reafirma esta hipótesis; demuestra que a pesar de los impresionantes avances en medicina e investigación en materia de VIH, la misma mezquindad, tanto del gobierno autónomico liderado por Ayuso, como el gobierno "progresista" que hace la vista gorda ante estos problemas, supone no solo un retroceso abismal para evitar la propagación del virus si no que representa un peligro real para la vida de las personas seropositivas.
Es necesario exigir un control y gestión del sistema público de salud por parte de los trabajadores y usuarios, garantizando el acceso total a la sanidad sin importar la condición en que los mismos se encuentren, utilizando los recursos de las grandes compañías de seguros y farmacéuticas que se beneficiaron con las ganancias durante la pandemia.
