La Corte Suprema de Justicia de Chile ordenó la libertad inmediata de Facundo Jones Huala reconociendo que “se encuentra ilegalmente privado de su libertad” ya que la condena “se cumplió el 14 de junio de 2024”.
Sábado 17 de agosto de 2024 11:06
Este viernes 16 de agosto la Corte Suprema de Justicia de Chile ordenó la libertad inmediata de Facundo Jones Huala reconociendo que “se encuentra ilegalmente privado de su libertad” ya que la condena “se cumplió el 14 de junio de 2024”.
Los magistrados señalaron que “Conforme se viene razonado la privación de libertad del amparado se ha extendido por un tiempo superior al cual el Estado de Chile se obligó, de manera que, como se ha indicado no es posible invocar normativa interna para desconocer aquello y hacerlo no solo configura un incumplimiento a tratados internacionales, sino que en el ordenamiento interno deviene en ilegal“. Y agregan “Teniendo presente que el condenado reingresó a cumplir el saldo de pena el 4 de enero del 2024, la pena se cumplió el 14 de junio de 2024, de manera que como se ha venido razonando, se encuentra ilegalmente privado de su libertad”, concluyeron.
Jones Huala, permanecerá internado en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, a unos 35 kilómetros de la cárcel de Temuco hasta que se recupere de la huelga de hambre que inició a finales de junio pasado para exigir su liberación.
Una historia de persecución política
Jones Huala lleva varios años criminalizado tanto por el Estado chileno como por el argentino. Si bien los hechos por los que recibió una condena en Chile son fechados en 2013, fue en 2017 cuando se profundizó el hostigamiento contra él y su comunidad en Argentina, a partir de un “acuerdo” entre los gobiernos de Mauricio Macri y Michelle Bachelet para que el lonko fuera extraditado.
En junio de 2017 Jones Huala fue detenido en Río Negro en medio de un control de tránsito. Sobre él pesaba un pedido de extradición de Chile. Mientras el Poder Judicial definía su situación, el Poder Ejecutivo perseguía y atacaba a su comunidad Pu Lof Resistencia Cushamen, que se movilizaba por su liberación. Tras una manifestación en Bariloche fuertemente reprimida (con detenidos y heridos), el 1° de agosto de ese año la Gendarmería, enviada por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, desató una brutal cacería en el territorio, cuyo saldo fue la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.
En 2018 Jones Huala tuvo un primer juicio de extradición en Bariloche. Desconociendo una sugerencia de la ONU, finalmente el Estado argentino envió al lonko a Chile. Allí fue juzgado y condenado en el marco de una causa llena de irregularidades, contradicciones y con pruebas endebles. De todos los procesados, fue el único en no ser sobreseído, pese a que ni siquiera pudo comprobarse que haya estado efectivamente en el lugar de los hechos. Condenado a nueve años de prisión (luego reducidos a seis), fue un varadero “juicio político” que consolidó la persecución de su figura y la criminalización de las protestas mapuche.
Criminalización permanente
El actual gobierno nacional (con apoyo de los gobernadores de la Patagonia) no escatima esfuerzos para perpetuar la criminalización y represión a las comunidades originarias que "osan" reclamar territorios ancestrarles arrebatados por el Estado desde hace mucho tiempo. Así lo vemos hoy ante el inminente desalojo de la Lof Pailako en Chubut o en el brutal ataque contra integrantes de la comunidad Lof Coronado - Inalef en Mallin Ahogado en Río Negro donde la Policía provincial ejecutó a Juan Carlos Villa, miembro de una comunidad mapuche.
Las denuncias por violaciones a los derechos humanos y de los pueblos originarios cometidas y los crímenes de Rafael Nahuel y de Santiago Maldonado como la larga persecución contra Jones Huala se inscriben en una tradición de políticas represivas y criminalizadoras de los pueblos originarios por parte del Estado capitalista argentino. Algo que también sucede en Chile y en otros países latinoamericanos.
Por esto denunciamos a estos Estados que matan y encarcelan a cualquier costo con tal de desplazar a las comunidades indígenas de sus territorios. Y nos organizamos independientemente de esos mismos Estados, y sus gerentes políticos, para luchar por el pleno respeto a los derechos de los pueblos originarios.
