Después de 23 años de cometido el atentado y con el gobierno de CFK en retirada, la Corte Suprema lanza una acordada que dispone la detención de Hussein Mohamad Ibrahim Suleiman que es signado como integrante de la Jihad Islámica, brazo armado del Hezbollah, y reitera la de José Salman El Reda, ciudadano colombiano de origen libanes.
Mirta Pacheco @mirtapacheco1
Viernes 16 de octubre de 2015
La causa del atentado a la embajada de Israel, sucedido el 17 de marzo de 1992, que dejó 29 muertos (aunque hay siete cuerpos que nunca se reconocieron a pesar de que Argentina cuenta con equipos forenses de excelencia como el mismo equipo de antropólogos forenses), y que lleva adelante la Corte Suprema, al día de hoy pasó por incontables idas y vueltas, durmió el sueño de los justos varios años y se convirtió, junto con la causa del atentado a la AMIA, en monumento a la impunidad.
Con la firma de Ricardo Lorenzetti; Elena Highton de Nolasco; Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, hoy se conoció la acordada que ordena las capturas de Suleiman y reitera el pedido que ya pesaba sobre El Reda. Lo llamativo es que los “jueces supremos” estaban esperando una confirmación de la Embajada de Israel, que les llegó el mes pasado, sobre la pertenencia de Suleiman a la Jihad Islámica. El libanes está acusado de haber ingresado al país los explosivos utilizados para volar la Embajada. Junto con su filiación política, el Estado de Israel también le confirmó a la CSJ esas sospechas.
Estas acusaciones suenan muy similares a las efectuadas en la causa AMIA contra iraníes: las “pruebas” son afirmaciones del servicio de inteligencia del Estado de Irael y también de la CIA (en 2008 la justicia norteamericana dicta un fallo que obliga a Irán a indemnizar a uno de los familiares de las víctimas del atentado y ese mismo fallo aclara que se basó en pruebas presentadas por un “asesor” de la CIA, experto en asuntos iraníes). Como vemos, no solamente la Justicia argentina dista de ser imparcial.
En marzo de este año fue la misma Cristina de Kirchner, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, la que enrostró a Lorenzetti que la causa no había avanzado. Hizo esto en el marco de la disputa política que el gobierno sostenía con el “partido judicial”, a menos de dos meses de la muerte de Nisman. Al otro día, el presidente de la CSJ declara a los medios que “esa causa ya era un hecho juzgado”, basándose en una acordada de 1999 que dictaminaba que la investigación debía orientarse a establecer la culpabilidad de la Jihad Islámica (Canevari, Secretario de la Corte, era desde 1997 quien estaba al frente de la investigación, permaneciendo aún en ese cargo) Cometió un papelón, ya que en 2006 la Corte Suprema había dictado una resolución afirmando que la causa no había prescripto.
Tres años antes de esa acordada que ordenaba apuntar, sin pruebas, la investigación hacia la organización islamista, la Academia Nacional de Ingeniería realizó una investigación que determinaba que la explosión había surgido del interior de la Embajada, y no producto del coche con explosivos que luego sería la línea investigativa y por la cual se acusa a quienes hoy tienen pedido de captura.
Como se puede observar, idas y vueltas y maniobras judiciales signaron en estos 23 años la impunidad en uno de los mayores atentados, junto con el de la AMIA, y la explosión de la planta de Río Tercero, sufridos en territorio argentino.
Hoy, en las postrimerías del gobierno kirchnerista (gobierno sciolizado), los miembros de ese “partido judicial” parecen querer mover el avispero y utilizando esta causa, volver a acusaciones contra Irán, para intentar golpear a un gobierno que ha firmado acuerdos con ese país persa. Entre ellos el Memorando de Entendimiento, que de todas maneras siempre mantuvo la impunidad del Estado argentino sobre el atentado a la mutual judía.
Los únicos verdaderamente interesados en llegar a la verdad en la resolución de esta causa, son los familiares de las víctimas (al igual que en la AMIA), que siempre sostuvieron la necesidad de una apertura real de todos los archivos de inteligencia, cuestión que permitiría romper el manto de impunidad, por ejemplo sobre las fuerzas policiales que ese 17 de marzo de 1992 abandonaron la custodia de la Embajada.
El gobierno dirá que esos archivos ya fueron abiertos, pero la realidad es que sólo se “desclasificaron” y el decreto en cuestión ordena que, la ahora Agencia de Inteligencia, haga un “análisis previo de los documentos en los que se encuentre información sobre el atentado”…para desclasificarlos.
Por eso sólo una comisión investigadora independiente de los poderes del Estado, con plenos derechos para investigar, teniendo a su alcance absolutamente todos los documentos que conforman esos archivos secretos, podrá llegar a los verdaderos culpables de esa masacre.
