Opinión. La Corte Suprema y el peronismo del ajuste: la difícil tarea de ordenar un país sometido al FMI

Impostando una épica de la que carece por naturaleza, esta semana, con vacas y pasturas de fondo, Sergio Massa intentó una arenga y pidió “ordenar la política para ordenar la economía”.

Se ha señalado, en más de una ocasión, que esa discursividad invierte los términos de la relación causal. El desorden político emerge del desbarajuste económico que la administración frentetodista supo profundizar en el último trienio. Un caos que este viernes por la tarde volvió a manifestarse en el dramático índice inflacionario que mide el Indec.

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En ese constante derrumbe del poder adquisitivo que acosa a las mayorías populares se encuentra la simiente del desconcierto que atraviesa a todas las coaliciones políticas. Evidenciando la continuidad del desorden, este mismo viernes Alberto Fernández reincidió en el pedido de PASO, desafiando explícitamente a Massa. Anotemos, sin embargo, que el discurso presidencial suena como un eco cada vez más lejano.

En esa crisis de la economía radican, también, las razones del renunciamiento electoral de Cristina Kirchner. Atada a los vaivenes políticos del peronismo en el poder, esa renuncia aparece como un fantasma siempre a punto de esfumarse; como un engaño a punto de ser descubierto, para felicidad de sus partidarios. Esta perspectiva parece, sin embargo, seguir habitando el mundo de las ilusiones. Por el momento, pisando tierra en la cruda realidad, la vicepresidenta elige eludir la eventual derrota electoral. Esa ubicación podría leerse, también, como intento de preservación a futuro. Divisando el horizonte de un futuro gobierno de derecha, Cristina Kirchner podría verse a sí misma como la figura capaz de aglutinar -como ocurrió entre 2017 y 2019- a un peronismo fragmentado y derrotado.

En ese marco, el respaldo a “Sergio” aparece como su aporte voluntario a garantizar el ajuste implementado por órdenes del FMI. Detrás de la discursividad contra “la derecha” se encuentran los números duros: en el primer trimestre de 2023, el Gobierno redujo los gastos corrientes un 4,1% en términos reales. Eso según datos de la nada izquierdista Oficina de Presupuesto del Congreso

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Atado a sus propias contradicciones, el peronismo de la pobreza, el ajuste y la resignación sueña la ilusión de la debacle electoral cambiemita. Se encariña con las múltiples internas que cruzan a Juntos por el Cambio. Aplaude cada muestra de tensión entre Bullrich, Larreta y Macri. Al mismo tiempo -operando política y mediáticamente- sigue subiéndole el precio a Milei.

En el cálculo político oficial asoma la esperanza de otra leve posibilidad: levantar al derechista libertariano podría, eventaualmente, pavimentar el camino a un balotaje entre ese engendro amigo del gran empresariado y el eventual candidato del Frente de Todos. La lógica del mal menor, reafirmada ferozmente por CFK en su último discurso público, operaría ahí a máxima potencia.

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El “orden” judicial

En tiempos de crisis de representación, de separación entre representantes y representados, emerge el poder de burocracias, castas y corporaciones. Cartografiando esos momentos de crisis de hegemonía, el revolucionario Antonio Gramsci indicaba que son situaciones donde se refuerza “la posición relativa del poder de la burocracia (civil y militar), de las altas finanzas, de la Iglesia y en general de todos los organismos relativamente independientes de las fluctuaciones de la opinión pública” [1].

¿Puede concebirse, acaso, institución más ajena a la opinión pública que la Corte Suprema de Justicia?

El fallo judicial que suspendió las elecciones a gobernador en San Juan y Tucumán emerge como un intento de ordenar el tablero político. Como una suerte de acción reparadora ante el creciente desgaste de Juntos por el Cambio. No resulta exagerada la celebración de Patricia Bullrich o Macri. Tampoco excesivo el malestar que evidenció el Frente de Todos.

El llamado Partido Judicial juega las cartas en la escena nacional intentando nivelar la partida. Pone un siete de espadas en la mesa para advertirle a todo el peronismo que la política no se juega solo en el terreno de los votos y de los aparatos partidarios que coaccionan la voluntad popular.

El poder y la prepotencia que ostenta la casta judicial no son un imprevisto. Los enormes privilegios -materiales y simbólicos- de jueces y fiscales no sufrieron prácticamente daño en las últimas décadas. Más allá de su signo, las distintas fracciones políticas capitalistas acudieron por su ayuda cuando les resultó necesario. La “politización de la Justicia” se hizo bajo el signo de todas las gestiones estatales.

Otro intento de orden se confecciona desde el poder económico. Evidenciando amabilidad hacia Sergio Massa, los representantes del gran capital imperialista norteamericano, reunidos esta semana en el encuentro de AmCham, solicitaron más ajuste en el gasto público y mayor independencia del Banco Central.

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La demanda acompaña un pedido ejercido de manera sistemática desde Washington. Mientras reitera voluntad negociadora y debate condiciones para una eventual ayuda a la gestión peronista, el Fondo Monetario presiona por un ajuste más extenso. Exige un orden económico delineado en función del pago de la deuda pública. Una economía dirigida, en primer lugar, a garantizar los dólares necesarios para saldar esa herencia maldita e ilegal que legó el macrismo y el Frente de Todos se esfuerza en respetar. Esa injerencia del poder imperial se facilitó en grado extremo con la llegada de Massa al Ministerio de Economía, el hombre “nacido el 4 de Julio”.

Garantes del orden

La CGT rompió su silencio ensordecedor luego de siete meses solo para dar su aval a Sergio Massa. Una semana más tarde, reincidió en el uso de la palabra en defensa de los gobernadores feudales de Tucumán y San Juan. Su condena verbal a las consecuencias de la crisis social y económica carece de consecuencias. Se reduce a un largo y lastimoso lamento.

Esa defensa elude una cuestión esencial. Los regímenes electorales provinciales habitan un mundo donde la norma son los mecanismos fraudulentos. La Tucumán de Manzur y Jaldo funciona bajo el abiertamente antidemocrático sistema de acoples, que -multiplicando listas al infinito- implica una burla sistemática a la voluntad popular. La Ley de Lemas de Uñac poco tiene que envidiarle. Si se elige la simplificación conceptual, llamarles “feudales” no tiene nada de exagerado.

Presentando otra cara de la crisis, los movimientos sociales oficialistas anuncian su retorno a las calles. Lo harán junto a las organizaciones de desocupados independientes, el próximo jueves 18 de mayo. El sindicalismo combativo y la izquierda estarán también allí.

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Esa movilización debería funcionar como primer paso hacia un enfrentamiento abierto al conjunto de la política de ajuste. Apostar a una dinámica así implica pelear por imponer a las burocráticas conducciones sindicales el fin de la tregua eterna que sostienen. Ese combate se vería inmensamente fortalecido por un Encuentro nacional de trabajadores ocupados y desocupados, políticamente independiente del Gobierno y de las variantes patronales.

Una instancia de este tipo es la que viene publicitando el PTS-Frente de Izquierda desde hace meses. En la extendida territorialidad nacional existen múltiples conflictos que podrían hallar allí un centro de coordinación para desplegar una pelea común. Desde los mismos movimientos de desocupados que enfrentan el ajuste de Tolosa Paz y Massa, pasando por la docencia autoconvocada de Salta o los trabajadores metalúrgicos de la WEG cordobesa, hasta la dura pelea del Subte, que este lunes, todo indica, entrará en una etapa de mayor confrontación.

Crisis de representación y política

El complejo escenario nacional presenta las formas de una transición. Lo “viejo” no termina de morir. Habita un tiempo de las redefiniciones, marcado por la incertidumbre. La grieta -significante vacío de un período político nacional- parece ahogarse en el pasado.

Lo “nuevo” es un terreno en disputas; un escenario de combates donde la izquierda trotskista -hoy corporizada en el Frente de Izquierda- ofrece una perspectiva política independiente. Esa pelea hoy se libra, en parte, en el terreno político-electoral. Implica, entre otras cuestiones, trabajar para que el malestar con la política tradicional no encuentre un canal solo a derecha, en las rabiosas y reaccionarias ideas de Milei.

La gran elección protagonizada en Jujuy por Alejandro Vilca ejemplifica ese enfrentamiento. En la provincia norteña, desafiando los mecanismos fraudulentos del régimen radical-peronista, la lista encabezada por referente nacional del PTS-Frente de Izquierda logró la mayor votación histórica de la izquierda -en todo el territorio nacional- para el cargo de gobernador desde 1983 a la fecha.

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Pero, además, esos combates por una nueva política desde abajo son inescindibles de trabajar por la autoorganización democrática de la clase trabajadora -ocupada y desocupada-, de la juventud, del movimiento de mujeres y del pueblo pobre. Toda nueva política debe ser política de otra clase, ligada a la superación revolucionaria del decadente orden capitalista. Vinculada a la perspectiva de construir una nueva sociedad, radicalmente nueva, donde la explotación y la opresión sean recuerdos antiguos.