Ayer se realizó la primera audiencia pública desde que gobierna Cambiemos sobre la limpieza del Riachuelo. Los vecinos la vieron por una pantalla y no tuvieron voz. Sólo con preguntas, la Corte Suprema expuso la desidia de los gobiernos nacional, provincial y porteño.
Jueves 1ro de diciembre de 2016 10:47
En la audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia para que se rindan cuentas sobre el fallo que ordena a los estados nacional, bonaerense y porteño a limpiar el Riachuelo, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) no pasó la prueba.
A las 10 de la mañana comenzó una jornada tensa y que se extendió por más de tres horas. La Acumar debía rendir cuentas por las tareas ejecutadas este año en el marco del saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Entre balbuceos y estadísticas de sus autoridades, la Corte la terminó reprendiendo. “Lo que queremos que quede claro es que esto es una sentencia judicial. No está claro cómo se cumplirá", espetó Ricardo Lorenzetti, el presidente del máximo tribunal.
La causa había comenzado en 2003, cuando vecinos denunciaron al estado nacional, a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a unas 45 empresas asentadas en los 65 kilómetros de costa por el daño ambiental provocado en esa zona.
En 2008, la Corte Suprema emitió un fallo que encomendó tareas de limpieza a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño para detener los altos índices de contaminación del Riachuelo. En consecuencia, el Gobierno anterior creó la Acumar. La entidad conjuga el trabajo con los tres gobiernos que tienen competencia en el territorio: Nación, provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. De forma insólita, ayer algunos funcionarios respondieron sólo sobre lo realizado desde la asunción Cambiemos, a pesar de que los miembros de la Corte les respondieron que su trabajo debía basarse en la continuidad de las acciones.
El informe presentado por Acumar admite que desde 2008, cuando se dictó la sentencia, sólo se cumplió con el 20% de la misma, se concretó apenas el 10% de las soluciones habitacionales, se reveló que un tercio de los chicos analizados por contaminación de plomo en Dock Sud sufren problemas psicomotores y no se pudo precisar con exactitud que sucedió con los 5200 millones de dólares ya invertidos en la cuenca.
"Según los datos objetivos que presentan, estos indicadores del plan siguen siendo de gestión y no de resultados. Estos parámetros no permiten saber cuál es el nivel real de cumplimiento. Y lo que nos dice el informe es que ya hay USD 5.200 millones invertidos pero sólo se cumplió el 20% de la sentencia, ¿qué se hizo con eso?", inquirió Lorenzetti. En el recinto estuvo presente Sergio Bergman, actual ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, pero apenas participó.
Los jueces también indagaron sobre la asistencia a los niños que viven en la zona y que tienen problemas psicomotores. “El 34% de los chicos que viven allí sufren alteraciones psicomotoras”, afirmaron desde la corte. Pero desde Acumar se evadieron con estadísticas que no tenían que ver con ese problema específico. Esto irritó al juez Horacio Rosatti quien advirtió que “si no se puede establecer un diálogo con quien pueda responder preguntas es difícil hacer un seguimiento como necesita esta Corte”.
La contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo afecta a más de 7.000.000 de habitantes y son 14 los municipios afectados. Según datos oficiales, cerca de un millón de esos habitantes habitan en villas miseria en pésimas condiciones de vida. Según el informe presentado por Acumar, el organismo debería haber relocalizado a 17.771 viviendas, pero hasta diciembre de 2015 sólo se relocalizó el 20% y en el 2016 no se continuó con esa tarea.
Sin embargo, fueron los mismos vecinos los que quedaron afuera de la audiencia pública. "Es un error de la Corte no escuchar a los vecinos. Ellos no son cosas. Quieren ser parte de la solución y no ser tomados como el problema", afirmó Luis Duacastella, el defensor adjunto porteño.
Vecinos de la Villa 21-24, de la 26, del Asentamiento Lamadrid, del Complejo Mugica y de “El Pueblito” se acercaron a los tribunales y manifestaron sus críticas y preocupaciones. “Volvimos a reivindicar el pedido de participar de la audiencia y protestamos porque somos nosotros los verdaderos damnificados del estado del Riachuelo y aún así, no somos parte de esta causa. Mientras las autoridades especulan, la contaminación de la Cuenca se paga con sangre de los pibes”, indicó a Página 12 Paz Ochotello, una de las vecinas expulsadas de la audiencia.
Redacción
Redacción central La Izquierda Diario
