El máximo tribunal elevó un reclamo para cubrir las vacantes en el Poder Judicial que rondan el 30%.
Miércoles 28 de septiembre de 2016 10:07
Según la nota firmada por los cinco ministros del órgano de la Corte Suprema, se trata de vacantes que están por arriba del 30% de la totalidad de los cargos. Según informa La Nación, de 992 jueces de los tribunales federales, se encuentran 324 cargos vacantes.
La Corte Suprema señaló que “comparte la preocupación” y destacó la “delicada situación en que se encuentra el Poder Judicial” por la alta cantidad de vacantes. Hace unos días, la Corte expuso un informe de su coyuntura financiera, el cual presenta un superávit de 1000 millones de dólares.
"La izquierda plantea la elección de jueces a través del voto popular"
La Junta de Presidentes de Cámaras Federales y Nacionales señaló, al respecto, “expresando las demoras que se registran en materia de cobertura de cargos de magistrados, y las distintas problemáticas vinculadas a las subrogaciones en cada jurisdicción, en tanto afecta severamente el normal funcionamiento de los Tribunales y la eficiente prestación del servicio de justicia, de la manera en que lo exigen el principio republicano de gobierno y garantía de independencia del Poder Judicial".
"La situación mencionada se traduce en una significativa cantidad de designaciones de jueces subrogantes, lo que pone de manifiesto que el carácter extraordinario del sistema de integración y reemplazos se encuentra desvirtuado, en desmedro del desarrollo regular de la administración de Justicia", agregó el tribunal supremo.
El sistema de designación de jueces sí que no se discute
Según las declaraciones de los magistrados, esto genera demoras, congestión y “falta de justicia”. Sin embargo, una de las cuestiones que no se prestan a discutir es el carácter antidemocrático de sus designaciones.
Los jueces son elegidos prácticamente “a dedo” frente a los ojos de todo el pueblo trabajador. El sistema se inicia con el llamado a un concurso público por parte del Consejo de la Magistratura, órgano encargado de la selección de los jueces.
Sin embargo, de importancia fundamental es el papel del Poder Ejecutivo nacional; encargado del efectivo nombramiento en base a una terna presentada por el Consejo de la Magistratura. El Ejecutivo posee, según la Constitución de 1853, dentro de sus atribuciones la del nombramiento de “los magistrados de la Corte Suprema y de los demás tribunales federales inferiores, con acuerdo del Senado”.
A partir de allí, la designación debe tener el aval de dos tercios de la Cámara de Senadores de la Nación, como se dio en el caso de este año de los jueces Rosatti y Rosenkrantz a propuesta del macrismo y con el apoyo de los senadores del FpV.
En contraposición con este sistema de designación entre pasillos, la izquierda plantea la elección de jueces a través del voto popular, ya que, en última instancia, “el pueblo les paga (abultados sueldos) y ni siquiera los vota”.
