Héctor Meza murió electrocutado en 1996 cuando hacía arreglos en la Facultad de Medicina de la UNNE de Corrientes. El máximo tribunal tardó casi dos décadas en reconocer que fue un “accidente de trabajo” y ordenar indemnizar a la familia del joven.
Daniel Satur @saturnetroc
Lunes 20 de julio de 2015 13:37
La Corte Suprema de Justicia ordenó al Estado Nacional y a la provincia de Corrientes indemnizar con $600.000 más intereses por los 19 años transcurridos, a la familia de un operario que murió electrocutado cuando realizaba un arreglo en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).
El máximo tribunal fue el único que intervino en el proceso a lo largo de estos 19 años, con lo que la tardanza en hacer justicia es más que demostrativa de la “justicia de clase” que impera en Argentina.
Héctor César Meza, de 19 años, murió el 4 de junio de 1996, mietras reparaba un equipo de aire acondicionado en el Hospital Escuela de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste. Su cadáver fue hallado un día más tarde, "con la cabeza contra la pared oeste de la habitación y con las piernas bajo la maquinaria de refrigeración", con signos de "tetanización respiratoria, típica de muerte por electrocución", sostiene el fallo.
La madre de Meza, Dora, demandó al Estado Nacional, la UNNE y la Provincia de Corrientes, "a fin de obtener una indemnización por los daños y perjuicios derivados de la muerte de su hijo", quien se desempeñaba como técnico de refrigeración de la empresa Technial.
Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda acaban de reconocer, 19 años después, que la "muerte se produjo en ejercicio o en ocasión de sus funciones".
A su vez la Corte Suprema afirma en el fallo que la madre de la víctima "ha cumplido con la carga de probar el hecho y aportar los elementos que autorizan a tener por establecida la relación de causalidad entre el hecho generador y el daño, en la medida en que ha logrado formar la convicción necesaria al respecto".
"Las codemandadas son responsables. En los hechos examinados, el dueño y guardián habían creado un riesgo del cual se siguió un daño", sostiene la resolución de 34 páginas y en la parte resolutiva se dispone la indemnización por $600.000 y estableció que "los intereses se deberán calcular desde el 4 de junio de 1996".
Obviamente, cuando se trata de la vida (o de la muerte) de los hijos de la clase trabajadora, la “Justicia” si llega lo hace tarde y mal. Justicia de clase, lisa y llanamente.
Fuente DyN
Daniel Satur
Nació en La Plata en 1975. Trabajó en diferentes oficios (tornero, librero, técnico de TV por cable, tapicero y vendedor de varias cosas, desde planes de salud a pastelitos calientes). Estudió periodismo en la UNLP. Ejerce el violento oficio como editor y cronista de La Izquierda Diario. Milita hace más de dos décadas en el Partido de Trabajadores Socialistas (PTS) | IG @saturdaniel X @saturnetroc
