El Gobierno del PSOE y UP aplica la ley mordaza a 28 activistas antimilitaristas por una protesta pacífica en la sede de la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra, rebautizada por los activistas como “Escuela de Paz” el pasado 28 de junio durante la Cumbre de la OTAN que tuvo lugar en Madrid.
Lunes 12 de diciembre de 2022
El pasado 28 de junio tuvo lugar una protesta pacífica contra la cumbre de la OTAN en Madrid, de la cual era anfitrión el Gobierno español, en un marco de aumento del militarismo y rearme imperialista, del cual la reciente aprobación por parte del PSOE, Podemos y el PCE de los presupuestos militares, ha sido una de sus máximas expresiones.
Los activistas se reunieron en esta instalación militar para pintar consignas a favor de la paz, desplegar pancartas y mostrar su rechazo a la Cumbre de la OTAN. La protesta promovida por Desarma Madrid, fue secundada por militantes de Alternativa Antimilitarista, Ecologistas en Acción, Mujeres de Negro contra la Guerra Madrid, Yayoflautas Madrid, CGT, BDS Madrid, Fridays For Future y CSOA La Enredadera.
"En un día que Madrid estaba totalmente militarizado y blindado porque el 29 empezaba la Cumbre de la OTAN en Madrid, 28 activistas con babis reconvirtieron la fachada de la Escuela de Guerra del Ejército en una Escuela de Paz, con pintadas, canticos y bailes. La delegación de gobierno ‘más progresista’ ha decidido hacer el trabajo sucio de perseguir a las activistas de Desarma Madrid y otras organizaciones con una multa desproporcionada de 16.800 euros”, ha denunciado en declaraciones a ID Enrique Quintanilla de Desarma Madrid.
Es destacable que la Delegación de Gobierno de Madrid sea la que ha decidido dar un castigo ejemplar a los activistas bajo el pretexto de un “deslucimiento de bienes inmuebles de uso público”. El propio Gobierno ha decidido sancionar a los activistas a través de la Delegación en vez del Ministerio de Defensa para que el ataque antidemocrático contra una protesta que denuncia el imperialismo del Ejecutivo no resulte tan escandaloso.
“Una vez más desde la Delegación de Gobierno, se recurre a la Ley Mordaza y la burorrepresión, para reprimir a movimientos sociales”, sostiene Santiago de la Iglesia, Sec de Acción Social de CGT Madrid, también multado por la acción de protesta. Con esta acción “la desobediencia civil del movimiento antimilitarista vuelve a mostrar su eficacia para denunciar la subordinación del ‘Gobierno más progresista de la historia’ a los intereses de la OTAN y la industria militar. En consecuencia, frente a su hipocresía: nuestra desobediencia, solidaridad y movilización”, ha afirmado el sindicalista en conversación con Izquierda Diario.
En un comunicado conjunto, las y los activistas multados denuncian que “se ha sancionado indiscriminadamente a 28 activistas acusándoles en la mayor parte de los casos de presuntos delitos que no cometieron.” Para hacerlo, la delegación de Gobierno se ha valido de la Ley Mordaza, una norma reaccionaria que ha sido mantenida por el Ejecutivo tras su aprobación por el PP, y como lo hizo la derecha se sigue empleando para sancionar y perseguir las protestas que cuestionan la imagen progresista de un gobierno que avanza a pasos de gigante hacia la derecha.
La actuación de la Delegación de Gobierno no sorprende, ya que ha sido el propio Gobierno del PSOE y Unidas Podemos los que han actuado en todo momento como leales ministros de la OTAN, enviando ingentes cantidades de armamento a Ucrania, sancionando la masacre de migrantes en Melilla, haciendo oficial el tradicional abandono al Sáhara Occidental, y votando los presupuestos militares. Estos presupuestos generales que se han presentado como “los más sociales”, aumentan el gasto militar en más de un 25% siendo los más militaristas de los últimos cuarenta años. El gasto militar y en Defensa pasa de 9.791 millones de euros a 12.317 millones a los que se suman, entre otras partidas, 14.790 millones de euros en préstamos a la industria militar. Este aumento es equivalente a la cuantía de casi todos los ministerios de vocación social juntos.
Las y los activistas multados afirman en el comunicado antes citado que: “se comprometen a llevar este proceso tan lejos como haga falta, con el apoyo jurídico de las compañeras de Legal Sol, conscientes de que las multas solo tienen por objeto la represión y desalentar a otras activistas de salir a la calle a protestar. Seguiremos protestando, porque lo cierto es que la guerra empieza aquí con su preparación, el desmedido presupuesto militar y los recursos técnicos, tecnológicos y humanos destinados a sostenerla, y aquí es donde hemos de pararla. Nos seguiremos encontrando en las calles.”
Ante este nuevo atropello antidemocrático, Lucía Nistal, portavoz de la CRT en Madrid e integrante de la Asamblea Popular contra la Guerra junto a muchas de las personas multadas, ha dicho que “con esta medida vemos claramente cómo el ’gobierno progresista’, que llegó prometiendo derogar la ley mordaza, continúa utilizándola para acallar la protesta y, por si fuera poco, se dota de nuevas leyes represivas como la mordaza digital o la persecución al derecho a manifestación que incluye la última reforma. Y utiliza esta ley vergonzosa nada menos que para castigar a las voces que salen a criticar sus presupuestos militares imperialistas. Pero seguiremos saliendo a denunciar estos presupuestos de la guerra y todos los ataques represivos del gobierno. Desde la CRT mandamos todo nuestro apoyo a los compañeros y quedamos a su disposición para lo que necesiten, ni un paso atrás".
Desde Izquierda Diario enviamos toda nuestra solidaridad con las y los activistas represaliadas y seguiremos informando sobre las acciones que se realicen en rechazo a esta nueva acción represiva.
