El enfrentamiento entre el Tribunal Supremo (léase el gobierno) y la Fiscal General se agudiza a pocos días de una decisión de este Tribunal de destituirla y colocar a alguien funcional al chavismo.
La Izquierda Diario Venezuela @LaIzqDiario_VE
Viernes 7 de julio de 2017
El Ministerio Público (MP) negó este jueves la entrada a la Vicefiscal general, Katherine Haringhton, designada en el cargo por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) pero desconocida por la Fiscal General, Luisa Ortega, quien nombró recientemente a Rafael González como titular de ese despacho, y quien fuera ratificado por la Asamblea Nacional.
La fiscal general, convertida en la principal figura de confrontación para el Gobierno de Maduro –entre sus sectores disidentes-, estuvo este martes al borde de su destitución y de ser enjuiciada en un proceso iniciado en el TSJ luego de un fuerte distanciamiento del gobierno de Maduro. Pero terminado el antejuicio, el presidente del máximo Tribunal, Maikel Moreno, informó que la decisión final sobre el proceso de enjuiciamiento sería anunciada en un plazo de cinco días, es decir, el próximo sábado.
Horas antes, ya habían allanado el terreno para una eventual salida de Ortega con la destitución de su actual Vicefiscal, Rafael González, y designando en su lugar a Katherine Harrington, una exfiscal y exviceministra del gobierno de Maduro. Haringhton, se encuentra entre los sancionados por Estados Unidos en 2015 con congelación de bienes y prohibición de entrada a ese país.
La fiscal general salió en ese momento al encuentro de la decisión del TSJ, pidiendo estar alerta "porque es la muerte del derecho, la muerte del estado de derecho, la pérdida de las instituciones y quizás se está cerrando la última puerta que queda de la democracia que es el Ministerio Público", agregando que en Venezuela "se ha desmantelado el estado de derecho, se ha venido abajo, estamos más bien en un estado de terror". Señalando por tanto que no acudiría a la citación del TSJ para el antejuicio ya que no iría a "convalidar un circo" que teñirá la historia de Venezuela de "vergüenza y dolor" pues la "decisión está cantada".
Pero el TSJ obviamente no se iba a quedar en el “esperar” que la Vicefiscal general tomara pose hasta su decisión final sobre la Fiscal general, indicándole asumir su cargo para lo cual había sido juramentada. Así, Katherine Haringhton, llegó hasta las puertas de la Fiscalía acompañada por varios funcionarios del Tribunal Supremo y lo único que encontró fue el paso cerrado, entregando nada más una carta que le acredita como Vicefiscal general, solo restándole declarar que: "Aquí estoy, yo tengo una misión, una función, he sido juramentada para cumplirla (...)”.
Acto seguido, la fiscal general escribió a través de su cuenta en Twitter que denunciaba "la pretensión arbitraria de la Vicefiscal nombrada por el TSJ de ingresar al Ministerio Público". Por ello, Ortega responsabilizó a la Guardia Nacional y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) "de cualquier situación irregular que ocurra contra la sede y funcionarios" de la Fiscalía.
La fiscal general se ha distanciado del Gobierno al denunciar la ruptura del hilo constitucional por parte del Supremo y al oponerse a la convocatoria de la Constituyente que promueve el chavismo, cuestionar la represión llevada a cabo el gobierno de Maduro, lo que le ha valido que desde el chavismo la tilden de "traidora". La Constituyente fue lanzada por el gobierno con la intensión de ganar tiempo tras la crisis abierta a fin de marzo cuando el TSJ le quitó las atribuciones a la Asamblea Nacional (dominada por la derecha), y desató un proceso de movilizaciones por parte de la oposición que siguen hasta el día de hoy.
Es que la Fiscal General es la expresión más notable de las grietas que ha tenido el chavismo de más alto rango, y a estas alturas se ha transformado en una de las figuras más emblemáticas que ha surgido en estos tres meses de la escalada política de la crisis. Luisa Ortega es hoy el principal problema para el gobierno de Maduro y un punto que la oposición de derecha aglutinada en la llamada Mesa de Unidad Democrática (MUD) buscó aprovechar, de allí los mayores aprestos que ha tenido el gobierno para buscar sacarla del juego político con su anulación vía el TSJ.
Como escribimos en un reciente artículo, con esta nueva movida política el gobierno de Maduro avanza en la concentración de poderes y un mayor autoritarismo, en otras palabras en una mayor bonapartización, ahora dando un paso más en buscar en destituir a la fiscal general y designar a un representante en el Ministerio Público a alguien que le sea funcional a sus intereses.
Mientras tanto la crisis política se profundiza en una cuenta regresiva hacia el 30 de julio fecha de las elecciones para la farsa de Constituyente de Maduro, en total crisis, y a la que solo se han inscrito representantes del chavismo y que es rechazada por alto sector de la población, lo que llevó incluso que el propio Maduro sostuviera este jueves que se usen las listas de los empleados de toda la administración pública para vigilar que todos los trabajadores voten "sin excusas" en la elección declarando “agarrar la nómina y llamar a todos los trabajadores, llamar a los que tengan carnet de la patria y organizar la forma en que van a ir a votar a las 5.00 el domingo 30 de julio en cambote (grupo)".
Mientras tanto el gobierno avanza en su bonapartización y la oposición de la MUD acude a su demagogia con su llamado a un referendo para el 16 de julio, ambos embaucando al pueblo trabajador. Por eso, ni el gobierno de Maduro ni la oposición de la MUD pueden ser alternativa para los trabajadores y los sectores populares que sufren los mayores padecimientos de la crisis, por lo que más que nunca, en la crisis imperante, hay que luchar por una salida independiente de la clase trabajadora y el pueblo pobre.
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