A dos semanas de los atentados de Barcelona y Cambrils, la Guàrdia Urbana reprime a un grupo de manteros ¿se recrudece la persecución hacia los sectores más pobres e inmigrantes?
Jueves 31 de agosto de 2017
Foto: video de @alabamawo en Twitter
Este miércoles la Guàrdia Urbana de Barcelona volvía a reprimir duramente contra sectores de vendedores ambulantes, más conocidos como “manteros”, en la estación de metro de plaza Catalunya, una de las zonas más vigiladas.
A media tarde un grupo de manteros acudía en ayuda de uno de ellos que permanecía retenido por la seguridad privada de TMB -Transports Metropolitans de Barcelona-. Es entonces cuando una decena de agentes de la Guàrdia Urbana empezaron a cargar a golpe de porra hasta hacer retroceder a los vendedores ambulantes. Una estampa nada fuera de lo común durante los últimos años viniendo de la policía local de Barcelona.
Casi dos semanas después de los atentados reivindicados por el ISIS en Barcelona y Cambrils, las fuerzas de seguridad vuelven a demostrar su verdadero rostro represivo, lejos de la máscara de “héroes” que se les atribuye a los Mossos d’Esquadra y a la Guàrdia Urbana (en menor medida) por parte de la “unidad nacional” en Catalunya y sus principales medios de comunicación.
Una “unidad nacional” en torno a los atentados, ya sea desde el Gobierno central y la Monarquía o desde las instituciones de la burguesía catalana, que pretende instrumentalizar el dolor de las víctimas para profundizar en las políticas securitarias y reforzar una represión que siempre afecta a los sectores más pobres. Entre ellos, sin duda, la comunidad árabe/musulmana a la que también pertenecen la mayoría de los “manteros” organizados en el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona.
Y en esas estamos. No han tenido que pasar muchos días para que los “manteros” prueben en sus carnes ese reforzamiento de la represión institucionalizada y esa persecución que vienen sufriendo desde hace mucho por parte de la Guàrdia Urbana. Una policía que hoy está dirigida por el “Ayuntamiento del cambio” de Barcelona en Comú y que en la práctica ha demostrado no desmarcarse ni un ápice de la unidad nacional surgida a raíz de los atentados, ubicándose en primera línea junto a Puigdemont, Rajoy y Felipe VI.
Desde la llegada de Barcelona en Comú al Ayuntamiento de Barcelona el colectivo de “manteros” viene sufriendo una espiral de persecución policial con agresiones físicas y verbales casi diarias en las salidas de metro, registros a domicilios, identificaciones y la confiscación sistemática de los productos que venden para subsistir. Todo ello, sin descontar las decenas de sanciones económicas que merman aún más, si cabe, la supervivencia de uno de los sectores más desprotegidos.
Una campaña represiva que se ha ido profundizando hasta el pasado mes de mayo de 2016, fecha en la que Sidil Moctar se convertía en el primer preso social del Gobierno de Barcelona en Comú. Moctar fue acusado y juzgado por un delito de lesiones simplemente por defenderse del acoso e intimidación policial al que son sometidos a diario. Otro caso fue el de Issa Seye, internado en el CIE de Zona Franca durante 52 días tras ser detenido por una veintena de agentes de la Guardia Urbana. A todo eso, además, hay que añadirle la persecución sin cuartel que han venido sufriendo los principales portavoces del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, organización formada precisamente para luchar contra este aumento de la represión y buscar una alternativa que permita a los “manteros” un futuro mejor.
Una situación de persecución hacia los sectores inmigrantes y “sin papeles” que tras los atentados será aprovechada para seguir incrementándose. En ese aspecto, la carga policial de la Guàrdia Urbana este miércoles puede ser tan solo un primer paso hacia ese aumento de la persecución.
Acciones policiales como estas, además, ponen de manifiesto que el incremento de las ideas islamófobas por parte de partidos y grupos de extrema derecha aprovechando los atentados, puede servir como plataforma para el incremento del racismo institucional bajo la excusa de la seguridad. Muestra de ello es la forma en que los medios de comunicación adeptos a los partidos burgueses presentan a los “manteros” como un colectivo delictivo y con una actitud agresiva.
Por su parte, en cuanto a la actividad de la Guàrdia Urbana, cabe decir que la “alcaldesa del cambio”, Ada Colau, está hoy muy lejos del cumplimiento de su programa electoral. Y es que, en 2015, en el punto siete del eje de seguridad se planteaba la “disolución de la Unidad de Policía Administrativa y de Seguridad (UPAS) de la Guardia Urbana”. La UPAS es la unidad de antidisturbios que en el mismo programa de BeC denunciaban que “demasiado frecuentemente se ha visto envuelta por denuncias de maltratos por parte de la ciudadanía”.
En ese sentido, BeC no solo no ha avanzado ni un milímetro hacia la disolución de esta unidad policial, sino que desde el primer momento la ha puesto a pleno rendimiento contra la venta ambulante. La UPAS está hoy plenamente operativa y lista para un segundo “round” que profundice la persecución hacia los “manteros” en particular y los sectores inmigrantes en general.
