De acuerdo con los datos podría generarse la siguiente radiografía del comportamiento policial respecto al consumo y tráfico de drogas en Costa Rica: más de la mitad de las intervenciones policiales tienen como justificación la violación a la Ley de Psicotrópicos, principalmente en zonas con bajos índices de desarrollo y con fuertes dinámicas de exclusión e informalidad. Las personas condenadas se concentran en jóvenes de entre 15 y 30 años, los cuales difícilmente podrán participar de nuevo de la oferta y demanda de trabajo formal. Todo esto, mientras la burguesía ilegal del narco mantiene intactas sus millonarias ganancias, condenando a la represión y la muerte a miles de jóvenes.
Lunes 20 de abril de 2020
Las políticas punitivas en toda la región han generado procesos de criminalización de la juventud empobrecida y un reforzamiento de las fuerzas represivas. Al mismo tiempo, las raíces del narcotráfico se extienden en la administración pública en forma de corrupción, con empresarios cubiertos en paraísos fiscales y un sector de la juventud atrapado entre la violencia de la policía y la violencia del narco. Urge legalizar y atender este problema de salud pública.
La llamada “Guerra contra el Narco”, ha implicado laprofundización de la presencia militar del imperialismo norteamericano en la región desde finales de la década de los 90. Lejos de dar los resultados “prometidos”, como la disminución del tráfico de drogas, más bien transformó sus rutas de comercio -modificando su paso a ser principalmente por tierra-, provocando condiciones de enriquecimiento y de ejercicio del poder y violencia para nuevos actores. Es porque el objetivo de la "Guerra contra el Narco" no es detener el tráfico de drogas, sino extender todavía más el dominio militar estadounidense sobre la región.
La posición estratégica de Centroamérica (entre América del Norte y del Sur y entre el Caribe y el Pacífico) condicionó las nuevas dinámicas del tránsito y almacenamiento de droga en la región. Tomando el caso de la cocaína, en la región centroamericana se decomisa cerca del 12% de la cocaína a nivel mundial, al tiempo que el valor agregado de la cocaína que no es decomisada, crece de manera exponencial en su tránsito por tierra.
Comportamiento del valor agregado de la cocaína en su trayecto de Colombia a Estados Unidos
Fuente: Crimen y Violencia en Centroamérica. Un desafío para el desarrollo. (2011).
Sumado a esto, los datos del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) aseguran que el 93,1% de las incautaciones de droga realizadas en el territorio no superan los 5 gramos de droga. El foco de la represión del Estado lejos de atacar las ganancias ilícitas de la gran burguesía ilegal (y de sus socios en la legalidad, ya sean políticos, empresarios o los propios cuerpos judiciales que facilitan el lavado de capitales y bienes), se fija sobre los jóvenes sumidos en el narcomenudeo -tráfico de dosis personales y aprovisionamiento, que representa una estrategia de subsistencia y supervivencia para la juventud sumida en territorios con alta exclusión social.
Pareja peligrosa: Narcotráfico y exclusión social
Para comprender a fondo la dinámica del narcotráfico y su vínculo con la juventud empobrecida, hace falta detenerse en la dinámica de la exclusión social. Producto de los cambios generados por el impulso de la agenda neoliberal el acceso tanto a mercados laborales legales, como el propio acceso a la educación formal, condicionan a sectores cada vez mayores de jóvenes, especialmente en territorios abandonados por la inversión estatal, como es el caso de zonas de marginalidad urbana y en costas cercanas a las fronteras.
En estos territorios, vaciados de la intervención del Estado, existe un abismo entre lo que se aspira como calidad de vida y las posibilidades de alcanzarlo. La manera de resolver ese abismo es con las economías ilegales, en donde el uso de la violencia es central, propio de un sistema económico dirigido por una minoría de explotadores y una enorme mayoría de explotados.
Mapa según violación a la ley de Psicotrópicos
Fuente: Observatorio de la Violencia
Respecto de la caracterización de las personas que más padecen de este aumento de la violencia, para el caso costarricense se puede afirmar, de acuerdo con datos suministrados por la Comisión Técnica Interinstitucional sobre Estadística de Convivencia y Seguridad Ciudadana (COMESCO), que son personas jóvenes, concentrando el 45% del total de víctimas de homicidios dolosos en las edades entre los 15 y los 29 años en el año 2016. Este también es el grupo etario el que más fue condenado judicialmente, con un 42% del total de personas sentenciadas.
Reiteramos, es importante dar cuenta del abismo entre lo que se aspira como calidad de vida y las posibilidades de alcanzarlo, según las propias herramientas que brinda la desigualdad producto de un sistema económico dirigido por una minoría de explotadores y una enorme mayoría de explotados.
Estado, policía y criminalización de la juventud
A pesar de que en Costa Rica, el discurso de la Reforma Policial desde 1994 supuestamente iba velar por la implementación de programas de prevención y cercanía a las comunidades, lo cierto es que el reforzamiento del aparato represor y la construcción de enemigos en el discurso de la prensa, ha dado como resultado una mayor criminalización de la juventud, sobretodo aquella proveniente de los sectores más empobrecidos y sistemáticamente excluidos.
En el 2016, según las cifras de COMESCO, del total de actuaciones de la Fuerza Pública, un 58,8% están relacionadas con la Ley de Psicotrópicos, y respecto de las motivos de condena, los relacionados a la Ley de psicotrópicos ocupan un segundo lugar. Para países como Argentina, esta criminalización ha aportado al “colapso” del sistema judicial, presentando cifras que muestran un 80 % de todos los expedientes abiertos en la fiscalía son por tenencia de marihuana para consumo personal. Según el Programa Estado de la Nación, la población carcelaria aumentó en un 60% entre el 2005 y el 2015.
Por otro lado, para la dinámica de legitimación de bienes y capitales, principal método de acumulación de riqueza de la burguesía ilegal y parasitaria del narcotráfico, se estima que entre 2004 y 2013 en Costa Rica se legitimó una suma de $11.346 miles de millones. El contraste entre las detenciones por violación a la Ley de Psicotrópicos en 2016 (un total de 73.457) y la cantidad de casos ingresados por la fiscalía por legitimación de capitales (74 casos) da cuenta del abismo en el tratamiento del problema por parte de las autoridades.
Proporción de personas condenadas por legitimación de capitales con respecto al total de condenados por infracción a la Ley N° 8204. (2010-2017)
Fuente: Informe de Situación Nacional sobre Drogas y Actividades Conexas (2017)
De acuerdo con los datos podría generarse la siguiente radiografía del comportamiento policial respecto al consumo y tráfico de drogas en Costa Rica: más de la mitad de las intervenciones policiales tienen como justificación la violación a la Ley de Psicotrópicos, principalmente en zonas con bajos índices de desarrollo y con fuertes dinámicas de exclusión e informalidad. Las personas condenadas se concentran en jóvenes de entre 15 y 30 años, los cuales difícilmente podrán participar de nuevo de la oferta y demanda de trabajo formal. Todo esto, mientras la burguesía ilegal del narco mantiene intactas sus millonarias ganancias, condenando a la represión y la muerte a miles de jóvenes.
Por otro lado, el propio Ministerio de Seguridad, a lo largo de las administraciones gubernamentales que tanto han insistido en la austeridad y el recorte, ha sido de los sectores en que la inversión estatal ha crecido. Las donanciones de equipo especial, como las famosas “Bestias” (camiones de tipo tanqueta donados por el gobierno estadounidense), han servido especialmente para el ejercicio de la represión contra las manifestaciones de la clase trabajadora, como fue demostrado durante la heugla contra el Plan Fiscal y el ajuste del FMI en el 2018. Este aparato represor cuesta más de 900 millones de dólares al año, muy por detrás de los otros países de Centroamerica, que invierten en sus aparatos represivos alrededor de 200 millones de dólares.
Por una salida revolucionaria para la juventud: legalización
Frente a la dinámica expuesta entre las redes de tráfico de drogas, la exclusión social y el comportamiento de los cuerpos policiales, la solución impuesta por el imperialismo norteamericano, seguido al pie de la letra por los gobiernos de la región, lejos de remediar, profundiza esta dinámica. Como respuesta a las acciones de los cárteles de grandes narcotraficantes y al Estado punitivista, desde la izquierda, el llamado es a la legalización de las drogas, en contra de la criminalización y la persecución a la juventud y a los sectores empobrecidos.
Para combatir el narcotráfico hay que atacar de manera incisiva los mecanismos financieros que permiten el blanqueo de capitales de los empresarios y políticos socios del narco, expropiando y nacionalizando todas sus propiedades y sus cuentas bancarias.
Ante el accionar de los carteles y su asociación con el Estado, estamos por la legalización de todas las drogas y por su producción y comercialización bajo gestiones obreras. El problema de las drogas es de salud pública y por tanto requiere una política de la clase trabajadora que no implique el fortalecimiento del aparato represivo del Estado y asegure la atención médica necesaria.
La lucha por la legalización de todas las drogas -que parte de una demanda democrática elemental como es el derecho de cada quien a decidir sobre su propio cuerpo- sólo puede lograr sus objetivos basada en la movilización en las calles, sin confiar en la justicia punitivista, los partidos ni el resto de las instituciones de este régimen coludido con el narcotráfico y agente directo de la política imperialista.
Desde La Izquierda Diario entendemos que la legalización de todas las drogas permitiría mejorar la calidad de las sustancias, regular sus efectos más adversos, dar garantías a las y los consumidores, combatir el narcotráfico y atender los casos de uso problemático de las drogas que, como demuestran las estadísticas, son la inmensa minoría de quienes consumen drogas. Además, se sinceraría el tratamiento contra los efectos más nocivos de todas drogas, incluyendo las que hoy son legales como el alcohol, el tabaco o determinados medicamentos.