DERECHO A LA MUERTE DIGNA. La Iglesia llama a la objeción de conciencia contra la Ley de eutanasia

La aprobación de la Ley de Eutanasia o el derecho a una muerte digna supone un avance en las libertades democráticas. Sin embargo, el texto aprobado en el Congreso ha reconocido que los profesionales sanitarios directamente implicados en esta prestación “podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia”, un reparo que “deberá manifestarse anticipadamente y por escrito”. Como estaba previsto, no se ha hecho esperar el llamamiento público de todos los obispos a la objeción de conciencia contemplada en la normativa.

Así se ha hecho saber a través de una declaración de la Conferencia Episcopal. El secretario general de la misma, Luis Argüello, en representación de todos los obispos, ha calificado la aprobación de la ley como una "mala noticia" que legaliza “una forma de homicidio”. “Los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida realizan una atenta mirada a la sociedad actual con el avance de la cultura de la muerte, por la proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia”.

Contrariamente a las afirmaciones de los obispos, el derecho a una muerte digna no elimina el recurso de evitar el sufrimiento mediante cuidados paliativos. La ley establece que podrá solicitar su derecho a la “muerte asistida” en la sanidad pública cualquier persona mayor de edad con residencia en España “en plena capacidad de obrar y decidir”, y que lo haga de forma “autónoma, consciente e informada”, cuando se padezca un “sufrimiento físico o psíquico que considere intolerable” por padecer una enfermedad grave e incurable con un pronóstico de vida limitado o “un padecimiento grave, crónico e imposibilitante” sin posibilidad de curación o mejoría apreciable.

La Iglesia ha declarado que “se transmite la idea de que la eutanasia es una cuestión únicamente religiosa” y ha criticado abiertamente la idea de que “en una sociedad pluralista la Iglesia —o cualquier confesión religiosa— no puede, ni debe, imponer sus opiniones". La Conferencia Episcopal ha declarado en un documento elaborado para la “Jornada por la Vida” que “nos equivocaríamos si cayéramos en el derrotismo al pensar que esto no tiene solución o que no hay marcha atrás. También sería equivocado vivir con los brazos cruzados en un constante espíritu de queja".
Javier Velasco, presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) afirma que la Iglesia “quiere imponer creencias en la ley, prohibiendo a los ciudadanos que hagan uso de las libertades que no vayan de acuerdo con sus creencias". Velasco ha señalado que los obispos ya "se han aliado con ciertos sectores de colegios profesionales médicos, entre otros el de Madrid, que están movilizando al personal sanitario para que objete". El portavoz de Europa Laica, Juanjo Picó, ha declarado que la nueva ley "afecta a la moral católica", sin embargo, no cree que los obispos necesiten “salir a la calle”. "En todo caso, tiene sus organizaciones ultracatólicas para que lo hagan”.

Sin embargo, es un hecho objetivo que la Iglesia basa gran parte de su poder económico y político en los pactos con el Estado y su financiación con dinero público, además de la influencia que tiene en la educación. Algo que no ha cambiado en absoluto con la presencia del Gobierno “progresista”. A pesar de las aparentes discrepancias entre la Conferencia Episcopal y la Moncloa, el que PSOE y UP hayan mantenido el derecho a la objeción de conciencia en la Ley de eutanasia aprobada es una prueba de ello. La aprobación y los debates sobre la eutanasia han ido acompañados de diversas campañas lanzadas por la Iglesia contra la tramitación de esta nueva norma. De este modo era más que previsible que, de contemplarse la objeción de conciencia, la Iglesia recurriría a ella para impedir la aplicación real de este derecho a una muerte digna.

Un regalo del Ejecutivo a la Iglesia que no es extraño si tenemos en cuenta los profundos vínculos de la Iglesia con el conjunto de las instituciones del Estado español. Uno de ellos es el de su financiación con dinero público: inmatriculaciones, sueldos a sacerdotes, entradas a monumentos, subvenciones, exención de impuestos, el mercadeo de la caridad… que el Gobierno de coalición no ha hecho más que mantener. Solo respecto al IBI −impuesto que no paga−, la Iglesia se ahorra 700 millones de euros al año. Pero esta es solo una estimación porque la Conferencia Episcopal Española afirma desconocer cuántos bienes exentos de impuestos posee la institución, y por supuesto el estado no hace nada para que esto se pueda conocer. Cáritas −solo una de las entidades sociales de la Iglesia− obtuvo por la vía de las administraciones públicas 88,4 millones de euros en 2016.

Te puede interesar: Iglesia S.A. Dinero y poder de la multinacional vaticana en España

En el plano educativo, a pesar de las sobreactuadas diferencias que mantiene la Iglesia con la nueva reforma impulsada por el PSOE y UP, la LOMLOE mantiene los principales privilegios de la educación concertada, mayoritariamente católica. A través de los distintos acuerdos entre el Vaticano y el Estado se trata de mantener los feudos de la iglesia en el ámbito educativo: 2.500 centros a lo largo de todo el Estado mantenidos mediante los impuestos de los y las trabajadores. En total el Estado dedica cada año 4.866 millones de euros a la educación concertada católica. Además, el dinero destinado a la educación concertada va en aumento (un 50,4% desde 2004) y con ello la influencia de la Iglesia en las aulas. La inversión en la escuela pública ha descendido, mientras tanto, en 6.400 millones en comparación con los tiempos previos a la crisis.

Es bastante cínico que los obispos hayan sacado a relucir el tema de la “cultura de la muerte” cuando ellos mismos han sido sus principales defensores a lo largo de la historia. Baste con señalar su papel protagonista en la Guerra Civil y en los cuarenta años de dictadura, donde fueron uno de los pilares del régimen franquista. Un tema muy actual si tenemos en cuenta que los investigadores y los familiares de los desaparecidos aún tienen obstáculos insalvables para acceder a los archivos históricos de la Iglesia en los que hay una enorme cantidad de documentación sobre la Guerra Civil y el franquismo que ayudaría a encontrar a miles de asesinados.

Es hora de luchar por separar de una vez por todas esta reaccionaria y obsoleta institución que es la Iglesia de la organización del Estado. Los ritos de la iglesia católica no pueden seguir siendo pagados con el dinero público, sino por los propios creyentes. La educación ha de ser, asimismo, universalmente pública, gratuita, y fuera de toda influencia de atavismos religiosos.