Catalunya. La Junta electoral quiere acallar los balcones catalanes

Este 4 de octubre a las 15h se cumple el plazo máximo que la JEC da para retirar todo tipo de “expresiones coincidentes o similares a las utilizadas por las entidades políticas concurrentes a las elecciones”. Esto significa que nada de “banderas esteladas, lazos amarillos u otros de análogo significado, fotografías de políticos, pancartas, carteles o cualquier otro símbolo partidista”.

Al igual que la JEC hizo para las elecciones pasadas, los balcones de edificios públicos de la Generalitat deberán ser “neutrales”. La delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, deberá informar a la Junta sobre si se ha retirado toda la simbología. Si Torra no cumple con lo que le ordenan los jueces deberá atenerse a las posibles consecuencias “administrativas y, en su caso, penales”. Y, todo esto por una denuncia de Ciutadans.

Torra ya tiene una investigación abierta con la Junta Electoral porque le habían ordenado retirar el cartel de la fachada de la Generalitat en las elecciones del 28A. Al no hacerlo, la JEC le abrió una causa judicial que se postergó para el 18N, una semana después de las próximas elecciones generales. No obstante, el viernes pasado cumplió la orden de la Junta de retirar el cartel del Palau. Aunque unas horas después, Lluís Llach, Antonio Baños, Sílvia Bel y Teresa Casals colgaron otro emblema, esta vez a favor de la “libertad de opinión y de expresión”.

El Partido Popular, en Tarragona, exigió que los trabajadores públicos, durante su jornada laboral, no puedan exhibir un lazo amarillo en su indumentaria. La Junta Electoral ordena retirar el lazo amarillo de Reus por una queja de Ciutadans. También harán lo mismo en Sitges y en el Ayuntamiento de Lleida. Hay una ofensiva ultraconservadora para limitar administrativamente la protesta.

Incluso en la Universitat Autònoma de Barcelona, una organización estudiantil vinculada a Ciutadans exige a la Junta Electoral que se tape un mural independentista en la sede universitaria de Bellaterra. La Universidad se tendría que hacer cargo de tapar el mural. Quieren universidades impolutas igual que durante la dictadura franquista. No por casualidad esa gente se queja de exhumar a Franco y se va cuando hay que votar en contra de la dictadura.

Y, también tratan de callar los balcones de los inmuebles. Como la fachada de los edificios es un espacio común de todos los inquilinos, si alguien quiere colgar algo debe pedir la autorización del conjunto de la Escalera. Así lo explica el Colegio de Administradores de Fincas. A partir, de ahora habrá que expresar la protesta del lado interno de los balcones.

Aunque los sectores más conservadores y reaccionarios intenten “ocultar” y “tapar” la protesta; incluso reprimirla como estamos viendo en estos días y veremos con la sentencia, la protesta saldrá y encontrará su cauce como el río de lluvia que se hace y rehace una y otra vez. Es posible retrasar el movimiento, pero no impedirlo.

Es imposible que haya “neutralidad ideológica” cuando las mismas instituciones del Régimen son las que violentan una y otra vez al pueblo. El caso de los detenidos del 23S es un caso flagrante. Los abogados de las defensas denuncian abusos de la Guardia Civil, filtraciones de la Fiscalía o de la Audiencia Nacional. Y hay una causa en curso que ha pasado de denuncias de “terrorismo” a que “planeaban” movilizaciones y cortes de carretera.