A pesar de que la CGT francesa impugnó medidas autoritarias contra los huelguistas de Total y Exxon Mobil, los tribunales administrativos de Lille y Rouen se han alineado, como era de esperar, con el gobierno.
Lunes 17 de octubre de 2022 20:34
Las requisas de huelguistas son un mecanismo particularmente autoritario que tiene el estado francés para obligar a trabajadores en huelga a retornar a sus puestos de trabajo.
Por orden de la primera ministra Elisabeth Borne, el pasado jueves se emitieron las primeras órdenes de requisar trabajadores que forman parte de la histórica huelga de petroleros que amenaza al gobierno de Macrón. Varios empleados fueron visitados por la policía en sus domicilios para obligarles a volver al trabajo, según explicó un refinero del centro de Flandes para Révolution Permanente.
Esto a pesar de que la CGT impugnó la medida aplicada a los trabajadores en huelga de Exxon en el centro de Gravenchon, y de Total en el de Flandes. El tribunal administrativo de Rouen, y luego el de Lille, rechazaron este viernes las solicitudes sumarias presentadas por la CGT, validando así las requisas.
El procedimiento de requisa, especialmente coercitivo, amenaza a los huelguistas con seis meses de cárcel y 10.000 euros de multa si se niegan a volver a sus puestos. Se basa en una ley de 1938 sobre la "organización general de la nación en tiempos de guerra" y fue ampliado en 2003 con el pretexto de responder a fenómenos excepcionales como catástrofes naturales o industriales. Esta ampliación normalizó y extendió el uso de las requisas en el contexto de los conflictos sociales, con el objetivo de romper las huelgas incluso en el sector privado.
Requisiciones contra las refinerías: una ofensiva política
En el caso actual, estas requisas son un ataque especialmente evidente al derecho de huelga, ya que se ordenan con el objetivo de volver al "funcionamiento normal" ante una "alteración del orden público". Sin embargo, el derecho de huelga permite a los trabajadores defenderse y hacer valer sus reivindicaciones frente a los empresarios que los explotan. El hecho de que su ejercicio tenga en algunos casos consecuencias económicas para el país no puede justificar en absoluto que se ponga en cuestión. Así lo recordó la abogada Elsa Marcel, en su alegato ante el Tribunal Administrativo de Lille: "El gobierno asumió que las requisas eran para poner fin al conflicto. Evidentemente, esta no es una razón válida.”
Además, estas requisas pueden ser impugnadas, incluso basándose en la propia ley que las autoriza. La requisa debe emitirse una vez agotadas todas las demás alternativas. Una opción que, por supuesto, no fue considerada por el tribunal: se trataría simplemente de que Exxon y Total accedieran a las demandas de los huelguistas y concedieran aumentos salariales. Un artículo de abogados y profesores de derecho publicado esta semana en el medio de izquierda Libération denuncia la “infracción extremadamente liberticida” que suponen estas requisas.
En definitiva, la puesta en marcha de las requisiciones y el rechazo a los recursos por parte de la Justicia son una decisión esencialmente política con el objetivo de romper la huelga de los refinadores que amenaza con generalizarse. El uso por parte del gobierno y de Total de dicho procedimiento revela un importante nerviosismo.
La Justicia apoya las medidas gubernamentales contra la huelga en Francia
Ante este claro ataque al derecho de huelga, el Tribunal Administrativo de Ruán aprobó sin sorpresa las requisas, con el pretexto de "prevenir los riesgos de atentar contra el orden público". Más tarde, el Tribunal Administrativo de Lille aprobó las requisas.
Una decisión escandalosa, aunque esperada, que justifica los métodos autoritarios del gobierno, de la mano de Total. El gobierno ha sido especialmente claro en su voluntad de romper la huelga, con Elisabeth Borne y el portavoz del gobierno Olivier Véran explicando que estas requisas pretendían acabar con el movimiento, y los tribunales se alinean con este ataque, que ha sido ampliamente denunciado por las organizaciones del movimiento obrero.
Según la abogada Elsa Marcel: "El juez recogió los argumentos del gobierno. Esta decisión confirma que se trata de una cuestión fundamentalmente política. Es muy difícil ganar esto sin una correlación de fuerzas favorable, y por eso es una muy buena noticia que haya fechas de movilización convocadas para oponerse al ataque al derecho de huelga, pero también a nivel local, en el Puerto de Le Havre, en Marsella, que haya un cierto número de sectores, en particular los estibadores, que se movilicen para mostrar que se opondrán a las requisiciones que se notificarán.
Dada la presión ejercida por el Gobierno, estas decisiones eran de esperar. Sin embargo, no suponen un freno al movimiento, en contra de lo que ya afirman los principales medios de comunicación, que operan a favor del gobierno. Por otro lado, Macron está en dificultades por la huelga en las refinerías y el desabastecimiento, mientras que nuevos sectores han anunciado ir a la huelga, en particular la SNCF, la empresa estatal ferroviaria. Los petroleros de Total han anunciado este viernes que continuarán la huelga hasta el 18 de octubre, día de la huelga general.
Para apoyar a los trabajadores de Total y de Exxon frente a las presiones del Estado y contra un ataque histórico contra el derecho a huelga, hay que apoyar esta movilización para que sea exitosa y que numerosos sectores se unan a la huelga. Como expresaba Anasse Kazib, dirigente de Revolutión Permanente y trabajador ferroviario: “Una victoria de los trabajadores petroquímicos es una victoria para todos nosotros”.
