El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil absolvió este viernes la fórmula presidencial Dilma-Temer tras cuatro días de juicio. La decisión puso de manifiesto la arbitrariedad y la subordinación a intereses políticos de la justicia.
Diana Assunção San Pablo
Sábado 10 de junio de 2017
Por 4 votos contra 3, los jueces decidieron ignorar hechos ampliamente conocidos por el pueblo brasileño. Las evidencias de uso ilegal de recursos corruptos se hizo evidente en los últimos años, y quedó de manifiesto que la corrupción no es exclusividad del PT de Lula y Dilma o del PMDB de Temer, sino que contó además con amplios recursos al PSDB del expresidente Cardoso y todos los partidos capitalistas.
El juez Gilmar Mendes, que desempató el juicio, fundamentó su decisión anunciada hace semanas en la “estabilidad política”. Este es un elemento imprescindible para la implementación de las reformas (laboral y previsional) que pretenden que los trabajadores tengan que trabajar hasta la muerte para garantizar el incremento de las ganancias empresarias.
La justicia electoral mostró que actúa en función de intereses políticos. Se enfrentó a la Fiscalía, que hace semanas también mostró actuar según intereses políticos al dejar libre y de paseo por Nueva York al multimillonario dueño del frigorífico JBS, el empresario corrupto que delató la anuencia de Temer en el encubrimiento de sus entramados de corrupción. Lo mismo se puede decir de la operación judicial “Lava Jato”, que investiga los entramados de corrupción en Petrobras, cuyo proyecto de “cambiar la política” tiene más que ver con abrirle camino a las empresas extranjeras que con combatir la corrupción.
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Esta decisión no va a cerrar la crisis política de Brasil. Al contrario, a lo largo del juicio se fue haciendo patente el aumento de las confrontaciones entre la Fiscalía (MPF) y sectores del gobierno y del poder judicial. La absolución del TSE no le da a Temer ni un átomo más de popularidad, ni tampoco la certeza de garantizar las reformas por las que un ala de la burguesía lo mantiene en el poder. La crisis promete seguir y agravarse.
El juez Gilmar Mendes, el diario Estadão y otros miembros de la élite nacional quisieron salvar a Temer para que conduzca las reformas. El procurador Janot, la corporación mediática Rede Globo, el diario A Folha de S.Paulo, la operación Lava Jato entre otros, querían que Temer fuese impugnado para poner a otro político a conducir los mismos ataques, y en ese camino promover algunos cambios en el régimen político brasileño, todos ellos en contra de los trabajadores. Las tensiones y disputas no van a parar. En medio de tamaña crisis, los trabajadores pueden tomar el centro de la escena política.
Los trabajadores de Brasil tienen por delante una huelga general convocada por las centrales sindicales para el 30 de junio, y tienen planteado tomarla en sus manos desde las bases. La huelga puede transformarse en un paro mucho más fuerte que el del 28 de abril y puede ser un instrumento para tirar abajo a Temer y las reformas. Para eso el Movimiento de Trabajadores Revolucionarios viene impulsando la construcción de cientos de comités en cada lugar de trabajo que preparen la jornada, organicen los piquetes y la autodefensa, hasta la caída de Temer y todas las reformas, superando los límites que plantean las centrales sindicales como la CUT y la CTB (petistas), o Força Sindical.
La huelga general podría imponer la demanda de una Constituyente ya, cuya primera tarea sea revocar todas las medidas de Temer, empezando por la enmienda constitucional aprobada bajo este gobierno que destruye la salud y educación congelando los gastos sociales por 20 años. Que anule todas las reformas, estatice bajo control de los trabajadores todas las empresas corruptas y termine con el privilegio de todos los políticos y jueces, para que sean todos elegidos revocables y que ganen como una maestra. Los trabajadores de Brasil pueden imponer que sean los capitalistas los que paguen por la crisis.
