PERSECUCION SINDICAL. La Justicia y los empresarios de la mano contra los trabajadores de Atomo Supermercados en Mendoza

El pasado sábado 9 de Marzo, mientras políticos provinciales y nacionales almorzaban junto a empresarios en la bodega Los Toneles, se realizó una acción en la puerta de la bodega contra la persecución sindical a Jonathan Neira, delegado de los trabajadores y trabajadoras de Átomo Supermercados.

En el año 2013, cansado de los abusos por parte de la patronal, Jony decidió dar una pelea enorme dentro de su lugar de trabajo para mejorar las condiciones de trabajo, así se postuló para delegado sindical en medio de hostigamientos, aprietes y hasta la necesidad de recurrir a la práctica de campaña clandestina por el hostigamiento del que eran víctimas quienes se acercaban a él. A pesar de todo esto, fue electo como delegado y reelecto en 2015. No satisfechos con esto, la familia Millán solicitó ante la justicia que se le retirara la tutela sindical a Jony, para así poder despedirlo. La tutela sindical es una institución que tiene como finalidad la protección de los representantes gremiales en el desempeño de sus funciones.

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La familia, también dueña de la bodega Los Toneles, tiene una clara razón detrás del pedido de desafuero: consolidar una práctica de persecución sindical vulnerando las garantías constitucionales y legales de los representantes sindicales. La empresa no quiere que en sus supermercados haya delegados sindicales, porque de esa manera pueden incumplir sus obligaciones con les trabajadores con total impunidad. Pero para llevar hasta el final su política de explotación necesitan de la ayuda de una justicia que es amiga y defensora de los intereses de las grandes empresas y políticos.

Los jueces al frente de este fallo alegan que “la acción de exclusión de tutela sindical tiene por finalidad despejar toda duda o sospecha acerca del carácter discriminatorio de la medida que se intenta imponer al trabajador. En esos casos, (...) los tribunales son los encargados de evaluar la justificación de las alegaciones. (…) En otras palabras, lo que pretende la mencionada acción es levantar esa protección especial cuando existan razones justificadas, para evitar el carácter antisindical de las eventuales decisiones patronales”. Es decir, los jueces dicen ser los encargados de revisar que las medidas de las patronales para quitarle los fueros al delegado sindical, no sean persecutorias. Es interesante como bajo este argumento, y a la luz de los hechos que expondremos más adelante, se evidencia cuáles son los intereses que defiende la justicia en realidad, en este caso, los de la familia Millán.

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Antes de que Jony Neira fuera elegido como delegado sindical, los Millán imponían condiciones de trabajo brutales; hacían que les trabajadores descargaran la mercadería a mano, ya que no había camiones con pala mecánica, la mercadería, a su vez, se apilaba en la calle, al aire libre, sin un techo que la protegiera; no se pagaban las (muchas) horas extras que se hacían, ni se respetaban las vacaciones; no se entregaba zapatos ni ropa adecuada para el trabajo, no había agua caliente en duchas y baños, exigían promedio de ventas por segundos que perjudicaba a los cajeros que tenían que cobrar con tarjeta, no había desayunador ni tiempo para descanso en el turno tarde; y claro, también había maltrato y acoso hacia les trabajadores.

Para los dueños de Átomo Supermercados, todas las conquistas de les trabajadores a partir de la organización junto a su delegado, se volvieron una pérdida de dinero que no estaban dispuestos a soportar. Así es como interpusieron una demanda para la exclusión de la tutela sindical contra Jony, para de esta forma, poder dejarlo sin trabajo, desalentar la actividad sindical y continuar imponiendo sus condiciones laborales de explotación. Aquí es donde, como dijimos anteriormente, vemos claramente que intereses defiende la justicia.

Expresamente, en uno de los fallos de este caso, los jueces sostuvieron que “Se ha conceptuado al mecanismo denominado “exclusión de la tutela sindical”, como un procedimiento preventivo, de carácter obligatorio y que opera como requisito de validez de la conducta del empleador, por el cual (…) debe previamente requerir la aprobación del órgano judicial competente, acreditando la existencia de circunstancias que las justifiquen y que excluyan la posible motivación antisindical del comportamiento patronal. (…)". Aquí los magistrados caen en una enorme contradicción, ya que admiten estar aprobando una medida, que como se demostró, es claramente antisindical y que tiene como fin desalentar la exigencia por mejores condiciones laborales, con la única finalidad de proteger a sus amigos, en este caso los empresarios.

En este sentido falló la Sexta Cámara del Trabajo, haciendo lugar al desafuero de Jony. Fallo que fue ratificado por los jueces Valerio y Palermo, en febrero de este año, cuando el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Entonces cabe preguntarnos, ¿es el Poder Judicial un poder imparcial? Considerando que vivimos en un Estado capitalista, donde las relaciones sociales entre las clases están basadas en la desigualdad absoluta, dicho poder representa a la clase dominante. Pero ante las mayorías populares todo esto queda encubierto, porque es justamente bajo el sistema jurídico capitalista donde queda velada la desigualdad social frente a la aparente igualdad ante la ley. Y quienes administran este poder judicial son los jueces elegidos, en este caso, por el poder ejecutivo provincial.

Así la llegada de Valerio a la Suprema Corte Mendocina se dio en el contexto del intento de ampliación de la Suprema Corte, impulsada por el gobernador Cornejo, durante el año 2018, con el único objetivo de que el gobierno garantizara el control sobre el Poder Judicial y tenga la mayoría automática en las decisiones importantes. Esto expresa claramente cómo se maneja el poder encargado de “impartir justicia”. Recordamos, y repudiamos, a dicho juez por sus múltiples fallos homofóbicos y misóginos, como fueron aquellos donde liberó al asesino de Hunau fundamentando la decisión en una supuesta vida sexual "licenciosa" de la víctima, el caso de Olivera, donde absolvió al único imputado, Mariano Luque y el caso Carrasco impidió que culmine el juicio por el joven asesinado por un policía.

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A quienes entendemos que la justicia está hoy plagada de privilegios e intereses puestos lejos del “bienestar común”, no nos basta una sentencia para que bajemos los brazos. Es por esto que se está impulsando una lucha de les trabajadores de Átomo para visibilizar lo que la familia Millán está haciendo, con el aval de la justicia. Frente a esto, se vuelve imperioso que construyamos una nueva generación de abogades y estudiantes de derecho que se pongan de este lado, del de les perseguides y atacades por los poderes del Estado, que se planten del lado de les que pelean por una sociedad más justa, del lado de les oprimides y no de los grandes grupos económicos, empresarios ni políticos. Para que realmente nuestros derechos, y los de todos los sectores vulnerados, sean garantizados, defendidos y no pisoteados. Construyamos una nueva generación de operadores del derecho que ponga sus conocimientos al servicio de les trabajadores, que luche contra la justicia que defiende los despidos, el maltrato y la persecución sindical.