De manera totalmente ilegal, la Unicameral cordobesa sancionó dos leyes que pretenden recortar beneficios establecidos en el convenio colectivo de trabajo de los gremios de Luz y Fuerza.
Jueves 24 de mayo de 2018
Este miércoles por la tarde, el gobierno de Córdoba manifestó una vez más su carácter antiobrero. Los dos proyectos que había ingresado el Poder Ejecutivo para continuar con su ataque a los trabajadores de Luz y Fuerza fueron aprobados, a pesar de su patente ilegalidad al legislar sobre un convenio colectivo de trabajo.
Uno de los proyectos limita el beneficio de la energía diferenciada para los empleados de EPEC, mientras que el otro elimina los aportes a los fondos compensadores previsionales que maneja el gremio. Fueron aprobados sólo por el oficialismo, excepto Ilda Bustos (secretaria del Sindicato Gráfico) y José Pihen (secretario del Sindicato de Empleados Públicos). La mayoría del interbloque Cambiemos se abstuvo y hubo 19 votos en contra.
De acuerdo con los números informados este martes por el ministro de Agua, Ambiento y Energía, Fabián López durante la reunión conjunta de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Energía, el “ahorro” que tendrá la Provincia será de $ 120 millones por la reducción del beneficio de energía diferenciada. El mismo ministro se encargó de aclarar que dicho monto representa sólo un 1 % de la recaudación de la empresa. Por la eliminación de los fondos compensadores, la provincia gastaría $ 69 millones menos. Por otro lado, EPEC lanzó un plan de retiros voluntarios con el que buscan jubilar a 800 trabajadores. Este punto reduciría la erogación en salarios en $ 30 millones.
Ver también: El ministro López defendió el ataque al convenio de Luz y Fuerza
Una vez más, no faltó la pirotecnia verbal cruzada entre las dos fuerzas políticas mayoritarias.
El legislador Carlos Gutiérrez, presidente del bloque de UPC, cuestionó las medidas económicas implementadas por el gobierno nacional y planteó que “las medidas que hemos tomado son aquellas que van a aliviar el aumento de tarifas que el gobierno nacional permitió, que ahora se mezcla con ese ‘mounstrito’ del Fondo Monetario Internacional y la crisis financiera, ni hablemos de la devaluación que recién comienza a manifestarse”. La declaración del legislador es falaz por donde se la mire. En primer lugar, el gobernador Schiaretti es uno de los mayores aliados del gobierno nacional que Gutiérrez critica. En segundo lugar, no está planteado que el recorte a los trabajadores de EPEC se traslade a una rebaja en las facturas de energía eléctrica, pero si así fuera, significaría un ahorro de $ 200 al año para el millón de usuarios de la empresa. Por último, el 95 % de la deuda pública de Córdoba está nominada en dólares, lo cual implicó que aumentara $ 13.000.000 en los 15 días de corrida cambiaria. Este monto es 650 veces lo que Unión por Córdoba dice que “ahorrará” con estas medidas en un año.
Desde la oposición, la mayoría de los legisladores argumentaron la inconstitucionalidad de los dos proyectos presentados, ya que pretenden modificar un Convenio Colectivo de Trabajo. El jefe de la bancada radical, Orlando Arduh, pidió directamente la renuncia del presidente de EPEC y todos los funcionarios políticos al hacerlos responsables de los desmanejos que hoy tiene la Empresa Provincial de Energía. “Unión por Córdoba está desesperado en buscar aliados en un repentino afán por bajar el déficit cuando han sido los responsables de tener la provincia con más pobres del territorio nacional”, dijo.
La legisladora Laura Vilches, del PTS-FIT, recordó que el ataque en curso a los trabajadores ya tuvo sus dos primeros capítulos; primero con el despido masivo de choferes de la UTA el año pasado y luego con la reglamentación de la ley antihuelgas este año. Cuestionó también los subsidios a la energía eléctrica para las grandes empresas, que llegan al 25 % en algunos casos, y el gasto de EPEC en publicidad. El año pasado, la empresa pagó $ 102.000 millones en pauta publicitaria, algo inexplicable para una empresa que tiene el monopolio de la provisión del servicio, es decir que no tiene competencia. “Ni siquiera hay campañas masivas de parte de la EPEC para alentar el uso racional de la energía eléctrica, salvo esporádicamente. Es decir que cuando hablan del uso racional de la energía, tampoco es algo que le interesa mucho a EPEC ni al Gobierno provincial”, planteó la legisladora.
Por último, Vilches llamó a los trabajadores y las trabajadoras de EPEC y a la población en general a defender a la empresa estatal y el convenio colectivo de trabajo de Luz y Fuerza. “La defensa de una EPEC estatal e integrada para los trabajadores y los usuarios es algo que históricamente han hecho los trabajadores, no los gobiernos de turno. Muchos trabajadores me decían que no vinieron hoy a la Legislatura porque sentían temor de que la Policía los cazara. Nosotros creemos que es un error. Creemos que, si los trabajadores confían en convencer a la población de que están enfrentando al mismo enemigo -porque el gobierno que aumenta las tarifas es el mismo que ataca sus condiciones de trabajo- tienen que confiar en la fuerza de la movilización. Que no sean sólo acciones judiciales o declarativas las que lleven adelante, sino que enfrenten los ataques de los gobiernos nacional y provincial con los métodos que históricamente conoce la clase obrera, que es la huelga y la movilización. Muchos dirigentes sindicales han emitido declaraciones, pero hay que pasar a la acción, la respuesta de la clase trabajadora tiene que estar a la altura del ataque, no se puede esperar que este gobierno sea quien los defienda. El Frente de Izquierda y el PTS estará siempre acompañando a los trabajadores en esta lucha”.
