Economía. La Legislatura tucumana aprobó nuevos beneficios millonarios para los empresarios del citrus

La Legislatura de Tucumán acaba de votar la “la emergencia citrícola” tanto para actividades primarias como industriales, lo que supone nuevos beneficios para las patronales del citrus. En la sesión del jueves se aprobó el dictamen presentado por el Poder Ejecutivo para postergar el pago de los impuestos provinciales por un plazo de 365 días, instando a que a nivel nacional se aplique una medida similar.

La entidad empresarial Asociación Citrícola del NOA (Acnoa) ya contaba con el respaldo del gobernador Osvaldo Jaldo para la prórroga de estos beneficios, como sucede año a año. Entre los beneficios impositivos recibidos se encuentra la exención del impuesto inmobiliario y también la suspensión de los procedimientos judiciales y administrativos promovidos por el cobro de créditos a favor del Estado provincial.

Es decir, que si las empresas adeudaban impuestos o acumularon deuda con cualquier entidad pública provincial o autárquica, como la Caja Popular de Ahorros, el Estado suspende por un año la ejecución del cobro, con lo cual las empresas podrán licuar sus deudas a costa de los recursos provinciales. La normativa también invita a los municipios a adherir a la "emergencia" y abstenerse del cobro de impuestos y tasas municipales. El gobierno provincial se abstiene de cobrar esos recursos aun cuando las escuelas y hospitales, rutas y puentes se caen literalmente a pedazos.

Las patronales del citrus también han recibido el respaldo de Jaldo en su reclamo por un “dólar limón” con un tipo de cambio más devaluado que los beneficie en la exportación. Recordemos que actualmente el citrus no paga retenciones por la exportación de fruta fresca. También son beneficiados con la alícuota cero en Ingresos Brutos que se cobra por la venta de limones en el mercado laboral.

Aunque aún no se dio a conocer públicamente el texto de la ley provincial, de acuerdo a la información que trascendió el texto de la normativa asegura que el sector atraviesa una fuerte caída en el volumen de exportaciones producto de la guerra en Ucrania. Sin embargo, las propias estadísticas que publica ACNOA desmienten semejante cuadro de situación: las exportaciones de 2022 superaron las de 2020 y son apenas 1,37% menores a las del año pasado. Es decir que el contexto de la guerra no implicó un caída en el volumen de exportaciones. Incluso las ventas a Rusia aumentaron casi un 16% respecto a 2021.

La ley que acaba de votar la legislatura con el apoyo de peronistas, radicales y bussistas, se aprobó a libro cerrado. Ni siquiera se les exigió la apertura de sus libros contables. Y es que estos empresarios están entre los principales evasores impositivos y fugadores de divisas. Las familias Bemberg y Miguens, principales accionistas de la citrícola San Miguel, figuran entre los principales fugadores de divisas del país. El presidente de ACNOA, Pablo Padilla (h), fue procesado por trata de personas para explotación laboral luego de encontrar 66 personas de la comunidad Wichi hacinados y en condiciones infra humanas en tierras del empresario ubicadas en la provincia de Salta.

A pesar de la pujanza de este sector que desde hace casi dos décadas viene acumulando ganancias, la situación de los trabajadores de la cosecha, empaques e industrias empeora con temporadas cada vez más cortas, un régimen de trabajo medieval, informalidad laboral generalizada a cielo abierto y salarios cada vez más bajos. Sin embargo, ni el gobierno, ni la oposición, ni la UATRE, tienen en agenda ningún tipo de "emergencia laboral" que apunte a garantizar los derechos más elementales.

El movimiento de los trabajadores autoconvocados del citrus irrumpió hace dos años con el método de la lucha obrera. Es necesario extender la organización de quienes mueven este resorte económico fundamental de la provincia para conquistar todos y cada uno de los derechos, empezando por un plan interzafra universal y equivalente a a la canasta familiar, pero también mediante una reconversión productiva bajo control de los trabajadores que, mediante un uso racional de los recursos y la planificación democrática, garantice el trabajo todo el año y este puesta en función de las necesidades de las amplias mayorías.

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