Un legislador dijo no le alcanzaban $150 mil mensuales y volvió la polémica por los gastos sociales. En tanto, desde el interior piden recibir el mismo trato que Manzur le dio a Alfaro.
Maximiliano Olivera @maxiolivera77
Viernes 12 de agosto de 2016
Si, por estos días, hubo un acuerdo en la Legislatura es que Reneé Ramírez no midió las consecuencias de sus dichos. El legislador del Frente para la Victoria y titular de ATSA sostuvo que $150 mil mensuales en concepto de gastos sociales no le alcanzaban, que “no alcanzan ni para la semana”. Como se sabe, los gastos sociales son necesarios para mantener el peso político en el territorio.
Ramírez blanqueó, de alguna manera, la cifra de subsidios legislativos, que si se multiplica por el total de los legisladores ronda los $ 6 o 7 millones mensuales. Una cifra que no deja de ser especulativa porque los gastos sociales son pagados por ventanilla y sin constancias. Ni los legisladores saben cuanta cifra cobra el otro.
Los reproches se hicieron sentir en esta semana y en la sesión legislativa extraordinaria de ayer. Inclusive entre sus compañeros de bancada. El presidente del bloque Tucumán Crece, Ramón Santiago Cano, negó percibir “dinero en concepto de gastos sociales” y sostuvo que todos los pedidos de subsidios se canalizan en la Presidencia de la Cámara, en manos del vicegobernador Osvaldo Jaldo.
Puertas adentro, según el periodista Indalecio Sánchez, Cano le reprochó a Ramírez por sus dichos, con el planteo de la posibilidad de un desfile de legisladores ante la AFIP o Tribunales. El sindicalista replicó preguntando porqué el jefe de la bancada cobraba el doble de sus modestos $150 mil. La trifulca avanzó cuando compararon que con lo presupuestado anualmente, $150 millones, alcanza para que cada legislador cobre $500 mil mensuales, ¿a dónde va a parar la diferencia?
Pero a pesar de todo, hay acuerdos que se mantienen. En la sesión de ayer, compañeros de Ramírez respaldaron el sistema de los gastos sociales. Fue el caso de Fernando Juri y Guillermo Gassenbauer. Desde el peronismo disidente, Alfredo Toscano, y el radicalismo, Ariel García, también justificaron estos fondos millonarios. Quien desentona es Luis Brodersen del PRO, aunque, desde el mismo signo político, Alberto Colombres Garmendia apoya el uso de los subsidios legislativos. De conjunto, planean junto a Jaldo una reforma que haga al sistema de los gastos sociales más “potable”.
Desde el interior
El acuerdo, que permaneció secreto durante dos semanas, entre Juan Manzur y Germán Alfaro también agitó las aguas de la Legislatura. La gobernación le refinanció a la municipalidad una deuda de $296 millones. El acuerdo es a 20 años, con un año de gracia y la posibilidad de otro. Además incluyó un préstamo de $20 millones.
La medida no cayó bien en lo que se considera el alperovichismo. La valoración es que el acercamiento con Alfaro obedece a un pedido del ministro Rogelio Frigerio. Además, es negar la actitud de Alperovich para con el ex intendente Domingo Amaya.
De las intendencias del radicalismo, Concepción y Yerba Buena, se pidió un trato similar. Esto tuvo su correlato en presentaciones de legisladores radicales y del amayismo. Pero la réplica también vino de la ‘tropa propia’.
El bloque oficialista presentó un proyecto para “una autonomía municipal efectiva”, pidiendo igualdad de condiciones con respecto al trato al municipio capitalino. El oficialista Juan Enrique Orellana, cuya esposa Patricia Lizárraga es intendente de Famaillá, pide directamente que se condonen las deudas.
Jaldo, pacientemente, cobija a los intendentes y legisladores descontentos. No hay que perder de vista que su capital político es su ligazón con el interior.
“No hay una solución idéntica para todos”, contesta públicamente Manzur. Desde su traumática asunción, la sombra de Alperovich se proyecta sobre Manzur. Ahora, ¿se asoma una nueva cabeza?
