La censura del oficialismo que busca acallar los escándalos de la casta política, sus familiares, jueces y grandes empresarios.
Natalia Sánchez Concejala Antofagasta por el Partido de trabajadores Revolucionarios, Médico del Hospital Regional de Antofagasta y parte de la Agrupación de Trabajadores de Salud "Abran Paso"
Domingo 31 de diciembre de 2017
«Ley mordaza» es un término que se acuña a una ley, en la que se restringen, limitan o declaran delito libertades tales como la de expresión, información o manifestación.
Este fue el término que utilizó la presidenta de la Asociación de Fiscales, Trinidad Steinert, al referirse sobre la nueva política de comunicaciones confeccionado por el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, designado por Bachelet desde el 2015, y que produjo en el medio reacciones de rechazo en torno a puntos considerados como “polémicos”.
Uno de los puntos controvertidos en el texto difundido a los fiscales fue: “los funcionarios del Ministerio Público deberán abstenerse de emitir opiniones relacionadas con investigaciones penales actuales”, y que además “tal abstención se extiende a todo tipo de canales de comunicación, sean oficiales o no”.
La medida rechazada ampliamente por los fiscales y otros funcionarios públicos, demuestra el nivel de censura que podría llegar a tener incluso en redes sociales (lo que aún no se ha clarificado), pero que también vendría a restringir a todos los medios de comunicación.
Desde el gobierno Mahmoud Aleuy defendió la medida de Abbott, argumentando que la normativa respondería a los principios de “objetividad e imparcialidad”. Ignorando por un lado los argumentos expuestos por el sector afectado, además de la labor que los medios de comunicación deben cumplir de difundir abiertamente los procesos políticos y judiciales que se llevan a cabo en la actualidad.
Contrario a lo que el oficialismo argumenta la situación se asemeja más a una medida para “poner paños fríos” a acontecimientos similares a los del pasado año, donde más de alguna figura pública de los partidos políticos del duopolio y sus familiares, así como jueces se vieron envueltos en escándalos de corrupción siendo rápidamente juzgados por la opinión pública y cuestionando su reputación.
¿Es la limitación a las libertades democráticas la forma en que el gobierno de la Nueva Mayoría pretende "resguardar" la integridad e imparcialidad del Poder Judicial? ¿O es más bien una forma de disminuir las críticas de parte de grupos de derecha y de los partidos burgueses ante fallos adversos o filtraciones de los procesos que se llevan en su contra?
