A tres meses de que se ponga en vigor la ley de abreviación procesal penal y de fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres, el Gobierno mediatiza los cambios que esta norma traerá al sistema judicial, omitiendo explicar en manos de quien y en qué condiciones laborales se ejecutará la misma.
Rodrigo Cuevas Abogado y miembro del organismo de "Profesionales por los Derechos Humanos y contra la Represión Estatal" (ProDHCre)
Martes 30 de julio de 2019
Foto: Opinion.com
Estas últimas semanas se ha generado gran expectativa en la opinión pública a raíz de la promulgación de la Ley 1173, Ley de Abreviación Procesal Penal, que será puesta en vigor en un plazo de 150 días. Entre los cambios que realiza esta norma al sistema procesal penal se encuentra desde nuevos límites a la detención preventiva, modificaciones tecnológicas procedimentales y parches normativos para luchar contra la violencia hacia las mujeres.
Muchos de estos cambios son propuestas y conclusiones de lo que fue la Cumbre de Justicia que se llevó a cabo el año 2016, tal como señalan sus precursores. Recordemos que dicha cumbre se instaló al calor de los graves escándalos de corrupción en el órgano judicial y una alarmante retardación de justicia. Como máximo resultado de esta reunión se tuvo la creación de un nuevo código del sistema penal, el cual posteriormente fue abrogado ante la creciente convulsión social que generó su promulgación, obligando así al gobierno a dar un paso atrás con su intento demagógico.
Es evidente que muchas de las nuevas figuras legales que el código abrogado intentó establecer, ahora se están introduciendo nuevamente a la norma penal de nuestro país, con el fin de poner un paño frío a los grandes problemas de justicia que tiene la población, que no solo sufre la retardación de justicia sino que también es víctima de la corrupción enraizada en todos los niveles de la administración judicial.
Con este fin el ministerio de justicia ha diseñado la Ley 1173 de abreviación procesal penal, cuya misión es darle el oxígeno necesario al Gobierno para afrontar las consecuencias de mantener un sistema de justicia instrumentalizado e ineficiente, a pocos meses de las elecciones generales.
Un aspecto que el gobierno omitió considerar en coherencia con sus intereses de clase, para la aplicación material de esta ley, fue que la misma estará cargada en las espaldas de la juventud que trabaja de forma precarizada bajo el rotulo de “pasantes” o “supernumerarios” que día a día mueven los engranajes del órgano judicial en condiciones deplorables, que no gozan de derechos laborales ni beneficios sociales, transmitiendo de esta manera la responsabilidad económica del Estado al público litigante que es el que subvenciona la permanencia de estos funcionarios “ad honorem”.
Es bien sabido para todo aquel que tiene un proceso judicial, que tiene que recorrer los pasillos de los juzgados o tribunales, necesita disponer de dinero para poder mover este aparato, ya que a pesar de que la ley establece que la justicia es gratuita, aparte de pagar los honorarios de un abogado este tiene la carga del “impulso procesal” que en otras palabras es el pago que realiza por las notificaciones, remisiones, testimonios, derecho a fotocopias, etc. Convirtiéndose estos pagos ilegales en el salario que el Estado no paga a los pasantes.
Con la intención de legitimar y legalizar esta descarada vulneración de los derechos laborales de los trabajadores no formales de la administración de justicia, el Concejo de la Magistratura emitió un reglamento para regular esta modalidad de explotación estatal a la juventud que se denomina “pasantías” desentendiéndose de esta forma de la responsabilidad social que tiene con estos trabajadores estudiantes universitarios.
ARTÍCULO 11.- (AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE EL ORGANO JUDICIAL Y EL PASANTE). La relación que se produce entre el Órgano Judicial y el Pasante de cualquier modalidad, no implica relación laboral, obligación contractual, ni beneficios sociales. Asimismo mientras se desarrolla la pasantía se prohíbe la inducción de los mismos como servidores públicos.
La mayor parte de estos trabajadores precarizados son estudiantes de la carrera de derecho, futuros abogados, que ilusamente ingresaron a realizar una pasantía en estas oficinas, con el fin de adquirir conocimientos y ganar “experiencia”, contrariamente a cumplir con este fin, estos son absorbidos por el sistema judicial corrupto, obligados a trabajar más de 12 horas, sin seguro de salud, sin derecho a vacaciones, ni aguinaldo y sin contar con una retribución mínima por su trabajo, obligando de esta manera al público litigante a asumir con la carga de mantener a estos trabajadores con el pago por las notificaciones y fotocopias que realizan.
La ley de abreviación procesal penal establece la conformación de tribunales penales que serán integrados por tres jueces técnicos, se mantendrá el cargo de secretario y auxiliar quedando estos cargos como los únicos reconocidos por la ley, los mismos que no podrán lidiar con la carga procesal sin la sobreexplotación a los estudiantes de derecho a quienes se les denomina “pasantes”.
En estas condiciones de precariedad laboral y explotación estatal es que el gobierno pretende implementar cambios en el sistema judicial por medio de la Ley de abreviación procesal penal, dejando en duda su efectiva aplicación y sostenibilidad por la falta de una base social que haga funcionar estos engranajes sin estar obligada a corromperse para subsistir.
El no haber considerado en lo más mínimo, en las espaldas de quien se cargara la responsabilidad de poner en marcha el aparato judicial y los nuevos cambios que esta Ley propone, no es algo casual, sino que desenmascara la verdadera naturaleza de clase del gobierno al servicio de los empresarios y de la protección de la propiedad privada, a quienes no le interesa resolver el problema de justicia en nuestro país, sino usar demagógicamente la creación de leyes parche, modificando superficialmente el sistema judicial, intentando apaciguar temporalmente la necesidad de justicia que tiene el pueblo trabajador para llegar bien parados a las elecciones de Octubre del presente año.
