Este miércoles 28 de junio, durante su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que será publicado un decreto mediante el cual se asignará el control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a la Secretaría de Marina. Oficialmente, el decreto entrará en vigor luego de 60 días de que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, lo cual será concretado en los siguientes días.
Miércoles 28 de junio de 2023
La justificación de esta medida, a decir del mandatario, es que así será reducido el tráfico de drogas y el contrabando desde el aeropuerto de la capital del país. Hay que mencionar que el AICM no será el único aeropuerto cuyo control será entregado a la Marina; seis aeropuertos más estarán bajo el dominio de dicha institución: los de Matamoros (Tamaulipas), Ciudad del Carmen (Campeche), Loreto (Baja California), Guaymas (Sonora), Obregón (Sonora) y Colima.
Para consolidar esto la Marina ha creado un grupo aeroportuario de nombre Casiopea. La creación de dicho grupo está en sintonía con la línea del gobierno de la 4T de otorgar más participación a las Fuerzas Armadas dentro del sector aéreo.
No hay que olvidar que en 2022 le fue otorgada a la Secretaría de la Defensa Nacional la gestión del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), al igual que el de las terminales aéreas de Palenque, en Chetumal (Quintana Roo) así como el del próximo aeródromo de Tulum (cuya construcción está prevista para ser concluida en diciembre de este año) y parte del Tren Maya, para lo cual fue creado el grupo aeroportuario-ferroviario y de servicios auxiliares Olmeca-Maya-Mexica.
Asimismo, desde hace algunos meses el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha contemplado la posibilidad de echar a andar una aerolínea militar, ello tras la aprobación que el Senado de la República (cuya integración es mayoritariamente morenista, con el 47.2%) ha dado a dicho proyecto para que entrara en operaciones comprando lo que queda de la empresa Mexicana de Aviación, la cual se declaró en quiebra en 2014, dejando sin empleo, sin liquidación y sin pensión a más de 8,600 trabajadores sindicalizados y jubilados.
Esta última tentativa se encuentra en pausa debido a la lucha legal que ha emprendido más de 200 del total de trabajadores afectados por la quiebra de Mexicana, cuyo desfalco ha sido cargado sobre sus hombros, atentando contra sus derechos laborales y humanos.
La responsabilidad de la quiebra de esta empresa fue del Grupo Posadas, propiedad del empresario Gastón Azcárraga Andrade, el cual se hizo de Mexicana en 2005, gracias a la venta que les otorgó el entonces presidente Vicente Fox; la historia de esta aerolínea es otra historia más de la privatización de empresas públicas mexicanas en el marco de la ofensiva neoliberal.
Ahora bien, respecto a la situación de los trabajadores, la estrategia del gobierno de AMLO ha sido la de divide y vencerás. Para otorgarle la aerolínea a los militares, ha dado un ultimátum a los trabajadores en lucha: deben desistir de los amparos ─son poco más de 200 los trabajadores que han tomado esta vía legal- que han interpuesto para recibir lo que por derecho les corresponde o de lo contrario perderán la oportunidad de recuperar una parte de lo que les quedó a deber la empresa.
Con ello se configura un escenario donde se confronta a trabajadores con trabajadores y se les debilita, pues una parte le pide a quienes resisten que desistan de su defensa legal, mientras que los inconformes sostienen que al desistir estarían renunciando a una indemnización justa y acorde a lo que deben recibir después de décadas de trabajar para la empresa y de años de estar en incertidumbre económica y laboral tras su despido debido a la quiebra de Mexicana.
El otorgamiento del control de aeropuertos a la Secretaría de Marina y Secretaría de la Defensa Nacional son un evidente avance en la militarización del país que, como lo muestra el conflicto de Mexicana de Aviación, además abre otros escenarios donde se vuelve bastante claro que este gobierno impulsa el protagonismo y privilegio de las fuerzas armadas en detrimento de los derechos de los trabajadores.
