Militarización. La ONU ante la Guardia Nacional de López Obrador

Son tres las leyes complementarias que el Congreso debe discutir en torno a la Guardia Nacional de López Obrador. Una de ellas, la Ley Nacional para Regular el Uso de la Fuerza, provocó la emisión de una recomendación al Senado por parte de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU.

A menos de un mes de haber recibido en Ginebra un informe que daba cuenta de los riesgos que significa la aprobación en México de la Guardia Nacional para los Derechos Humanos, -en particular respecto a los actos de tortura cometidos por las Fuerzas Armadas en nuestro país en el marco de la "guerra contra el narco"-, la ONU abordó otro tema que ha sido motivo de numerosas recomendaciones al gobierno mexicano sobre libertades democráticas, en particular sobre el derecho a la libre manifestación y sobre la actuación de los cuerpos represivos durante actividades de protesta.

Esta recomendación de la ONU, órgano que lo mismo dijo estar en contra de la creación de la Guardia Nacional que se ofrece a asesorar su formación y operación, llamó a no considerar protestas sociales como "amenazas al orden público" en la constitución de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza.

Doble rasero

En enero de este año pudo verse al representante del Alto Comisionado de la ONU, Jan Jarab, participando en una protesta en donde recordó un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se oponía a la asignación de tareas de seguridad pública a militares.

En esta ocasión, ya en su habitual papel de "asesor" (operador en realidad de una larga serie de medidas afines a los intereses de los países que lo encabezan y los negocios securitarios que la misma ONU realiza a través de la UNOPS*), el organismo internacional delineó algunos elementos para hacer "más humana" la militarización del país. Específicamente en torno al uso de la fuerza para ejercer tareas que involucran el ejercicio de un derecho que se presume elemental en un país "democrático".

Estas recomendaciones de la ONU para la Guardia Nacional avalan la intervención de cuerpos policíacos en protestas, aunque manteniendo medidas de protección para periodistas y defensores de derechos humanos.

Si no plantea la desmilitarización del país y la disolución de la Guardia Nacional, muy poco podrá hacer poner en el centro de la discusión la manera en la que esta corporación hace su labor.

La prohibición del uso de la fuerza letal y las armas de fuego, así como la "regulación" de uso de armas "menos letales" como gases lacrimógenos, proyectiles de goma y otros materiales, no es sino una forma de querer hacer pasar por nuevo algo de uso.

Es decir, este no es un debate nuevo. Episodios como el intento de aprobación de una "Ley Bala" en Puebla a manos del PAN -que hoy participa entusiasta desde el Senado en la articulación de la Guardia- y que cobró la vida de un menor, o como el asesinato del profesor Juan Francisco Kuykendall a causa del impacto de una de esas armas "menos letales" en la Ciudad de México, evidenciaron la discrecionalidad con la que opera la represión.

A pesar de incluir una recomendación sobre la prohibición absoluta del "uso de la fuerza con dolor o sufrimiento intencional" (conocido por cientos de víctimas en México simplemente como tortura), la ONU no cuestiona ni un ápice el carácter de esta corporación en tareas de seguridad pública. Por el contrario, las asesora.

Aterciopelando las exigencias enarboladas por los movimientos en contra de la militarización de país, el feminicidio y la desaparición forzada, la ONU llamó también a que la Ley contemple una perspectiva de género y que haya garantía de que violaciones a derechos humanos serían investigadas. Apeló a principios como la transparencia y la rendición de cuentas y otras medidas que buscan regular la brutalidad de las detenciones y la inescrupulosidad del mal uso de información de un cuerpo conformado por tres de las corporaciones represivas del Estado más repudiadas: el Ejército, la Marina y la Policía Federal.

Según el organismo, en esta Ley deberían sujetarse todos quienes ejerzan la fuerza en funciones ya sean de seguridad pública, de procuración de justicia, autoridades penitenciarias y migratorias o de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.

Junto a esta Ley sobre el Uso de la Fuerza, actualmente el Senado discute leyes del Sistema Nacional de Seguridad y el Registro de Detenciones. La fecha límite para la discusión y aprobación de estas leyes secundarias en el Senado es el 25 de mayo.

La Guardia Nacional de AMLO: por el camino de la militarización

* La UNOPS (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos), fundada en 1973, es autofinanciable desde 1995, aunque se considera como una fundación sin fines de lucro, a través de ésta se canalizan innumerables negocios bajo la bandera de «servir a las personas necesitadas mediante la ampliación de la capacidad de las Naciones Unidas, los gobiernos y otros asociados para gestionar proyectos, infraestructuras y adquisiciones de forma sostenible y eficiente». Una de sus vertientes de negocios es asesorar en el entrenamiento y conformación de ejércitos en países devastados por las guerras, con lo cual es un operador de primera mano de la industria armamentística.

Con información de El Universal