Los casos se dieron en los sucesivos gobiernos de la derecha y de Nueva Mayoría. Muchos fueron investigados por la justicia militar, sin pasar por un juzgado civil.
Jueves 20 de septiembre de 2018 11:16
Un informe del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (ONU) especifica que entre los años 2010 y 2017 se dieron 802 casos de violencia policial. Esos fueron los casos reconocidos por el Estado de Chile en su último informe a ese comité de la ONU.
La noticia, que se conoció pocas horas después de la celebración de las “Glorias del Ejército”, muestra que el aparato represivo actuó impunemente en los sucesivos gobiernos de la derecha y de Nueva Mayoría. Es importante recordar que durante la movilización estudiantil del 2011 las Fuerzas Especiales de Carabineros reprimieron brutalmente a miles de estudiantes, que tuvo su punto de inflexión con el asesinato de Manuel Gutiérrez. También en el Gobierno de la Nueva Mayoría se dieron duras represiones y violencia policial, como sucedió en la movilización de los subcontratistas de la minera El Salvador, cuando fue asesinado el trabajador Nelson Quichillao.
De los casos constatados hasta el 2015 por el informe, 392 fueron investigados por la justicia ordinaria y 137 se tomaron a través de la justicia militar, la misma instancia disciplinaria que mantuvo y mantiene en la impunidad a los militares que violaron los Derechos Humanos.
El Comité contra la tortura de la ONU manifestó su preocupación por los numerosos episodios de brutalidad policial y uso excesivo de las fuerzas de seguridad contra manifestantes y “abusos policiales a miembros del pueblo mapuche en el marco de allanamientos”, paradójicamente la misma institución que se horroriza formalmente por los casos en Chile, ha justificado y obviado la intervención militar a Medio Oriente y el ataque israelí en la Franja de Gaza.
Es necesario enfrentar la violencia policial y a quienes dejan en la impunidad los actos de abuso de poder. Debemos plantear una salida alternativa a la militarización de las poblaciones, el fin al terrorismo de Estado en el Wallmapu y combatir la represión al movimiento de trabajadores y estudiantes.
