AYUNTAMIENTO DE MADRID. La "Operación Chamartín": la última batalla de Carmena antes del 26M

La alcaldesa incidió, además, en que lo que se va a aprobar no es lo que fue la antigua “Operación Chamartín”, ha señalado que “el Ayuntamiento renunció a la Operación Chamartín” y que “se dirigió precisamente una demanda contra mí por haber anulado el Plan Chamartín”. Trataba de este modo de blanquear la polémica y especulativa operación urbanística que, aunque ahora se denomine “Madrid Nuevo Norte”, en lo esencial sigue siendo la Operación Chamartín. Un auténtico pelotazo urbanístico, que pretende aprobar ahora deprisa y corriendo antes de las elecciones municipales del domingo, haciendo creer al electorado que se trata de algo realmente diferente.

A Carmena no le importaron nada las denuncias efectuadas desde sectores del activismo político, ecologista o urbanístico, e incluso desde la investigación periodística denunciando los escándalos derivados de las condiciones privilegiadas para los grandes beneficiarios de esta operación que son el BBVA y la Constructora San José. O incluso a partir de la publicación de un informe interno de la propia Adif Renfe de 2001 en el que debido a las enormes irregularidades y al trato de absoluto privilegio para los promotores planteaba la revocación del contrato existente. Contrato que en todo este tiempo ha permanecido oculto y escondido bajo siete llaves y que solo se ha logrado conocer en alguna medida a través de investigaciones periodísticas y resoluciones judiciales.

Todo esto a Manuela Carmena le parece irrelevante en aras de lo que ella denomina “el consenso como forma de hacer ciudad”, que es el consenso con los grandes poderes fácticos y el abandono de las necesidades de las clases populares. Este proyecto definitivamente es una ofrenda política que realiza a los sectores más privilegiados de la ciudad y a los grandes poderes económicos y financieros. Ubicando donde se encuentra su proyecto político: en conexión directa con el social-liberalismo del PSOE, su aliado político en el Ayuntamiento, que ha sostenido todas las políticas de Carmena durante estos cuatro últimos años de su mandato, que en muchos casos incluso se ha situado a su izquierda por plantearle a Carmena las insuficiencias de sus realizaciones municipales ante problemas clave como el empleo, el urbanismo, la vivienda social o la inversión en escuelas infantiles, por ejemplo.

Diferencias Cosméticas

En realidad las diferencias entre una operación urbanística y otra son más bien cosméticas más allá del cambio de nombre. En lo que respecta al fondo del proyecto todo sigue igual. Consiste en poner en marcha una privatización total de 2,6 millones de metros cuadrados de suelo público a precio de saldo y en favor del BBVA y la Constructora San José como promotores, por cierto, los mismos operadores privados del principio.

Todo para impulsar un espacio dedicado al lujo urbanístico, a la generación de grandes negocios inmobiliarios, financieros y turísticos y a poner a la ciudad al servicio del enriquecimiento de unos pocos a costa de la precariedad y el desequilibrio urbanístico de la mayoría social. Sobre todo, aumentando los desequilibrios y las desigualdades entre una zona sur desatendida y deprimida y el norte de la ciudad en expansión y disfrutando de todos los privilegios en lo que respecta a las comunicaciones, los servicios, los espacios de ocio, la cultura, etc.

Por otra parte, y como prácticamente desde el principio se trata de emular a la City londinense, tratando de arrebatarle su trono de centro financiero de la UE aprovechando el Brexit. Construyendo para ello en una zona privilegiada de Madrid, un enorme complejo urbanístico basado en pisos, hoteles y comercios de lujo en una infraestructura que gozará de óptimas comunicaciones y espacios urbanísticos pensados para ricos, al margen de las necesidades de las clases populares de la ciudad que están necesitadas de empleos, viviendas sociales, mejores comunicaciones o infraestructuras culturales y de ocio dignas en los barrios populares.

Los últimos cambios que se hicieron sobre lo que era la Operación Chamartín, los que llevaron y decantaron la aprobación del Ayuntamiento de Madrid de Carmena, se limitaron a reducir determinados impactos de la operación sobre el volumen a edificar, se redujeron los índices de edificabilidad un 4,5% en las zonas residencias y un 5,8% para las no residenciales.

Sin embargo, las más de 10.510 viviendas, y los 1.611.835 m2 destinados a uso terciario (oficinas, comercios y hoteles) que van a quedar aprobadas dan margen más que suficiente para suponer un enorme pelotazo urbanístico para los promotores privados.

Por no señalar los metros cuadrados finales de la operación que alcanzan los 2.264.452 m2, cuatro veces más que lo que fue el origen de la Operación Chamartín inicial, al igual que la duplicación de viviendas respecto a las iniciales, puesto que se partía de 5.000. Aunque si se redujo sobre las 18.500 previstas en 2016, en la modificación anterior a la aprobación.

Es decir, que si no es el mismo proyecto se le parece bastante y, el cualquier caso, no se puede decir que haya habido perjuicios llamativos para el negocio especulativo inmobiliario.

Un enorme pelotazo urbanístico

Lo que no se han modificado son los aspectos esenciales de la operación que marcan a fuego el carácter especulativo de la operación y la venta a precio de saldo del suelo público, dado que toda la operación se desarrolla sobre suelo de ADIF Renfe y del propio Ayuntamiento que se ha cedido a BBVA y la Constructora San José para su beneficio privado.

Por ejemplo, no se ha modificado, transcurridos más de 25 años, el canon ridículo que pagarán el BBVA y San José por el conjunto de la operación, que supondrá apenas un coste el metro cuadrado de 769,5 € frente a los 1.500 € del precio actual de la zona, prácticamente el doble. Hay que tener en cuenta que se trata de una operación que se desarrolla en una de las mejores zonas de Madrid, con comunicaciones privilegiadas con accesos al aeropuerto o al futuro AVE, es decir con una potencialidad de crecimiento del precio del metro cuadrado enorme, sobre todo en función del enorme desarrollo de las inversiones de fondos especulativos como los buitres en viviendas, hoteles e inmuebles en general.

Tampoco se han modificado todas las posibilidades, que son enormes, de desviar costes de los promotores de la operación hacia lo público, tanto en el caso de que se produzcan indemnizaciones por las expropiaciones hacia los propietarios del suelo, que están pendientes de resoluciones judiciales por el cambio de carácter del uso suelo de uso público hacía la construcción de viviendas y negocios privados, como en el compromiso de construcción de determinadas infraestructuras en función de su coste final.

Las condiciones de pago tampoco se han modificado desde sus orígenes dado que van a ser muy favorables para los promotores puesto que podrán disponer de todo el terreno enajenado y por lo tanto, empezar ya a especular con el suelo desde el principio, mientras solo deberán abonar una cuantía ridícula de 210 millones, el 21% de su valor, pudiendo pagar el resto el cómodos plazos a liquidar el nada menos que 20 años a un interés fijo de un 3%.

En consecuencia, los cambios que se han producido no han reducido sustancialmente ni las ganancias y plusvalías que obtendrá el capital privado a costa de suelo público, ni las desigualdades del eje norte-sur de la ciudad, ni el diseño de una política urbanística en favor de grandes grupos económicos y financieros. Ahora continúa esa misma política neoliberal en perfecta armonía con el mandato de Manuela Carmena y Podemos que han impulsado esa orientación en favor de los más ricos desde el “Ayuntamiento del cambio” de Madrid.

El fracaso de las Políticas sociales de los Ayuntamientos del Cambio

Toda la política desarrollada por Manuela Carmena y Ahora Madrid en el área urbanística ha sido absolutamente decepcionante, como se demuestra en el caso de la Operación Chamartín, pero también en otras múltiples operaciones urbanísticas especulativas aprobadas durante estos cuatro años y que han sido continuidad de las aprobadas por los Gobiernos neoliberales del PP en su momento.

Incluso en este terreno de la política urbanística, el Ayuntamiento de Madrid de Carmena ha llegado a derruir nada menos que cinco edificios (Taller de Precisión de Artillería, Convento de las Damas Apostólicas del Sagrado Corazón, Colegio Mayor Hispano Mexicano, antigua fábrica de carruajes Hermanos Lamarca, etc.). Practicando de este modo un ataque sistemático y devastador al patrimonio histórico-artístico-cultural de la ciudad como no se recuerda en mucho tiempo y reduciendo gravemente la protección de ese patrimonio vital para una ciudad.

Por otra parte, la decepción y los incumplimientos del programa político que les llevaron al poder se ha extendido a otras áreas fundamentales en lo social, a lo largo de estos cuatro años, de lo que fue su programa reformista municipal que les llevó al Ayuntamiento de Madrid en 2015: política de vivienda social y finalización de los desahucios, remunicipalización de los servicios públicos, auditoría de la deuda, creación de empleo público, etc. De todo eso nada relevante se ha cumplido y la gestión política de Carmena no se ha diferenciado en nada reseñable de gestiones anteriores desarrolladas por los Gobiernos social-liberales del PSOE, por ejemplo.

Si bien las perspectivas electorales en el ámbito de la ciudad de Madrid son favorables para Manuela Carmena, tampoco está garantizada que su victoria implique la posibilidad de volver a gobernar la ciudad en función de los resultados del PSOE con quien tendrá que pactar un Gobierno de “izquierdas”. Y además esa posible victoria no implica que su gobierno genere grandes ilusiones, más bien es consecuencia de la polarización creada ante el temor de una posible victoria de la derecha más rancia con su agenda antifeminista, xenófoba y antisocial.

Las políticas absolutamente decepcionantes para las clases populares y la clase trabajadora desarrolladas desde Ahora Madrid, en el ámbito urbanístico y en todos los aspectos sociales, son una demostración más que la lucha política desde una óptica institucional, con un enfoque meramente reformista y sin ningún anclaje en la lucha de clases, como defienden Ahora Madrid y Podemos , resulta inviable y engañoso si de lo que se trata es atacar los grandes intereses económicos capitalistas para modificar la relación de fuerzas en favor de la clase trabajadora e imponer así un programa social auténticamente transformador.

Por eso, desde la CRT no llamamos al votar ninguna candidatura electoral que no trate de impulsar desde todos los ámbitos, incluidas las instituciones, la lucha de clases, la movilización y la participación directa de la clase trabajadora y las clases populares, con un programa independiente de los capitalistas.