La Salud en Emergencia. La Pampa: le arman causa a una enfermera para amedrentar a todo el personal de salud

Esta semana en General Pico la fiscalía a cargo de Armando Agüero le inició una causa penal a una enfermera del sector de salud mental del Hospital Centeno de esa ciudad. Se la acusa de haber enviado un audio de Whatsapp mediante el cual “habría dado a conocer una versión falsa” sobre el primer contagiado y el procedimiento utilizado en su atención.

Sin embargo hasta el momento el Poder Judicial no dio a conocer públicamente las “pruebas” que incriminarían a la trabajadora de la salud, quien fue demorada por unas horas y a quien se le secuestró su teléfono celular.

En diálogo con este medio, fuentes relacionadas al caso que han tomado contacto con las “pruebas” desmintieron categóricamente que en ese audio la enfermera haya hecho mención alguna a datos confidenciales de un paciente Covid-19 atendido en el hospital. Según las mismas fuentes, lo que sí habría expresado, sin falsedad alguna, es que el procedimiento de atención empleado en el centro de salud no es el adecuado. Algo que se corresponde con lo que vienen denunciando en La Pampa muchas y muchos profesionales médicos y de enfermería, sobre todo en cuanto a la la falta de insumos y equipamiento adecuado.

Sin perder tiempo, el Director del Hospital Centeno Esteban Vianello se puso del lado del Poder Judicial y el Gobierno y no del de la trabajadora. Sobre el caso expresó que “molesta que la persona involucrada en este hecho sea un profesional de la salud que trabaja en el hospital”. Y agregó que este tipo de acciones sólo generan “más miedos en las personas”. Temerario.

La causa judicial se da en el contexto de que el ministro de Salud de la Provincia Mario Kohan resolvió prohibir a todo el personal de la planta del Ministerio la divulgación por medios no formales de información vinculada al Covid-19, como así también al funcionamiento interno del sistema de salud, según resolución 875/20.

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Esta situación genera dudas y cuestionamientos, ya que no hay una respuesta oficial y pública del Ministerio de Salud, al tiempo que ninguno de los gremios que nuclean a las trabajadoras y los trabajadores de la salud han emitido opinión alguna sobre este grave hecho.

Pero “por abajo”, en murmullos en los pasillos de los centros de salud, no sólo prima el miedo hacia el contagio del coronavirus por no contar con insumos necesarios, sino también por las represalias judiciales que pueden darse si alguien se atreve a relatar las insuficientes respuestas de las autoridades para hacer frente a esta pandemia en una salud pública devastada desde hace años.

Abiertamente el Poder Judicial de La Pampa y el Ministerio de Salud quieren demostrar que no se debe divulgar información de ningún tipo. Utilizando el argumento falaz que se “viola confidencialidad de datos de pacientes”, en realidad buscan disciplinar al conjunto del personal de salud para que no se difunda la realidad de los hospitales, condiciones de trabajo, precarización laboral, insumos, etc.

Para la población este tipo de accionar genera dudas y preguntas respecto a si nos encontramos ante ocultamiento de datos o deficiencias del sistema sanitario que pone en riesgo no sólo al personal sino a todos y todas. Sabemos que quienes ponen el cuerpo son las trabajadoras y los trabajadores, a costa de sufrir contagios por falta de insumos o equipamiento adecuado. Así se está viendo en diversos puntos de nuestro país y del mundo.

A nivel nacional, desde que se decretó la cuarentena las detenciones y demoras alcanzan las 50.000 personas en todo el país. Además: abusos de autoridad, persecución y tortura de la Policía en los barrios populares. Autorizan al Ejército a realizar tareas “sociales” y arman causas judiciales por el patrullaje en redes.

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En una nota abierta dirigida al Gobernador Sergio Ziliotto, otra enfermera precarizada relata la angustia de ser “la cara invisible en salud” debido a encontrarse, ella y muchas trabajadoras y trabajadores, en condición de monotributistas u otros tipos de contrataciones que no garantizan los derechos elementales, exponiéndose en muchos casos a jornadas extenuantes de 16 horas.
La enfermera le ruega al Gobierno el pase a planta permanente para ella y sus compañeros. Esperemos que no resulte sancionada u despedida por atreverse a rogar por sus derechos.

La Agrupación Marrón de ATE (PTS e independientes), Corriente de Izquierda de Salud, expresó su rechazo “al amedrentamiento y persecución hacia los trabajadores de salud. Rechazamos el accionar represivo de las fuerzas de seguridad. La pandemia la enfrentamos con más recursos para salud, no con policía y gendarmes”.

“Exigimos que cada Centro de Salud u Hospital cuente con todos los insumos en cantidad y calidad necesarias de acuerdo a los sectores de atención. ¡Exigimos test masivos! Testeo obligatorio, preventivo y periódico a todo el personal hospitalario, que es el sector más expuesto al contagio. Que se testee (con resultados rápidos) a todo el personal que haya estado expuesto a un caso sospechoso sin la protección adecuada, o si la misma falló, como a aquellos trabajadores de salud que presenten síntomas, y se amplié a su entorno de trabajo. Igualmente para todas y todos los trabajadores que estén en funciones. Estamos a tiempo para identificar la ruta de contagios y aplicar aislamientos eficaces, no hay que esperar al pico de contagiados”

“La pandemia no distingue entre efectivos y contratados: reclamamos igualdad de medidas de seguridad para todos y todas. ¡Pase a planta permanente de precarizados ya! Nombramiento urgente de personal para reemplazar a trabajadores licenciados por patologías. Inserción laboral post residencia, con apertura de cargos de planta ya. Todos los derechos laborales para les residentes”.

“Que los sindicatos (ATE y Sitrasap) se pongan a la cabeza de impulsar los cuerpos de delegados en todos los hospitales, con la participación de todos los sectores de cada hospital (médicos, enfermeros, de limpieza, maestranza, residentes, administrativos, etc.), donde podamos fiscalizar, junto a la comunidad, el cumplimiento de las medidas adecuadas de seguridad, la provisión permanente de los insumos necesarios, el cuidado de nuestra salud y el abordaje de manera colectiva de todas las dificultades que surjan en la difícil tarea que nos espera”.

“La salud privada tiene que estar a disposición pública mientras dure la crisis centralizada desde el Estado junto con las y los trabajadores. Hay que tomar medidas extraordinarias, para una situación extraordinaria. Por todo esto repudiamos el accionar de la Justicia Pampeana, manifestamos nuestro apoyo y solidaridad con esta enfermera y al conjunto de las trabajadoras y trabajadores de salud”, finalizó en un comunicado La Marrón.