Tolerancia cero es equivalente a mayor represión. “La idea es que no haya más marchas”, dijo Mauro Palummo, subsecretario de Proyectos Especiales del municipio. y funcionario cercano a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
María Luz Santos Morón Abogada CeProDH // Integrante de la querella de Justicia Ya!
Martes 22 de marzo de 2016
La semana pasada, Julio Garro, anunció que enviará al Concejo Deliberante como uno de los primeros proyectos a tratar el que establece una versión local del protocolo “antipiquetes”. El creador de este proyecto es Mauro Palummo, quien manifestó en una entrevista que “No se va a poder cortar la calle ni quemar gomas. El protocolo establece que se le dan 5 minutos para que se vayan, en caso de que se nieguen se les dan 5 minutos más. Si no se retiraron se los sacará con la fuerza pública y eso incluye todo”.
Las palabras del funcionario del PRO son contundentes, no deja lugar a dudas ni interpretaciones, aún más que las pronunciadas por la propia ministra Patricia Bullrich. Estamos frente a un claro avance en la regimentación, cercenamiento y criminalización de la protesta social que aumenta el poder de las fuerzas de seguridad para reprimir y detener a quienes reclamen por sus derechos sin orden judicial. A lo que se suma, según las palabras del intendente de La Plata, la posibilidad de aplicar sanciones y multas a las organizaciones que formen parte de las manifestaciones.
Este proyecto es parte de un plan más amplio de “tolerancia cero” al que denominan “Nuevo Sistema de Seguridad y Control para la Ciudad – Objetivo: establecer un Nuevo Orden”. Este tipo de protocolos y proyectos son similares a los impuestos por Onganía y la última dictadura genocida que bajo el argumento de la reorganización y el restablecimiento del orden impusieron un brutal ataque al pueblo trabajador sobre sus condiciones de vida mediante la censura y la represión.
Además, el Subsecretario Palummo expresó “Si salen a la calle 10 mil personas, para sacarlos hay que hacer una masacre y no se puede”, y afirmó que inicialmente el protocolo se aplicaría para movilizaciones de menos de mil personas aunque la idea es que actuar “progresivamente” sobre cortes más masivos. “La idea es que no haya más marchas”, y agregó: “Para aplicarse el protocolo necesita de decisión política. En Capital, a Macri no le tiembla el pulso”. Claro! Como lo hizo en la represión en el Borda o en el desalojo del Indoamericano que actuó conjuntamente con el gobierno kirchnerista.
Recordemos que la capital bonaerense en los últimos meses ha sido escenario de numerosas manifestaciones de trabajadores estatales que salieron a las calles para frenar el ajuste y contra los despidos; en el caso de los trabajadores municipales que reclamaban por su reincorporación fueron reprimidos brutalmente por las fuerzas de seguridad de Garro y Vidal, y recientemente durante una protesta de trabajadoras y trabajadores de la educación la policía avanzo sobre los manifestantes con gas pimienta y una violenta represión.
Este proyecto de ordenanza otorgará mayor poder de fuego a la maldita policía bonaerense y local del gatillo fácil y cómplice del gran delito en la provincia. El ex gobernador Scioli, y el ex intendente Pablo Bruera se encargaron de colmar los barrios de la ciudad de efectivos policiales al servicio de reprimir a los sectores populares; hoy Cambiemos continúa el trabajo sucio para hacer pasar el ajuste, pretendiendo erradicar la lucha popular y los reclamos en las calles, con la bonaerense y la policía local como brazo ejecutor.
Desde el CeProDH rechazamos enérgicamente este proyecto que tiene el único objetivo de blindar el ajuste en curso e impedir manifestaciones contra los despidos, por el salario y contra el tarifazo. A su vez, reafirmamos que este protocolo es inconstitucional, porque detrás del argumento de garantizar la libre circulación se encubre el ataque a uno de los derechos más elementales como el derecho a protestar y manifestarse libremente, poniendo en riesgo hasta la integridad física de las personas y dejando a un lado los verdaderos motivos que dan origen a cada manifestación. Por lo tanto esta resolución está en abierta oposición a derechos y garantías constitucionales y a tratados internacionales de derechos humanos con rango constitucional.
Por último, el dirigente macrista refirió que la iniciativa también incluye la propuesta de equipar a la Policía Bonaerense y la Local con pistolas Taser, como lo hicieron con la metropolitana. Y agregó: “Hoy por no disparar el policía tiene que agarrarse a las trompadas y eso no puede pasar más”.
Frente a esta avanzada represiva de “mano dura”, a las organizaciones obreras, sociales, de derechos humanos y de la izquierda se nos impone realizar una amplia campaña por la derogación del protocolo y contra todo intento de reglamentación y aplicación a nivel local, este 23 de marzo en La Plata y el 24 de Marzo en Capital en el 40 aniversario de golpe genocida, tenemos que ser miles rechazando la represión y el ajuste del macrismo, repudiando todo intento de cercenar la libertad de expresión, y contra la criminalización de la protesta.
