El miércoles 26 de agosto se realizará una movilización, con los recaudos sanitarios pertinentes, para denunciar la escalada represiva por parte del Estado, tanto nacional como provincial, en este último caso de la mano del carapintada Sergio Berni.
Martes 25 de agosto de 2020 12:54
La política represiva, hoy profundizada, viene desarrollándose en todos los gobiernos desde el fin de la dictadura genocida, concentrando miles de casos de personas asesinadas por las fuerzas represivas del Estado durante los gobiernos kirchneristas y el macrista.
Si bien el presidente Alberto Fernández y la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic buscan mostrarse como “palomas” frente a los “halcones” de la policía bonaerense comandada por el gobernador Axel Kicillof, y el ministro de seguridad teniente coronel Sergio Berni, en un intento de desligarse de toda responsabilidad, es claro que se trata de una política Estado.
Desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio la política del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales, con el de Buenos Aires a la cabeza, apuntó a reforzar el rol de las fuerzas represivas del Estado, buscando limpiar su imagen, en un vano intento de integrarlas socialmente a través de tareas de ayuda comunitaria. Pero en los barrios las y los trabajadores y la juventud saben cuál es su función, porque la criminalización y las balas tienen un claro componente de clase.
Evidencia de esto son los casos que abundan en esta cuarentena de gatillo fácil, detenciones arbitrarias, violencia sexual, persecución a los y las trabajadores inmigrantes y de venta ambulante, crímenes de odio con componentes racistas y discriminatorios, “suicidios” armados y torturas en comisarías, represión y muerte en las cárceles, en el marco de una crisis socio económica que viene de antaño y se agudizó aún más con la pandemia.
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Hoy el punto máximo de esta escalada represiva es la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro en manos de la maldita policía bonaerense. Acompañada con prácticas ya conocidas, enmantadas de impunidad con elementos como encubrimientos de parte del poder judicial, bloqueo de investigación, desvíos, amenazas y aprietes a testigos y abogados, claros elementos del delito de desaparición forzada que siempre implica la responsabilidad del Estado.
En este sentido, aún resuenan los emblemáticos casos de Andrés Nuñez, Miguel Bru, Iván Torres, Luciano Arruga, Jorge Julio López, Santiago Maldonado y Luis Espinoza, entre tantos otros desaparecidos en democracia.
Desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, exigimos que paguen los responsables políticos, seamos miles el miércoles gritando en la ciudad de La Plata:
Desde el CeProDH, junto a un conjunto de organizaciones de derechos humanos, partidos políticos, colectivos y agrupaciones, convocamos a concentrarnos a las 12hs en la esquina de 7 y 50.
