LESA HUMANIDAD // CAUSA FT5. La Plata: ocho represores de la Marina y Prefectura condenados como coautores del genocidio

Ayer en horas de la noche se dio a conocer el veredicto del juicio conocido como Fuerza de tareas 5, el Tribunal oral Federal N° 1 de La plata El Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata condenó a cinco ex jefes de la Armada y a otros tres ex altos mandos de Prefectura con penas de entre 25 años de cárcel y prisión perpetua por considerarlos coautores del delito internacional de genocidio perpetrado durante la última dictadura cívico militar, contra obreros y obreras del cordón industrial de Berisso, Ensenada y La Plata. Este fallo tiene una gran relevancia porque además de reconocerse que existió un plan sistemático de exterminio se determinó certeramente que los imputados son coautores de este terrible delito cometido desde el propio aparato del Estado.

El planteo en soledad que la querella de Justicia Ya hizo allá por el año 2006, y su recepción parcial en el fallo contra Miguel Etchecolatz, implicó un punto de inflexión. La sentencia de ayer tomó el reclamo incesante que los sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos independientes del Estado y del gobierno vienen haciendo, y haber logrado que los genocidas sean castigados y nombrados por su nombre es producto de la batalla incansable que se viene dando tanto ante los tribunales como, y fundamentalmente, en las calles.

Durante los alegatos esta querella manifestó que las torturas, las desapariciones, los abusos sexuales, las apropiaciones de niños y los asesinatos fueron funcionales al genocidio. Estos delitos cometidos por los integrantes de la Fuerza de Tareas 5, tuvieron como objeto central el eliminar a los trabajadores que lucharon y se organizaron por mejores condiciones laborales, enfrentando a los patrones y responsables de las empresas, al mismo tiempo que a la burocracia sindical. La otredad enemiga a aniquilar para los genocidas de estos Centros Clandestinos de Detención y Exterminio fueron obreros y obreras del Frigorífico Swift, del Astillero Río Santiago, YPF, Propulsora Siderúrgica, todos ellos activistas gremiales, delegados de base, militantes populares, de organizaciones políticas, que de alguna u otra manera expresaban un gran compromiso social. Este grupo de trabajadores organizados eran el obstáculo para el afianzamiento y la consolidación del sistema político, económico, social y cultural de las clases dominantes, por lo que se constituyeron en el grupo nacional a eliminar mediante el plan genocida.

Al respecto, el testigo José Montes trabajador del ARS y dirigente del PTS durante el debate había manifestado: “Los padecimientos de los trabajadores comenzaron desde el primer día del golpe, que hacían horas de cola para entrar a trabajar y si estaban en la lista los infantes de marina los encapuchaban y los tiraban como bolsas de papa a los camiones, delante de todos sus compañeros” y agregó “no se puede entender tanta saña con los trabajadores si no hacemos un poco de historia”. Los trabajadores de la zona venían protagonizando diferentes procesos de lucha como la pelea por la Ley 14.250 de convenio colectivo de trabajo, las jornadas de movilización conocidas como Rodrigazo, que lograron la caída de López Rega y Celestino Rodrigo durante el gobierno de Isabel Perón, la conformación de la Coordinadora de Zona Sur, donde los delegados y referentes sindicales de este cordón industrial se organizaban de manera democrática para enfrentar los ataques y luchar por sus reivindicaciones.

A su vez, el tribunal ordenó a Astilleros Río Santiago “mantener” el pago del salario sin obligación de cumplir horario a los trabajadores que fueron víctimas del accionar de los genocidas condenados y al Estado a generar las condiciones para que puedan acceder a una jubilación cuando lleguen a la edad correspondiente haciéndose cargo del reintegro de los aportes.

A lo largo del debate surgieron numerosos testimonios de familiares y víctimas que refirieron sobre la participación de sectores civiles en el plan genocida, por lo que se remitió a primera instancia los testimonios con el objetivo de que se investigue la participación de empresarios y directivos de Swift, Astilleros, YPF y Propulsora Siderúrgica (grupo Techint), así como la participación de la burocracia sindical. Entre los dirigentes sindicales más nombrados durante las audiencias por los trabajadores de ARS como uno de los entregadores y cómplices del accionar represivo fue Juan Carlos Marín, Secretario General de ATE Ensenada durante la dictadura, quien actualmente continúa en funciones dentro del gremio.

El ex comandante de Operaciones Navales Antonio Vañek y el ex comandantes del FT 5 y director del Liceo Naval Juan Carlos Herzberg, así como los ex prefectos Carlos Schaller, Luis Rocca y Eduardo Meza –los dos primeros ex jefes, el tercero ex oficial de Prefectura Naval zona Río de la Plata– recibieron condenas a 25 años de prisión. El ex jefe de Operaciones e Inteligencia del Batallón de Infantería de Marina número 3 (BIM3) Roberto Guitian, el ex comandantes de la Fuerza de Tareas número 5 Jorge Errecaborde y el ex comandante del BIM3 José Fernández Carró fueron condenados a prisión perpetua. Estas condenas fueron por mayoría mientras el juez Germán Castelli voto en disidencia.

Además el tribunal, por mayoría de los jueces Álvarez y Rozansky, revocó las prisiones domiciliarias de todos los condenados que gozaban de dicho beneficio, un importante paso en el reclamo de cárcel común y efectiva. Hay que resaltar que este juicio trascurrió con siete de los ocho imputados tranquilos en su casa, alegando en varias oportunidades problemas de salud leves a último momento para no presentarse en las audiencias.

Pero hay que decirlo… A pesar de haber logrado desde la querella de Justicia Ya la ampliación de la acusación por más de 10 casos, muchos trabajadores que fueron víctimas de los crímenes cometidos por la Fuerza de Tareas 5 no fueron incluidos en este juicio y solo un puñado de genocidas fueron juzgados cuando fueron decenas los que participaron del genocidio, todo esto es producto del retardo y la fragmentación de las causas, y la falta de apertura de los archivos del estado de aquella época.

Fue un fallo histórico, el cierre de un juicio oral que duró más de tres meses donde por primera vez en La Plata la mayoría de los casos eran obreros luchadores y combativos, donde quedó en evidencia que el genocidio vino a intentar aniquilar a los sectores combativos de la clase obrera. Es decir, no fueron crímenes de lesa humanidad contra la población de manera indiscriminada sino que tenían objetivos concretos.

Al terminar la lectura de la sentencia la sala llena aplaudió y recordó a Jorge Julio López, Silvia Suppo, Adriana Calvo, a todos los luchadores perseguidos por el gobierno kirchnerista y a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Porque todo esto es muy importante para continuar luchando contra la impunidad de ayer y de hoy.