El Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de La Plata, avaló que la imagen de la Virgen de Lujan continúe en el hall de la Legislatura Bonaerense.
Jueves 4 de agosto de 2016
En el año 2010 la Cámara de Diputados bonaerense dictó una Resolución por medio de la cual dispuso la entronización y exhibición permanente de la imagen de la Virgen de Luján en el Hall del Palacio Legislativo cito en calle 53 entre 7 y 8 de la Ciudad de la Plata.
Esta Resolución fue impugnada por parte de la Asociación por los Derechos Civiles, argumentando que la exposición de un símbolo del catolicismo viola el principio de neutralidad religiosa del Estado, el de igualdad y el de no discriminación respecto al ejercicio del derecho a la libertad de conciencia.
El planteo de la asociación civil, radica en que los edificios estatales no deberían ostentar ninguna preferencia o privilegio de unas religiones por sobre las otras, ya que estos son espacios públicos donde concurren a diario empleados y ciudadanos de diversos credos o religiones.
El Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de La Plata desestimó la pretensión de la Asociación por los Derechos Civiles, y avaló que la Virgen de Luján continúe exhibida en el Hall de la Cámara de Diputados, argumentando que el acto que se pretende anular no tiene ninguna irregularidad y que el símbolo de la Virgen “se ha convertido en una imagen emblemática que convoca las mayores manifestaciones de fe en la República Argentina” Y que “actualmente es considerada uno de los símbolos de la cultura del país independientemente de la profesión religiosa“.
Separación de la Iglesia y el Estado
Lo cierto es que en nuestro país no existe una separación entre la iglesia y el Estado e históricamente se sostiene la preferencia hacia la religión católica. La Constitución Nacional establece en su art. 2 que “el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano” aunque al mismo tiempo, en el art. 14 reconoce a toda persona la libertad de profesar libremente el culto.
El Estado es el sostén económico de la iglesia católica, sigue vigente la Ley de la dictadura 21.950 que dispone que sea el Estado quien pague los sueldos de $ 32.000 a los Obispos. Además la institución cuenta con un presupuesto anual de $ 134 millones, aprobado tanto por Cambiemos como por el Frente para la Victoria, tiene fuerte injerencia en la educación, siendo incluso obligatoria en escuelas públicas en varias provincias, se ve exenta de pagar ganancias, ingresos brutos, entre otros beneficios, cuenta con inmuebles públicos que los distintos gobiernos le fueron cediendo a lo largo de los años, y como se expresa en el fallo, continuarán sus símbolos en los edificios públicos.
