La División de Inteligencia Antiterrorista de Córdoba reconoció que realizará espionaje sobre ciudadanos en función de sus ideas y opiniones políticas.
Miércoles 29 de noviembre de 2017
En marzo pasado, el Gobierno de Córdoba creó la División de Inteligencia Antiterrorista, cuya misión sería “la lucha contra el terrorismo y para ello, se abordarán y conocerán todas las problemáticas y necesidades que tienen las distintas comunidades que habitan nuestra provincia”.
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Meses después de su creación, la DIA sumó un “área de Perfilación” y capacitó a su personal en la materia para recabar información a través de entrevistas socioambientales, redes sociales e interacciones informáticas.
Según relata el diario La Voz del Interior, la DIA utilizó esta técnica en el arresto de un habitante de Alta Gracia que tenía un importante volumen de artículos con simbología nazi. El hombre “era una persona ermitaña, que no tenía diálogo con nadie” y que escuchaba “música que probablemente provenía de Alemania o de Rusia”. Al parecer fue este “perfil sospechoso” lo que habilitó el allanamiento del domicilio, no el hecho de que el hombre tuviera una veleta con forma de esvástica en el techo.
Pero en este momento, los “perfiles” que importan al parecer son muy distintos. Guillermo Bruna, jefe de la división, dijo a La Voz del Interior que están analizando la actividad de grupos anarquistas “como los que actuaron en la marcha contra el gatillo fácil en agosto y de aquellos simpatizantes de acciones extremistas vinculadas al conflicto mapuche”, aunque aclaró que “no hay indicios de que en Córdoba exista actividad relacionada al grupo de Resistencia Ancestral Mapuche (RAM)”.
De acuerdo al subcomisario, “perfilación es entender y ver los riesgos que puede representar una persona a través de manifestaciones que haya hecho públicas, en redes sociales, por conductas que los mismos vecinos manifiestan”. Esto sin dudas convertiría a quienes alguna vez hayan compartido la canción A desalambrar, de Daniel Vigietti, o Anarchy in th UK, de los Sex Pistols, en anarquistas radicalizados y pasibles de ser detenidos como “riesgo potencial”.
Un discurso repetido
Este año ya escuchamos a las fuerzas represivas y a los medios hegemónicos de comunicación cordobeses hablar de terrorismo ligado a la lucha del pueblo mapuche. El 31 de agosto, luego de una movilización contra el gatillo fácil y un día antes de la primera gran marcha por Santiago Maldonado, el fiscal Gustavo Dalma ordenó allanar 15 locales partidarios, sociales y culturales, además de casas particulares, para “identificar a los encapuchados que provocaron destrozos en edificios del centro de la ciudad de Córdoba”. El gobierno provincial se adelantaba a lo que sucedería en Capital Federal el 1 de septiembre, cuando 31 personas fueron detenidas en una verdadera cacería luego de la masiva movilización que exigía la aparición con vida de Santiago.
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Días después, acompañando la escalada discursiva a nivel nacional, circuló la versión de que se había detectado una “célula anarquista” en Córdoba, ya que en los allanamientos se habían encontrado “unas remeras negras de Black Block con las ’BB’ impresas”. Se alertaba también de un posible ataque al premier israelí Benjamín Netanyahu, quien ni siquiera iba a pasar por la provincia. Lo cierto es que no hay hasta el momento indicios de que los elementos secuestrados por Dalma tengan alguna relación con actos terroristas de ningún tipo. Difícilmente puedan considerarse como tales agrupaciones que sólo guardan bombos, afiches y cajas de leche en sus locales.
Pedido de repudio
Laura Vilches, legisladora del PTS en el Frente de Izquierda, presentó en la Legislatura un proyecto de repudio “a las actividades de espionaje interno, sin pruebas ni fundamentos que sostengan ese accionar, realizadas sobre la población de la provincia, por parte de la División de Inteligencia Antiterrorista”. También se exhorta “a terminar con todo tipo de actividad que incluya la criminalización y persecución de la protesta social”.
Consultada sobre el tema, Vilches expresó: “Claramente nos encontramos con un espionaje total del Estado provincial sobre ciudadanos en función de sus ideas y opiniones políticas, lo cual está prohibido por numerosas leyes. Por eso no han respondido nuestros pedidos de informes sobre la actividad que desarrolla la División de Inteligencia Antiterrorista. Recordemos además que es una verdadera tradición de las clases dominantes el etiquetar como terroristas a quienes se organizan para la defensa de sus derechos. Todas aquellas fuerzas políticas que se reclaman democráticas deben rechazar estas prácticas, se está creando un aparato oculto para ser usado como fuerza represiva contra los trabajadores y el pueblo”.
Por su parte, Javier Musso, dirigente del PTS, recordó la denuncia realizada en el año 2011 por la abogada Myriam Bregman, hoy diputada electa de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el Proyecto X: “En ese momento, Myriam decía que cada fuerza represiva tiene su Proyecto X: sistemas de espionaje ilegal, utilizados para perseguir y criminalizar a las organizaciones gremiales, políticas y sociales. Este anuncio lo demuestra con toda claridad. Desde el PTS seguiremos organizándonos y luchando contra la represión al pueblo mapuche y para que haya justicia por Santiago y Rafael”.
El gobierno de Cordoba siempre un paso al frente. Mientras Bullrich y los medios estan creando el enemigo interno de "la RAM" Schiaretti ya tiene una división para combatirlos. Los sospechosos son pibes que hacen pintadas en las marchashttps://t.co/VehvGvBbbA
— Javier Musso (@musso_javier) 28 de noviembre de 2017
